Carlos Marín
Si hasta el alcalde morenista de Rosales, Chihuahua, participó en la toma de la presa La Boquilla junto con centenares de agricultores (en su mayoría ejidatarios) encolerizados, al sospechosista subsecretario federal de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, no debiera sorprenderle que otros políticos y ex gobernantes del estado se sumaran a la protesta que terminó con la deplorable humillación y el desalojo de la Guardia Nacional o peor: en el asesinato de una señora, y en contraste, la sobrevivencia del marido también baleado. El funcionario ni siquiera debió mencionar a esos personajes públicos, y menos como si hablara de probables criminales ni sembrar la calumniosa insidia de que los inconformes les están haciendo el juego a los grupos de la delincuencia organizada que quieren fuera de la entidad a las fuerzas armadas. La criminalización de una legítima inconformidad social hecha por Mejía Berdeja incluyó la patraña de que el ex gobernador Fernando Baeza estuvo azuzando la violencia, cuando lo cierto es exactamente lo contrario, según consta en el video en que llama a sus paisanos a manifestarse pacíficamente. Políticos, gobernantes en activo y ex funcionarios chihuahuenses tienen el mismo derecho que cualquiera a la libre expresión, por lo que censurar que lo ejercieran despide un tufo insoportable de autoritarismo, impropio en quien debiera emplear su represora perspicacia y su cargo en la persecución de auténticos criminales. Buena parte del problema tiene su origen en la ineficiencia operativa y administrativa de la Comisión Nacional del Agua, incapaz de aprovechar las presas internacionales de La amistad y Falcón, así como las de El Cuchillo, Venustiano Carranza, y Marte R Gómez para cumplir el acuerdo que desde la Segunda Guerra Mundial se tiene con Estados Unidos y que, dicho sea de paso, es mucho más ventajoso para México. ¿Por qué ordeñar agua solo de Chihuahua y no de otros estados norteños? El alegato de que la Guardia Nacional debe custodiar La Boquilla y otras presas porque son instalaciones federales, esgrimido por el gobierno federal, es un sofisma tan desatinado como que ninguna de las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el país que hoy están en posesión (Ciudad de México) o en la mira (Edomex, Chiapas y Puebla) de grupos feministas es cuidada por soldados (adscritos o no a la Guardia Nacional). Un ángulo de este nuevo problemón promete distender lo que hace pocos días, con los disparos de efectivos militares al matrimonio que además de herido dejó viudo al esposo, parecía ser explosivo: la disposición del comandante supremo del Ejército, la Marina Armada y la Guardia Nacional, el presidente López Obrador, para que sea la Fiscalía General de Chihuahua quien se encargue (tiene asegurados a 13 soldados con sus armas y vehículos) de las investigaciones que la Fiscalía General de la República terminará, simplemente, corroborando… https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/la-boquilla-de-un-mal-subsecretario
