Como gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, favoreció con contratos de obra pública a empresas propiedad de Baltazar Higinio Reséndez Cantú, señalado por blanqueo de capitales en Estados Unidos, informó Santiago Nieto, titular de la UIF, durante su comparecencia ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.
Al menos dos de esas obras (el Centro de Justicia para Mujeres y la Unidad de Docencia) no fueron ejecutadas correctamente, según datos contenidos en las revisiones de la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación.
El dinero de esas licitaciones habría sido inyectado a un esquema de triangulación de recursos descrito por Nieto Castillo con motivo del proceso de desafuero que se sigue contra el panista.
Dicho esquema incluye transferencias de esas empresas a Baltazar N, quien a su vez depositó 33 millones de pesos a Francisco T, es decir, a Francisco Tamez Arellano, accionista y representante legal de la empresa fantasma T Seis Doce.
Luego de una serie de triangulaciones (que nutrieron la cantidad inicial), el dinero terminó en las cuentas del gobernador, cuando esa empresa fachada le compró un departamento por 36.8 millones de pesos, pese a que, originalmente, el mismo inmueble fue adquirido en 2.4 millones de pesos.
Baltazar N aparece como accionista de otras 11 empresas que recibieron contratos del gobierno de Tamaulipas, según la Unidad de Inteligencia Financiera.
Las empresas habrían recibido 497.4 millones de pesos de diversas licitaciones de ese gobierno, pero también de Pemex y de la Conagua.
Las empresas señaladas por Nieto obtuvieron contratos del gobierno de Tamaulipas para construir el Centro de Justicia para Mujeres de Reynosa y la Unidad de Docencia, a la que además debían dotar de mobiliario y equipo.
Según datos de la ASF citados por el titular de la UIF, el monto del primer contrato se elevó de 23.3 a 66 millones de pesos y, a enero de 2021, sólo se había ejecutado 9.3 por ciento de la obra que debe entregarse el próximo mes.
En el segundo, los trabajos de construcción no estaban concluidos y, aunque el contrato ya había vencido, no se aplicaron las penas correspondientes por lo que se presume un daño a la hacienda pública por 6.4 millones de pesos.
Por Nayeli Cortés
