CIUDAD DE MÉXICO (proceso).-“Todos nos sentimos espiados”, declaró el presidente Enrique Peña Nieto aquel 22 de junio de 2017, cuatro días después de darse a conocer que su gobierno había tratado de intervenir los teléfonos de periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos con el programa Pegasus, desarrollado por la empresa de origen israelí NSO Group.
“Nada más falso que eso”, insistió el priista durante una gira en Jalisco, y añadió que “ninguna de las personas que se siente agraviada puede afirmar o mostrar o evidenciar siquiera que su vida se haya visto afectada, lastimada por esas supuestas intervenciones y ese supuesto espionaje”.
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Ese día, al igual que ante todos los innumerables escándalos de corrupción que caracterizaron su sexenio, Peña Nieto mintió: de la mano con Miguel Ángel Osorio Chong, entonces titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), de Tomás Zerón de Lucio, en la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y de Salvador Cienfuegos Zepeda, titular la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el mexiquense convirtió su sexenio en un régimen de cibervigilancia ilegal masiva.
En octubre de 2017, Osorio Chong –ahora senador por el PRI– compareció ante la Cámara de Diputados y sostuvo, firme, que “el Cisen, bajo mi responsabilidad no tenía este protocolo, este programa Pegasus, nosotros no lo adquirimos”, lo cual también era una mentira.
Más de 50 mil datos telefónicos de clientes de NSO Group obtenidos por Forbidden Stories y el Security Lab de Amnistía Internacional y compartidos con los 17 medios que participaron en la investigación Pegasus Project –entre ellos Proceso–, muestran cómo el gobierno de Peña Nieto fue, al parecer, el mayor cliente de NSO Group en el mundo, con más de 15 mil personas atacadas en apenas un año y medio, al ritmo promedio de 33 ataques al día, cifra varias veces mayor al de los regímenes autoritarios de otros países como Arabia Saudita, Marruecos o Azerbaiyán, también clientes de la empresa israelí.
Miles de personas espiadas tienen un perfil que podría sugerir su pertenencia a grupos criminales; sin embargo, el gobierno de Peña Nieto –específicamente el Centro de Investigación en Seguridad Nacional (Cisen)– utilizó Pegasus para espiar masivamente a periodistas –seis de ellos trabajaban entonces en Proceso— defensores de derechos humanos, sindicalistas, gobernadores, líderes religiosos, académicos, médicos, militares y más de 700 políticos y sus familiares, casi todos de partidos de oposición.
El mandatario desvió enormes recursos públicos para fines particulares. Tan solo del escaso número de contratos que la prensa ha dado a conocer desde 2012, se sabe que el Estado mexicano ha gastado más de 6 mil 405 millones de pesos y 33 millones 129 mil dólares en Pegasus, pero el costo total fue muchísimo mayor, pues la PGR, el Cisen y la Sedena nunca han transparentado los contratos, especialmente los últimos dos.
Varias fuentes que han operado el programa en el gobierno sostienen que se necesitan decenas de agentes especializados y horas de trabajo para detectar los datos valiosos y separarlos de la enorme cantidad de elementos inútiles que se encuentran entre los gigabytes de información extraída mediante Pegasus.
Alfonso Navarrete Prida, quien fue nombrado al frente de la Segob después de la salida de Osorio Chong, a principios de 2018, dice a Proceso que, cuando asumió el cargo, ya no quedaba ninguna huella de Pegasus, ni en computadoras ni en ningún área del Cisen.
“Lo que puedo afirmar con claridad es que no estaba, no existía un sistema Pegasus, no estaba operando un sistema Pegasus, yo instruí que no se renovara licencia alguna llamada Pegasus o de cualquier sistema donde pudiera estar o existiera un área que no tuviera un sustento en que si iba a intervenir en la vida privada de alguien tuviera que pasar por autorización judicial, es decir, tenía que estar en el marco de la ley”, sostiene.
Asevera que le interesaba conocer más sobre Pegasus, porque a los pocos días de la publicación del informe Gobierno Espía, el cual revelaba cómo el gobierno de Peña Nieto abusó del spyware para intervenir los teléfonos de periodistas y defensores de derechos humanos, la revista Eje Central publicó una columna en la cual afirmaba que Navarrete Prida había sido blanco de espionaje por parte del Cisen mientras era secretario de Trabajo y Previsión Social.
El exfuncionario sostiene, como defensa, que durante su breve labor al frente de la Segob se dedicó a tiempo completo a la organización del proceso electoral de 2018, y después de las elecciones concentró su atención en la transición y a la caravana formada por más de siete mil migrantes hondureños que atravesaba el país para llegar a la frontera con Estado Unidos.
– En mi administración no hubo espionaje político, afirma.
– ¿En su administración nada más?, se le pregunta.
– Sí, eso es lo que yo puedo afirmar.
– ¿Y de la gestión anterior?, se le insiste, en referencia al periodo de Osorio Chong.
Suelta una respuesta elusiva, pero cargada de sentido: “De gestiones anteriores no puedo opinar porque no las conocí, y el respeto a la gestión ajena es la paz”.
Espía por esencia
La obsesión de Peña Nieto y de sus cercanos por el espionaje no empezó con su llegada a Los Pinos, la cual marcó el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República, después de 12 años de alternancia panista. Cuando era gobernador del Estado de México, Peña Nieto armó un centro de espionaje para recolectar información sobre todas las personas que podían representar un obstáculo en su camino hacia el poder presidencial, sin importar el partido en el que militaba.
Fue, de hecho, un priista quien lo denunció formalmente: en junio de 2008, el sonorense Manlio Fabio Beltrones, potencial candidato para competir en las elecciones presidenciales de 2012 bajo la bandera del PRI –y entonces rival de Peña Nieto–, se enteró que el mexiquense lo espiaba e interpuso una denuncia ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
En noviembre de 2008, las autoridades catearon dos casas en Naucalpan, Estado de México, donde encontraron transcripciones de llamadas telefónicas de Beltrones, pero también de Andrés Manuel López Obrador, del entonces jefe de gobierno capitalino Marcelo Ebrard, del entonces senador Ricardo Monreal –estos tres últimos, del PRD–, así como de los senadores Jesús Murillo Karam (PRI), Santiago Creel (PAN) o los influyentes priístas Beatriz Paredes, Humberto Moreira y Fidel Herrera.
Y no solo esto: también se encontraban Angélica Rivera Hurtado, entonces novia de Peña Nieto, y Mariagna Prats Donovan, quien en aquel entonces estaba casada con Ebrard.
La investigación de la PGR, detonada por la denuncia de Beltrones, determinó que un exagente del Cisen, Luis Miguel Dena Escalera, era dueño de la empresa que llevó a cabo el espionaje para Peña Nieto, en el cual también participaron otros exagentes de la agencia de espionaje y un exmilitar israelí, Yosef Shevah Porat, Yosi, especialista en antiterrorismo y exjefe de escoltas del exprimer ministro israelí Benjamin Netanyahu.
Un año después del cateo, en 2009, la fiscalía mexiquense, entonces a cargo de Alberto Bazbaz Sacal –un abogado vinculado a los hermanos Salinas de Gortari–, compró a la empresa italiana Hacking Team su sistema de espionaje de celulares Remote Control Systems, y lo compartió con la controvertida agencia de seguridad pública – privada Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem).
De hecho, el gobierno mexiquense de Peña Nieto fue el segundo cliente más importante de Hacking Team, detrás del Cisen: su gobierno compró la solución por más de 400 mil euros, equivalentes a 80 millones de pesos, según revelaron los correos electrónicos de la empresa italiana, filtrados por la plataforma Wikipedia en 2015.
En aquel entonces, el oscuro Tomás Zerón de Lucío era titular del área de inteligencia en la fiscalía mexiquense. El hombre se hizo amigo de Samuel Avishay Neriya, quien fue socio en México y Panamá de Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama en la empresa B.SD Security Systems.
Ansbacher fue, durante el sexenio de Peña Nieto, representante de Pegasus y de otros insumos de seguridad de empresas israelíes en el país. Estuvo vinculado a una amplia red de al menos 30 empresas que se encuentran bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la Fiscalía General de la República (FGR).
Al igual que Ansbacher, Zerón se encuentra actualmente en Israel, en condición de prófugo de la justicia mexicana. Es buscado por los delitos de desaparición forzada y tortura –por su papel en la investigación sobre el caso Ayotzinapa– y por malversar mil 102 millones de pesos en la PGR; en diciembre pasado, Proceso reveló que el hombre pudo entrar a Israel en plena pandemia de covid-19 gracias a sus vínculos con Avishay. En 2014, Peña Nieto nombró Avishay cónsul honorario de México en Haifa, Israel.
Cibervigilancia masiva
Tras la llegada de Peña Nieto a la Presidencia de la República y de Osorio Chong a la Secretaría de Gobernación (Segob), se reacomodaron las piezas del espionaje gubernamental.
En lugar del grupo de Genaro García Luna, el otrora “superpolicía” de Felipe Calderón Hinojosa –ahora enjuiciado en Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa–, Peña Nieto colocó a Murillo Karam en la PGR, a Tomás Zerón de Lucio en la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y a Alberto Bazbaz Sacal en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Osorio Chong, por su parte, nombró a Eugenio Imaz Gispert, su exjefe de Gobierno en Hidalgo, al frente del Cisen.
Imaz era, al origen, un antropólogo con ideas de izquierda. Su hermano Carlos fue líder del PRD y estuvo casado 30 años con Claudia Sheinbaum Pardo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Trabajó durante años para los gobiernos de Murillo Karam y de Osorio Chong, en Hidalgo, y cuando ése dejó la gubernatura, Imaz aseveró: “Vamos a trabajar con Miguel Osorio muchos años y en muchos proyectos, al menos hasta que él nos aguante y se pueda”.
El cambio en la administración federal también redistribuyó las cartas en el mercado interno del espionaje. Dos de los principales proveedores del gobierno de Felipe Calderón en tecnología y material israelí, José Susumo Azano, –quien había vendido Pegasus a la Sedena en 2011–, y Samuel Weinberg –socio de García Luna–, se retiraron, y dejaron el espacio a Ansbacher y Avishay.
En octubre de 2014, Zerón compró a la empresa Grupo Tech Bull –filial de Balam Seguridad Privada, propiedad de un joven empresario israeli y su socio mexicano, cercano al grupo de Emilio Gamboa Patrón– el sistema Pegasus por 32 millones de dólares.
El paquete que adquirió Zerón permitía tener intervenidos 500 celulares de manera simultánea; la información extraída de los dispositivos podía consultarse en una de las 25 computadoras conectadas a un servidor las 24 horas del día, siete días a la semana, en el piso 18 de la sede de la PGR ubicada en el número 211 de la avenida Paseo de la Reforma.
Fuentes consultadas resaltan que hubo una profunda diferencia entre el durante y el después de la gestión Zerón en la AIC. Una de ellas narra que, con Zerón al frente de la AIC –del inicio del sexenio hasta septiembre de 2016–, Pegasus era usado de manera descontrolada, y que el propio Zerón guardaba dos computadoras en su oficina para uso personal.
Después de la salida de Zerón y su nombramiento –el mismo día– al frente de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), las reglas cambiaron: en la PGR, las intervenciones de Pegasus debían venir acompañadas con una orden judicial, como si se tratara de una orden de cateo a una casa.
Estos datos fueron confirmados por otro exagente de la PGR, y por los datos de Pegasus Project: del cliente identificado como la AIC, no aparecen números de opositores políticos ni de defensores de derechos humanos, sino de personas cuyos perfiles dejan a pensar que podían formar parte de grupos criminales. De hecho, en el transcurso de esta investigación, Aristegui Noticias obtuvo un informe de intervención telefónica de un supuesto grupo de secuestradores, el cual viene con una orden judicial.
El Cisen y la Sedena, en cambio, operaban el programa a su antojo, y sin consultar a la justicia, bajo el engañoso pretexto de la seguridad nacional.
“Esa es la realidad de lo que es el CISEN, no cada cosa que hace tiene que pedir autorización o permiso, no pues tiene facultades regladas. Creo que sería bueno, y creo que se hizo, de hacer un análisis de cuáles son… para qué sirve un órgano de inteligencia”, reconoce Navarrete Prida.
Por ello, el Cisen de Imaz se convirtió en una enorme máquina de espionaje político, como lo hacía su ancestra, la temible Dirección Federal de Seguridad (DFS): a partir del verano de 2016 y hasta finales de 2017, seleccionó en sus plataformas Pegasus a centenares de personas ajenas a cualquier propósito legítimo, como defensores de derechos humanos, periodistas, políticos de oposición o gobernadores.
De hecho, un contrato de renovación de licencias publicado en Aristegui Noticias muestra que el Cisen había adquirido un paquete que autorizaba mil 250 intervenciones simultáneas, es decir, más del doble del sistema que Zeróna había comprado en la AIC.
“Lamentablemente, el espionaje fue durante mucho tiempo una práctica sistemática irregular del Estado contra los opositores. Pero también creo que la parte que nunca sabrás, es que se espiaron entre ellos mismos. También a los grupos priístas, los espiaban, a los empresarios, a toda la gente que fuera una figura pública se las espiaba”, afirma Encinas. Y subraya que, “desde Calderón y Pena nieto, es cuando más se intensificó”.
Gasto misterioso
En un boletín publicado en mayo de 2020, el gobierno de López Obrador aseveró que el Cisen operó Pegasus entre 2014 y 2017. Extrañamente, ese primer año marcó un disparo vertiginoso de su presupuesto, que duró dos ejercicios fiscales. De 2 mil 744 millones de pesos en 2013, subió a 7 mil 537 millones en 2014, alcanzó 7 mil 616 millones de pesos en 2015, disminuyó a 3 mil 273 millones de pesos en 2016 y bajó a 2 mil 823 millones de pesos en 2017.
En otras palabras, en 2014 y 2015, el Cisen recibió poco más de 9 mil millones de pesos extraordinarios –esto es, cerca de 500 millones de dólares–, etiquetados para gastarse en “inversión física”.
Tras su llegada al poder, Andrés Manuel López Obrador decretó la desaparición del Cisen, y su sustitución por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), al que adscribió a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a diferencia del Cisen, que respondía a la Segob.
Este cambio hace difícil encontrar respuestas a los 9 mil millones de pesos: preguntada al respecto, la SSPC indicó a Proceso que la información debería obrar en poder de la Segob; la Segob, a su vez, dijo a este semanario que no la tenía, pues debía estar en manos de la SSPC.
Preguntado al respecto, Navarrete Prida asume que el incremento tuvo que ver con “la dotación diversos equipos o la actualización de diversos equipos”, en el marco de la creación de los “Centros de Fusión” y del traslado de la Plataforma México –creada por García Luna– al Cisen.
Encinas, por su parte, opina que el incremento del presupuesto se debió a un “todo”: “Llega 2012-2018, llega el grupo del Estado de México que estaba, o está acostumbrado a realizar ese tipo de prácticas y no solo es es la compra de tecnología, sino obtener monitores en todo el país, hacer seguimiento de personajes; es todo una instrumento de estructura territorial, aparte de la que tenían con tecnología, porque es lo que están acostumbrados a hacer”.
“Los incrementos en los partidas de seguridad nacional, que son justamente las que están ahorita investigándose por parte de la Fiscalía contra Tomás Zerón y otros funcionarios (…) es por este gasto de seguridad Nacional que no está comprobado; las partidas de seguridad Nacional no necesariamente se comprobaban. Se supone que hay un sobre rojo que se guarda para acreditar los gastos”.
Osorio Chong, por su parte, se limita en subrayar que “la naturaleza de muchas contrataciones y objetivos del CISEN, llevan en forma inherente la causal total de confidencialidad, por lo tanto, no nos corresponde a nosotros ni podemos revelar datos, para no incurrir en violaciones legales que solo una autoridad judicial puede determinar”.
Y abunda: “Lo que sí se puede afirmar es que dichos recursos se invirtieron de la forma en que se ha referido e informado en la documentación de la cuenta pública de los años que hace mención (…) Las contrataciones realizadas se fundamentaron en la Ley Federal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y en su caso, en el artículo 41 fracción IV de dicha Ley”.
Tras la salida de Osorio Chong de la Segob, Eugenio Imaz fue nombrado al frente de una dirección general de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) –entonces a cargo de Luis Videgaray Caso, el brazo derecho de Peña Nieto–, y enviado a un “exilio dorado” en Madrid. Peña Nieto sacó entonces a Alberto Bazbaz de la UIF y lo nombró al frente del Cisen, donde estuvo varios meses hasta la toma de posesión del gobierno de López Obrador.
– ¿El Cisen respondía al secretario de Gobernación o a la Presidencia de la República?, se le pregunta a Navarrete Prida.
“El Cisen es un organismo, en aquél entonces, desconcentrado, pertenecía a la Segob y por lo tanto está dentro de la esfera jurídica del Secretario de Gobernación. Desde luego si el titular del Ejecutivo Federal solicita algún dato, información o alguna herramienta en el marco de toda la administración pública, ésa de inmediato se le debe de proporcionar, las facultades del Presidente de la República le permiten ordenar sobre la esfera de lo administrativo en cualquiera de sus ámbitos”, contesta.
Carmen Aristegui y Sebastián Barragán (Aristegui Noticias), Paloma Dupont de Dichenin (FS), Juan Omar Fierro (Proceso), Nina Lakhani (The Guardian), Lilia Saúl (OCCRP) y Mary Beth Sheridan (Washington Post) colaboraron en la realización de este reportaje.
