Beatriz Olivera
La discusión en materia eléctrica actual no es menor, se trata de definir las medidas de política que tomará el país en los próximos años y que afectarán la salud, economía y medio ambiente de las y los mexicanos. Por un lado, quienes defienden la soberanía energética y el fortalecimiento de la CFE lo hacen desde la cancha del nacionalismo y la defensa del patrimonio nacional, -y con justa razón-, dados los privilegios que se otorgaron a actores privados y que propiciaron el saqueo en el país a lo largo de décadas, aunado a las violaciones en materia de derechos y conflictos socioambientales provocados por algunas empresas de energía renovable en el sur de México. El otro bando, los que defienden al mercado y los intereses privados, también tienen un punto, y es que están proveyendo de energía renovable, limpia y barata a un sistema energético sucio y cada vez más obsoleto. Sin embargo, la discusión en materia eléctrica no debe reducirse a tomar un bando u otro, no es mera cuestión de ideologías políticas.
Para México, es sustancial contar con un sistema eléctrico confiable y limpio, que garantice que nadie se quede atrás y que sean primero los pobres quienes pueden acceder a un sistema energético más saludable del que tenemos. En ese sentido, el informe de Greenpeace “El camino de México hacia la justicia energética” muestra el abanico de alternativas y escenarios técnicos sobre la inclusión de las energías renovables en la matriz energética, en particular, de la energía solar, eólica, geotérmica, minihidroeléctrica y aquella proveniente de la biomasa. En este recorrido, el informe precisa que ni las grandes hidroeléctricas ni la energía nuclear deben considerarse energías limpias, dado el gran impacto socioambiental que ambas tienen. Sin embargo, señala que existe un enorme potencial técnico desaprovechado para otras tecnologías, como la energía solar y la eólica, que a su vez, incrementarán la oportunidad de generar hata 150 mil nuevos empleos en la actual década, en plena época de pandemia, esto se vuelve trascendental.
El camino hacia la transición energética puede realizarse con la inclusión del sector privado, pero también con una participación ambiciosa de CFE, como empresa productiva del Estado. Hace unos años, ya estuvo sobre la mesa la creación de CFE Solar, frenada en pleno sexenio peñista por representar una amenaza a la competencia del sector privado ¿Porqué no retomar esta propuesta ahora?. Lamentablemente, el más reciente plan de negocios de CFE, así como la iniciativa en esta materia aprobada en Cámara de Diputados apuntan justo en sentido contrario, colocando en un plan marginal a la generación eléctrica renovable, llevando la puesta en marcha de estas plantas hasta 2027 y privilegiando el despacho de grandes hidroelectricas y combustibles fósiles.
Sin duda, la política energética que ha emprendido la actual administración en dos años de gobierno, apunta a un fortalecimiento de la soberanía y rectoría del Estado sobre el sector energético, pero también a un retroceso grave en materia ambiental y climática. La soberanía energética que se pretende recuperar, será a costa de nuestra salud y del medio ambiente.
Sin embargo, es necesario decirlo, la transición energética propuesta, no debe ser ciega a las violaciones a derechos y conflictos socioambientales que han provocado algunos proyectos. En su informe, Greenpeace analiza 111 proyectos eólicos y solares que se encuentran en operación o en etapa de autorización, de 2012 a 2020 y refiere que 46 de estos proyectos, poco más del 40%, presentan o han presentado algún tipo de conflicto, varios de ellos, aún sin resolver. Por tanto, no pueden existir zonas de sacrificio para unos en aras de promover un futuro sustentable para otros.
En plena época de pandemia, es vital y urgente contar con un sistema energético considerablemente más sano, democrático e independiente que contribuya a la disminución del impacto ambiental y climático que ha generado la humanidad en el planeta. El Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la oportunidad de hacer un viraje en las acciones de política energética y dejar de apostar al barril sin fondo que son los combustibles fósiles, contrario a ello, en los próximos cuatro años debe conducir al país hacia una transición energética planeada e implementada en buena parte desde el Estado.
