Las quejas que los partidos políticos presentaron al Instituto Federal Electoral (IFE) durante el proceso de 2012 se cuadruplicaron en comparación con 2009, lo cual provocó que consejeros electorales invirtiera más tiempo en resolver litigios, en ocasiones “frívolos”, reportó el Libro Blanco elaborado por el órgano electoral.
Las quejas presentadas fueron por varios motivos: Desde la coacción del voto —aunque menor con relación a otros años—, la compra de publicidad en radio y televisión —lo cual es ilegal, pues existen tiempos otorgados por el IFE a partidos—, actos anticipados de campaña, difusión de propaganda gubernamental y quejas “frívolas”.
El IFE y los partidos políticos
Designación de consejero del IFE… ¡¡arrrrancan!!
IFE ha multado a partidos con 2 mil 672 mdp en 12 años
PAN propondrá desaparecer al IFE y crear otro órgano electoral
Éstas últimas fueron consideradas como tales, pues más que quejas consolidadas eran una especie de publicidad gratuita que hacía ganar tiempo a los partidos políticos cuando sabían de antemano que la resolución final no podía favorecerles. Este tema ha causado preocupación en el órgano electoral por el aumento de casos similares.
En total, los siete partidos nacionales presentaron mil 371 quejas en 2012. En el proceso anterior de 2009, hubo 361 quejas. Sin embargo, no todo resultó en sanciones económicas. En 2012 se multó a los partidos por un total de 105 millones 685 mil pesos.
De acuerdo con el Libro Blanco del IFE 2011-2012, el órgano electoral tuvo una productividad mayor con relación al proceso electoral 2008-2009 y además se entró al fondo de los asuntos en un 80%, es decir, fueron discutidos a detalle por parte de los consejeros electorales del IFE.
Sin embargo, de no haber una reforma electoral en breve, los casos litigiosos continuarán, pues no hay una claridad en diversos criterios como la aparición de un servidor público en spots así como el tema de calumnia y denigración en los mensajes emitidos por los candidatos, reconoce el mismo órgano electoral en este Libro Blanco.
Spots a debate
El Instituto Federal Electoral (IFE) reconoce que no hay una definición clara en si debe o no ser prohibido que un servidor público aparezca en un spot electoral.
En el Libro Blanco de las Elecciones 2011-2012, el IFE da a conocer que existieron controversias en torno al uso de los spots y que los servidores públicos aparecieran para reforzar las campañas electorales de los candidatos. Hoy esa discusión no se encuentra superada, reconoce en sus conclusiones el órgano electoral.
“La conclusión es que no existe un tipo administrativo que prohíba a un servidor público aparecer en un promocional, si se limita a apoyar a una candidatura y a hablar de sus aspiraciones a un cargo público (no de elección popular)”, detalla el Libro Blanco, elaborado para dar cuenta de la memoria electoral.
“Algunas voces del Consejo General consideraron que debía juzgarse una conducta de esta naturaleza a partir de una interpretación amplia del principio de equidad previsto en los artículos 41 y 134 constitucionales”.
Sin especificar los nombres de dichos consejeros, el mismo órgano electoral explicó que en sentido contrario, otros consideraron que el IFE estaría imposibilitado para hacer una interpretación de la legislación de esa índole, y crear un supuesto típico nuevo para sancionar esa conducta.
Por ello algunos consejeros del IFE proponen que se busque una reforma que evite la incidencia directa de los servidores públicos dentro del proceso electoral.
“Se debería enunciar de manera explícita en una reforma que diese configuración legal al principio de equidad previsto en el artículo 41 constitucional”.
Los que defienden esta postura buscan evitar que un servidor público de alto nivel utilice o emplee su posición para favorecer a un candidato o partido político en la contienda electoral, aún y cuando su intervención se limite a aparecer en la propaganda de un partido o a hablar a favor o en contra de candidatos o partidos en promocionales o entrevistas, ya que consideran que esto implicaría un beneficio equitativo respecto a los demás contendientes y, consecuentemente, se violentara el principio de equidad en la contienda.
En ese mismo sentido ya se pronunció el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en un criterio (SUP-RAP-329/2012) que señala que si lo que se quiere es evitar la incidencia absoluta de los servidores públicos dentro del proceso electoral, entonces se debería enunciar esa prohibición por medio de una reforma.
La denigración y la calumnia son otros argumentos que tampoco están superados dentro de la actual legislación, por lo que el mismo IFE propone reformas en ese mismo aspecto, para evitar entonces la posible violencia generada en spots o difusión de discursos cuyo contenido tiene como finalidad atacar al candidato opositor.
“Con ello podría evitarse un posible daño por la difusión de promocionales que lejos de generar un debate propositivo, pudiera generar un clima de violencia social, evitando la consumación de actos contarios a la ley”, explica el IFE en su Libro Blanco.
Las controversias en elecciones locales
Actualmente las controversias siguen debido a las lagunas en las leyes y normas que tiene el IFE, como el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE).
Apenas este 21 de junio el IFE multó en Coahuila a dos partidos estatales, el PRC y el PSD, por difundir spots que calumnian a contendientes. La multa fue por 92 millones de pesos.
Sin embargo, los criterios utilizados en ocasiones por los consejeros no son siempre bien vistos por los representantes de los partidos políticos que presencian las resoluciones del órgano electoral.
Un tema también a discusión ha sido el obligar a todas las televisoras y radiodifusoras a que bloqueen señales de procesos electorales locales, como lo expresó el senador Javier Corral durante la sesión del 28 de mayo pasado.
Otro tema que no ha sido resuelto del todo por el IFE es la supuesta utilización de recursos públicos para campañas electorales.
Por ello el blindaje electoral ha sido un tema que ha sido recurrente en cada proceso electoral. Sin embargo, este tipo de obligaciones también sirven de promoción de las mismas autoridades en localidades donde habrá elecciones.
