El próximo 1 de agosto se realizará la consulta popular para juzgar a exfuncionarios públicos y una encuesta que realizó El Universal reveló que el 89.2 por ciento de la población quiere que se enjuicie a expresidentes.
El 90.9 por ciento dijo que Carlos Salinas de Gortari debería ser investigado y enjuiciado; el 87 por ciento opinó lo mismo de Ernesto Zedillo. Además, el 88 por ciento señaló que Vicente Fox debería rendir cuentas ante las instituciones de procuración de justicia; el 89.2 por ciento coincidió con que Felipe Calderón tiene que ser juzgado; el 89.8 por ciento quiere que Enrique Peña Nieto sea sometido a un juicio penal.
En la encuesta también se preguntó si Andrés Manuel López Obrador tendría que ser investigado y enjuiciado, el 72.4 por ciento dijo que sí.
Aunado a ello, el 89.9 por ciento quiere que se investigue y juzgue a gobernadores; el 89.7 por ciento a presidentes municipales; el 88.7 por ciento a secretarios de Estado; el 88.2 por ciento a senadores y 88 por ciento a diputados.
¿Es importante realizar la consulta?
El jefe del Ejecutivo fue quien propuso que se realizara la consulta popular y en varias conferencias de prensa matutinas ha reiterado la importancia de que se difunda para que la ciudadanía participe. Para que el ejercicio democrático sea vinculatorio, es decir que tenga efectos penales, debe participar el 40 por ciento de las personas que están en la lista nominal de electores.
En este sentido, el 43.4 por ciento de los mexicanos opinó que es muy importante participar en la consulta; para el 21.6 por ciento es algo importante y 20.9 por ciento consideró que no es nada importante.
Asimismo, 59 por ciento expresó que no es necesario realizar una consulta popular para llevar a juicio a exfuncionarios y sólo 38.5 por ciento consideró que sí es importante realizarla.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la consulta el año pasado, pero decidió modificar la pregunta y eliminó los nombres de los expresidentes. Por lo que aparecerá de la siguiente manera en las boletas: «¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?».
El 70.9 por ciento de los encuestados comentó que entiende la pregunta y 28.6 por ciento respondió que no.
