Investiga SFP a Oceanografía por presunto fraude a Pemex
La Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga a la empresa naviera y de construcción marítima Oceanografía SA de CV por diversas irregularidades encontradas en Petróleos Mexicanos (Pemex), que van desde incumplimientos en los montos de las fianzas a pagar por los contratos asignados hasta la existencia de cuando menos cinco convenios modificatorios de contratos que elevaron sustancialmente el costo original pactado, y generar una presunta afectación de casi 3 mil 400 millones de pesos.
De acuerdo con los resultados de las auditorías efectuadas por el órgano interno de control de Pemex, se detectaron anomalías en los montos de las fianzas que Oceanografía debió pagar y que suman 147 millones de pesos (casi 11.5 millones de dólares); aunados a los casi 3 mil 250 millones de pesos producto de la irregular modificación de contratos con la firma naviera entre 2010 y 2012.
Una primera revisión efectuada por la SFP a las subdirecciones de la Unidad de Negocio de Perforación y a la de Servicios a Proyectos detalla que en nueve contratos celebrados con Pemex Exploración y Producción (PEP), Oceanografía entregó fianzas con montos muy menores a lo convenido y exigido por la ley, la cual estipula que todos los convenios se deben garantizar con una fianza de por lo menos 10 por ciento del valor total de cada contrato.
Según las investigaciones, el déficit de la cobertura de las fianzas por parte de Oceanografía supera los 11 millones 468 mil dólares, que valuados al tipo de cambio de 12.84 alcanza una afectación superior a 147 millones de pesos.
El hallazgo derivó en el inicio de un procedimiento administrativo sancionador contra la empresa Oceanografía por presuntas violaciones a la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, la cual, en su artículo octavo dice que «se incurrirá en responsabilidad cuando en las contrataciones públicas de carácter federal (…) se realicen actos u omisiones que tengan por objeto evadir los requisitos establecidos en las contrataciones públicas de carácter federal».
GRAVE PERJUICIO
Sin embargo, las investigaciones de la SFP también encontraron irregularidades en la asignación de contratos entre 2010 y 2012 que derivaron en convenios modificatorios que pueden implicar daños patrimoniales severos a Pemex Exploración y Producción, empresa que durante ese periodo celebró 6 mil 834 contratos, de los cuales mil 92 se corrigieron con contratos modificatorios, pero en 113 el monto del convenio superó en más de 100 por ciento el importe original del contrato inicial.
El informe de la SFP revela que PEP firmó un contrato en 2010 con Oceanografía, dos en 2011 y otros dos en 2012, mismos que fueron producto de posteriores convenios modificatorios con los que se incrementaron inusualmente los pagos realizados por Pemex a la empresa naviera, hasta llegar a 3 mil 250 millones de pesos.
Los porcentajes de incremento frente al monto original de los contratos de PEP con Oceanografía van desde 92 por ciento en los firmados en 2012 hasta más de 530 por ciento en los de 2010, lo que a decir de los investigadores, constituye un conjunto de elementos que suponen la existencia de reiteradas prácticas indebidas en contrataciones hechas entre Pemex y la empresa.
En el contrato 428230840, firmado en 2010 por Oceanografia para la Unidad de Servicios Marinos, Gerencia de Administración y Finanzas de PEP, se pactó un monto inicial de 250 millones de pesos, pero con el convenio modificatorio el monto subió hasta 1576 millones de pesos; es decir, un aumento de 530 por ciento equivalente a mil 326 millones de pesos.
REVISIONES AL ALZA
Para el contrato 428231823, firmado en 2011 para la misma unidad en Pemex Exploración y Producción, el monto inicial se estipuló en 189 millones de pesos, pero con la revisión el monto subió hasta mil 129 millones de pesos; es decir, un alza de 495 por ciento, equivalente a 939 millones de pesos.
Ese mismo año se firmó el contrato 428231828 con un precio inicial de 309 millones de pesos, mismo que se corrigió hasta llegar a 721 millones de pesos, lo que equivale a un aumento de 138 por ciento o 418 millones de pesos.
En 2012 se firmaron dos contratos más, el 428232808 y el 428232816, solo que para el primero se convino una actualización de 96 por ciento, al pasar de un contrato original de 309 millones de pesos a uno revisado de 607 millones de pesos. El segundo contrato creció 92 por ciento en la revisión, al pasar de 288 millones de pesos originales hasta quedar en 555 millones de pesos gracias al convenio modificatorio.
Oceanografía es una compañía mexicana especializada en servicios costa afuera en el Golfo de México con más de 40 años de experiencia en la industria petrolera y ofrece servicios integrales de ingeniería, buceo, instalación, inspección y mantenimiento de estructuras marinas, servicios de apoyo a perforación, logística de materiales, transporte de personal, así como inspección, instalación y construcción de ductos submarinos
La flota está integrada por embarcaciones que cuentan con sistemas de posicionamiento dinámico, sistemas de grúas hasta de 2 mil toneladas, sistemas de saturación para trabajos de buceo hasta 300 metros, plantas procesadoras de lodo para apoyo a plataformas de perforación y sistema de tendido de ductos submarinos.
En Ciudad del Carmen, Campeche, se encuentran sus oficinas corporativas y centros de acopio y distribución de materiales, también en esta ciudad cuenta con la concesión de varios muelles en el Puerto Industrial Pesquero Laguna Azul, que le permiten coordinar sus operaciones para el despacho de embarcaciones con personal y materiales para el servicio y las operaciones costa afuera de la empresa.
Multa e inhabilitación
De la revisión efectuada se encontraron 30 contratos con una fianza menor a la estipulada. El déficit de esa menor cobertura es de 346 millones de dólares y 414 millones de pesos.
Destaca Oceanografía, con nueve de esos 30 contratos mal afianzados. Las multas aplicables por esas irregularidades van de 647 mil pesos a 129 millones de pesos, así como la inhabilitación de tres meses hasta 10 años para los servidores públicos.