La publicación de la nueva lista de deudores fiscales que emitió el Servicio de Administración Tributaria (SAT) atiende a las recomendaciones que formuló la Procuraduría del Contribuyente (Prodecon), afirma Aristóteles Núñez, presidente del SAT.
En entrevista con Noticias MVS primera emisión, Núñez confirmó que 9,791 nombres que estuvieron en la primera lista del SAT difundida al inicio de año, ya fueron dados de baja, siguiendo las recomendaciones que hizo Prodecon.
El presidente del SAT fue cuestionado sobre la información créditos condonados o cancelados, anterior a 2014, información que no se ha revelado y para el que se está aplicando un criterio diferente al que se aplica con contribuyentes con adeudos vigentes o con domicilios “no localizados”. En esos casos, las listas del SAT sí presentan información anterior al 1 de enero de 2014.
Afirmó que los casos de créditos cancelados o condonados serán publicados, pero “como se vayan presentando”, a partir del 1 de enero de 2014.
Precisó que en el caso de los contribuyentes que hoy tengan una omisión o un incumplimiento, y que estos se hayan repetido de manera sistémica, seguirán en la lista. “El contribuyente podría salir de la lista si paga el crédito”, o inicia un procedimiento con ese fin
Sobre el por qué el SAT ha colocado como contribuyentes “incumplidos” a los “no localizados”, Núñez dijo que “una de las recomendaciones de Prodecon es que se aplique un criterio con varias condiciones.
“Nosotros aplicamos ese criterio. Estamos a favor de que se publiquen los no localizados, pero quienes adicionalmente tengan un incumplimiento reiterado de sus obligaciones fiscales. Por esa razón ya se dio de baja de esta lista a más de 9,700 personas”, explicó.
– En cualquiera de los dos casos que revelas, asentir sería revelar información
– Quien tiene un adeudo firme, atacable, puede bajar sus línea de captura. Quien se encuentra no localizado puede aclararlo a través del portal, para que sea dado de baja de la lista.
Finalmente, sobre el caso de las operaciones o compras que el gobierno haya realizado con facturas falsas, Núñez aclaró:
“En estos casos la ley establece criterios muy claros. Quienes pasados 30 días hayan realizado operaciones con estas facturas tendrán que probar la adquisición de esas mercancías”.
