Por: Salvador García Soto
«A nombre del Gobernador, de su esposa y sus hermanos opera “una red de testaferros o prestanombres a través de la cual adquieren y administran empresas, de principal naturaleza comercial ganadera, construcción de inmuebles y energía eléctrica -Enerxiza Wind-, en las que aprovechándose de su calidad de servidores públicos se beneficiaron, para comprar terrenos, principalmente en Altamira, ganar licitaciones y obtener donativos sin motivo aparente, también adquirieron vehículos de lujo cuyo beneficiario final, fue en un caso el comisionado de Energía de Tamaulipas”.
En 16 horas de grabación que entregó en un video a la Fiscalía General de la República, Emilio Lozoya ha exhibido y acusado a políticos de varios partidos, pero especialmente del PAN, que eran diputados y senadores en los años en que se aprobaron las principales reformas de Peña Nieto, entre 2013 y 2016. Según fuentes cercanas a los peritajes y las investigaciones que ya están en curso de ese video y de las pruebas entregadas por Lozoya, en la red de corrupción para aprobar la reforma energética, por ejemplo, se mencionan nombres de senadores panistas de la LXII Legislatura, como Roberto Gil Zuarth, Ernesto Cordero, Javier Lozano, Salvador Vega Casillas y Mariana Gómez del Campo, todos en su momento cercanos al expresidente Felipe Calderón.
También aparecen nombres de dos gobernadores actuales de Acción Nacional como Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, y Francisco Domínguez, de Querétaro, ambos senadores y miembros de la Comisión de Energía que aprobó los dictámenes de la citada reforma energética. En el primer caso, el de García Cabeza de Vaca, independientemente de su posible imputación en el caso Lozoya, autoridades federales realizan una amplia investigación para documentar los movimientos financieros y bancarios del Gobernador y de sus hermanos y familia.
Fuentes abiertas, que han tenido acceso a la investigación en torno a la familia García Cabeza de Vaca, señalaron a esta columna que a nombre del Gobernador, de su esposa y sus hermanos opera “una red de testaferros o prestanombres a través de la cual adquieren y administran empresas, de principal naturaleza comercial ganadera, construcción de inmuebles y energía eléctrica -Enerxiza Wind-, en las que aprovechándose de su calidad de servidores públicos se beneficiaron, para comprar terrenos, principalmente en Altamira, ganar licitaciones y obtener donativos sin motivo aparente, también adquirieron vehículos de lujo cuyo beneficiario final, fue en un caso el comisionado de Energía de Tamaulipas”.
Al Gobernador le han detectado en sus cuentas movimientos financieros como un depósito que recibió en 2019 por $33.4 millones de pesos de T Seis Doce, S.A de C.V.
Pero las indagatorias sobre el Gobernador tamaulipeco y su familia no se llevan a cabo solo en México. En Estados Unidos García Cabeza de Vaca y su familia, según las mismas fuentes, cuentan con 10 empresas, de las cuales 2 están activas, con domicilios una en El Paso y otra en Galveston, Texas.
Otro panista que, de acuerdo con las mismas fuentes, está siendo investigado es el exsenador Roberto Gil Zuarth, objeto de un seguimiento detallado de sus operaciones financieras. A Gil Zuarth, además de su posible aparición en los videos de Lozoya, lo vinculan como operador cercano al gobernador Cabeza de Vaca y como autor de una estrategia jurídica “que busca boicotear las políticas empleadas por el presidente López Obrador y por su Gabinete, a través del Accuracy Legal Add Consulting SC, que interponen juicios de amparo que frenan las políticas públicas establecidas por la Secretaría de Energía”.
De los seguimientos que le tienen documentados, las fuentes mencionan transferencias bancarias que recibió de junio a octubre de 2018 por 4.3 millones de pesos de parte de Roberto Juárez Salinas, sin que se conozca relación comercial entre los dos. También se siguen depósitos que él hizo por 6.7 millones de pesos a su esposa en octubre de 2016, cuando ese año en su declaración fiscal al SAT solo reportó ingresos por 2.8 millones de pesos. Y se indagan también transferencias que recibió su esposa de la empresa Microsoluciones Efectivas, S.A de C.V, por varios millones de pesos, empresa que aparece denunciada por la Secretaría de Hacienda en julio de 2017 por ser supuesta “empresa fachada”, además de investigar el origen de pagos por 26 millones de pesos a la inmobiliaria Calizas 475, S.A de C.V., situada en la alcaldía Miguel Hidalgo, por la compra de una propiedad.
