MEXICALI, B.C. (apro).- Jaime Bonilla inició su administración ampliando su periodo de 2 años a cinco, con lo que violó la Constitución, según determinó la Suprema Corte pues fue votado por dos años; hoy, a tres meses de concluir su gobierno intenta pasar de 6 a nueve años el periodo del Fiscal General del Estado, Guillermo Ruiz.
De acuerdo a la iniciativa, que el pasado 12 de julio envió al Congreso local, misma que está firmada por Bonilla y su secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, se establece en su artículo tercero que el fiscal, Guillermo Ruiz, permanecerá en el cargo por nueve años, es decir, hasta el año 2028, en caso de ser aprobada.
Guillermo Ruiz fue votado para ocupar el cargo por seis años; hoy, de avalarse la propuesta del gobernador Bonilla, su plazo se prorrogaría por tres años más.
En su argumentación, el gobernador y el secretario general admiten que el problema de inseguridad en el estado es grave:
“Durante los últimos años el problema de seguridad pública se ha convertido en la principal preocupación de los bajacalifornianos. Por lo que el incremento en la incidencia delictiva en general, ha dañado la percepción que tienen los ciudadanos sobre la seguridad en sus ciudades, colonias y comunidades dañando la convivencia cotidiana, siendo responsabilidad del estado realizar acciones contundentes que den certeza y seguridad a la población, fortaleciendo a las instituciones de procuración de justicia que con las instancias responsables de salvaguardar la seguridad de las personas en nuestro estado”.
Y más, en el séptimo punto establece que: “la presente reforma se considera necesaria para fortalecer la organización, funcionamiento y ejercicio de la Fiscalía General del Estado, esto es, fortalecer el Ministerio Púbico y sus auxiliares como son la policía de investigación y los servicios periciales, con una visión que p ermita la continuidad de las estrategias, programas y proyectos enforcados al fortalecimiento de la operatividad de los cuerpos policiales, combate a la delincuencia y respeto a los derechos humanos, y de esta manera efectuar los cambios profundos que el estado de Baja California y sus ciudadanos requieren en materia de procuración de justicia”.
La reforma se estaría votando el miércoles 28 de julio. La actual legislatura concluye el 31 de julio.
