La instrucción salió desde Palacio Nacional como una “prioridad” en estos momentos para el presidente López Obrador: la estructura nacional de los programas sociales del gobierno federal, tal y como ocurrió con las pasadas elecciones, tiene ahora que movilizarse para la promoción y el éxito de la próxima Consulta Popular para Enjuiciar a los Expresidentes que tendrá lugar el 1 de agosto.
Para ello, se ha diseñado un “plan de movilización” a nivel nacional para garantizar la afluencia de participantes en las mesas receptoras, que es operado directamente desde la oficina del nuevo Coordinador General de Programas para el Desarrollo, Carlos Torres Rosas.
Se les solicita a los alcaldes que, “por instrucciones del Presidente” comiencen a organizar una “movilización” de personas con miras a que participen en la próxima Consulta Popular, a fin de garantizar un “afluencia importante”.
Alcaldes que han sido llamados a esos encuentros con los coordinadores de programas federales en sus estados, dijeron a esta columna que a cada municipio le están poniendo una “cuota mínima” de participantes para la consulta, que en algunos casos es de 300 mil. Para ello les piden centrarse en los padrones de beneficiarios de los Programas del Bienestar del Gobierno federal y promover directamente la participación de quienes reciben sus apoyos económicos y becas.
El objetivo, según lo que les piden los superdelegados a los alcaldes, es “alentar la participación” en este ejercicio histórico, que como no ha despertado suficiente interés de la ciudadanía, el Presidente no puede arriesgarse a que resulte un fracaso para su Gobierno. Y a pesar de la intensa promoción que se organiza desde el Gobierno y desde las redes sociales y grupos afines a la 4T, la realidad es que en la boleta que cruzarán ese domingo los mexicanos, nunca aparecen ni los nombres ni los actos, ilegalidades o delitos cometidos por esos exgobernantes.
Las críticas al costo de la misma, 528 millones de pesos, tienen que ver no tanto con el ejercicio de participación ciudadana, sino con la trascendencia y practicidad de la pregunta que finalmente se planteará a los ciudadanos. Porque una cosa es lo que el Presidente ofreció desde que estaba en campaña y ahora promueven sus seguidores, la posibilidad de un juicio histórico a los expresidentes de México y otra muy distinta lo que resultará de la pregunta concreta que se hará el 1 de agosto.
La primera es algo político e ideológico que funciona bien como distractor y como demagogia para quienes quieren creer la imagen onírica de que verán a Peña Nieto o a Salinas tras las rejas si salen a expresar su opinión y la segunda es una respuesta a una pregunta cuyos alcances reales ni siquiera pueden aún definir los mismos ministros que la propusieron y redactaron, como el ministro presidente Arturo Zaldívar.
Así que nadie se llame a engañado ni mucho menos a sorprendido. Si la consulta sale bien y votan varios millones de personas (aun cuando difícilmente se llegue a la meta de 37.2 millones) entonces será un éxito político de la 4T; pero si sale mal entonces el fracaso será culpa del INE porque no quería organizar la consulta.
Alcanzar la meta de más de 37 millones de personas para un resultado vinculatorio, parece imposible, pero en la cantidad de personas que sean “movilizadas” desde el gobierno -“acarreadas” se diría en realidad- se volverá a medir la efectividad de la estructura lopezobradorista de programas sociales.
Carlos Torres Rosas tiene la encomienda de sacar a participar -“acarrear” se diría también- a los beneficiarios del Bienestar. ¿Será que la maquinaria del acarreo gubernamental que están activando con los alcaldes morenistas y aliados les dé para tanto?
En todo caso ahí está otro tema en el que López Obrador no es para nada distinto a sus antecesores… Los dados mandan Escalera doble para la salud. Gracias a todos los amables lectores y amigos que se preocuparon por nuestra salud. Subimos.
