La Diputada Federal victorense, Mariana Rodríguez Mier y Terán, presentó junto a sus compañeros de bancada Dulce María Sauri Riancho, René Juárez Cisneros,
Enrique Ochoa Reza y Claudia Pastor Badilla un punto de acuerdo para vacunar contra el Covid-19 a las y los ciudadanos que organizan el proceso electoral de 2021.
En este documento exhortan a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Salud, así como al Consejo Nacional de Vacunación, a que realicen
las gestiones necesarias para adquirir la vacuna del Covid-19 y se aplique de forma oportuna a las y los ciudadanos que participen en la organización y desarrollo de las elecciones de 2021, tanto federales, como estatales y locales.
Refrendaron que la aplicación de protocolos generales de vacunación contra el Covid-19,
permitirán llevar a cabo elecciones con plena seguridad sanitaria.
Destacaron que en el proceso electoral participarán más de 5 millones de ciudadanos en sus distintas etapas. Además de la más de 300 mil mujeres y hombres que participarán como candidatas y candidatos a cargos de elección popular, y a quienes se les debe aplicar oportunamente la vacuna.
Apelaron también a que se establezca el criterio de aplicación para el resto de la población en riesgo, incluyendo a quienes harán posible el
Proceso Electoral 2021.
Las autoridades competentes, deben garantizar el acceso y aplicación de la vacuna a todos los ciudadanos que integran el Consejo General del Instituto Nacional del INE: las Mesas Directivas de Casilla; Capacitadores, Asistentes Electorales; Vocalías distritales y Locales; Observadores Electorales y representantes de los partidos políticos; así como todos quienes conforman a los Organismos Públicos Locales Electorales.
También señalaron a quienes integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las Salas Regionales y Especializada; así como los
Tribunales Electorales en cada entidad federativa con proceso electoral estatal y/o local.
Además de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales y las fiscalías estatales, y las Fuerzas Armadas que trasladan y resguardan la paquetería electoral.
