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Ciudad México.- Desde que inició su campaña para llegar a la presidencia Andrés Manuel López Obrador prometió llevar a la cárcel a los expresidentes por actos de corrupción y este 15 de septiembre, el ahora mandatario estaría cumpliendo con su promesa al enviar la solicitud al Senado para realizar una consulta popular que busca enjuiciar a sus antecesores.
Esta mañana López Obrador anunció que entregaría la solicitud al Senado de la República para que se realice la consulta popular contra los cinco últimos expresidentes.
A través de la pregunta “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a la leyes y procedimientos aplicables investiguen y en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto,antes, durante y después de sus perspectivas gestiones?”, los ciudadanos podrían decidir si es correcto llevar a juicio a los expresidentes.
El Presidente expuso 10 razones por las que habría que enjuiciar a los expresidentes.
México vivió un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza».
Carlos Salinas de Gortari (1988-1994)
En el documento presentado, López Obrador señaló que durante el sexenio del priista Carlos Salinas de Gortari «crecieron más en nuestro país las diferencias entre ricos y pobres y no es casual que se entregó a particulares una cantidad sin precedentes de bienes públicos».
“Un dato, en julio de 1988 cuando Salinas fue impuesto por un fraude, en la lista de la revista Forbes, en la cual figuran las personas más ricas del mundo sólo aparecía una familia mexicana, la de la Garza Sada con 2 mil millones de dólares, pero al finalizar aquel sexenio ya estaba incorporados a ese listado otros 24 mexicanos, casi todos ellos habían sido beneficiados con empresas minas y bancos que antes eran propiedad de los mexicanos”.
Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000)
Sobre el priista Ernesto Zedillo Ponce de León dijo que éste «continuó políticas privatizadoras de su antecesor y las llevó hasta sus últimas consecuencias».
“Privatizó ferrocarriles, pero además adjudicó al conjunto de mexicanos deudas privadas en el marco el llamado rescate bancario de 1998. A la fecha, aunque el país ha pagado a los bancos 700 mil millones de pesos por bonos del Fobaproa, esa deuda pública ascendía a cerca de 2 billones y no terminará de saldarse son hasta el año 2070”.
Vicente Fox Quesada (2000-2006)
López Obrador expuso que el ex presidente panista Vicente Fox Quesada “llegó a Los Pinos como resultado del anhelo social de alcanzar la democracia y la alternancia, sin embargo cuando se acercaba el final de su gestión intervino indebida e ilegalmente en el proceso electoral a fin de impedir el triunfo de la oposición”.
“Tal intromisión no solo fue reconocida en el fallo con el que el tribunal legalizó el turbio proceso electoral de 2006, sino que el propio Fox, quien al año siguiente en entrevista con Telemundo, admitió que era importante detener a López Obrador y en 2010 se jactó de haber cargado los datos del proceso electoral, de esa forma traicionó el mandato democrático al que se debía y los principios mismos de la democracia”.
Enrique Peña Nieto (2012-2018)
Durante el gobierno del priista Enrique Peña Nieto hubo una “irrupción de grandes cantidades de dinero de procedencia desconocida en la campaña presidencial, sin que ello tuviera consecuencias legales o llevar al tribunal electoral a anular la elección”, indicó López Obrador.
“Declaraciones recientes de Emilio Lozoya, ex director general de Pemex en el sexenio de Peña Nieto han permitido documentar que parte de ese dinero provino de sobornos anticipados de la empresa Odebrecht, por otra parte, los señalamientos de Lozoya apuntan a la complicidad de Peña Nieto en las cuantiosas sumas de dinero a legisladores del PAN para obtener votos y aprobación de la llamada reforma energética, así como en la compra fraudulenta de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados operación que causó al erario un quebranto suprior a 200 millones de dólares”.
