Número cero
JOSÉ BUENDÍA HEGEWISCH
En la pelea entre el gobierno de López Obrador y los 10 gobernadores federalistas convendría que miraran en el espejo de la desunión de los estados de la Unión Americana y el deterioro para su democracia. El mayor reto para la política estadunidense es la estabilidad en un país partido en dos por el discurso de odio y polarización que enfrenta a su sociedad, como dejaron ver las urnas. En México, hoy, uno de los más grandes desafíos es la revisión del pacto fiscal que en los últimos 40 años ha sido columna vertebral de la gobernabilidad entre el poder central y los estados.
El federalismo define al Estado mexicano y desde hace 163 años se ha mantenido ininterrumpido en el país, pero anda muy maltrecho con profundos desequilibrios regionales entre el sur, el centro y el norte. La política de la 4T terminó de desajustarlo por la mayor centralización de las decisiones en la Presidencia y, sobre todo, por el cambio de reglas informales de juego en la repartición de dinero público a los estados, cuyas arcas dependen de las participaciones federales para sobrevivir debido a la muy baja recaudación de impuestos locales. Algo que el covid-19 vino a rematar.
En medio de la rebeldía de los aliancistas contra la centralización del poder y los recursos en el gobierno central, el gasto federalizado de las 32 entidades del país plantea una reducción, para 2021, de 182,937 millones de pesos (equivalente a menos 8.9% del año pasado), a pesar de que el presupuesto total del país crecerá el próximo año para los proyectos de la 4T. En las últimas cuatro décadas, los moches fiscales de fondos y participaciones federales sirvieron para someter estados inconformes, premiar lealtades y mantener la gobernabilidad. Pero también dieron lugar a los mayores escándalos de corrupción de gobernadores que se comportaron como virreyes en sus territorios, como Javier o César Duartey una larga lista más.
En cualquier caso, la maquinaria se estropeó. Eso anuncia la rebeldía de los gobernadores que han alzado la voz para poner sobre la agenda pública una reforma del arreglo fiscal frente a las nuevas realidades de la política de austeridad y combate a la corrupción del gobierno de la 4T. La confrontación presupuestal se ha movido entre las amenazas de ruptura del pacto federal, amagos de un Méxit y solicitudes de diálogo a López Obrador para cambiar la fórmula de distribución de los recursos por parte de Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas, Durango, Nuevo León, Coahuila, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán y Colima.
El mayor problema es la falta de canales de diálogo que, como enseña la división en EU, se sustituyen por el discurso de la polarización con fines políticos. La discusión se encuadra en la disputa electoral de 2021, donde la oposición tiene sus baterías puestas para revertir el control de López Obrador sobre el Congreso.
Las elecciones de 2018 dejaron un sistema de partido dominante que permite al Presidente modificar los términos de negociación con los gobernadores, quienes ante ello amagan con crear sus propios sistemas tributarios y reducir sus aportaciones a la Federación. ¿Puede discutirse el pacto fiscal sin que se contamine con cálculos partidistas?
Los gobernadores han solicitado una reunión con López Obrador, a lo que el Presidente se niega porque dice que le han faltado al respeto. Por su parte, los aliancistas reclaman que ningún Estado libre y soberano puede seguir siendo parte de una Federación si el Presidente los ataca, ignora e insulta. Ataques, palabras y discursos. El peligro, sin embargo, es que los excesos retóricos e interpretaciones erróneas son factores disruptivos que en tiempos de estabilidad pueden sobrellevarse, pero en situaciones de emergencia, como la que se vive por la pandemia, dan lugar a tormentas perfectas para la desestabilización, como enseña un EU fracturado por al discurso divisionista de Trump durante los últimos cuatro años.
El gobierno federal tiene derecho a plantear una política de austeridad y combate a la corrupción, incluso negarse a seguir con la vieja práctica de los moches a los estados, pero no a cancelar el diálogo o aceptarlo sólo de gobernadores afines, en un Estado federal. El país necesita revisar el pacto fiscal por tener una de las recaudaciones más bajas de América Latina, pero ello pasa por la apertura de puentes y construcción de consensos con los estados.
