JORGE BRAVO
El nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz, anunció la desaparición de la Subsecretaría de Comunicaciones. La pregunta es ¿qué jerarquía y relevancia tendrá dentro de la Cuarta Transformación la instancia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión?
La primera mala noticia es que la cancelación de esa Subsecretaría no obedece a un plan maestro de conectividad ni a un rediseño institucional ni reglamentario para la expansión de la cobertura de Internet. Responde al decreto de austeridad que el 23 de abril adelantó la cancelación de 10 subsecretarías.
Dicho decreto lo forzó la necesidad de ajustar el gasto federal por causa de la emergencia sanitaria para destinar recursos al combate del coronavirus.
Sin embargo, el decreto nunca se refiere a la pandemia y se ubica “ante la crisis mundial del modelo neoliberal”, por lo que propone “la aplicación urgente y categórica” de varias medidas, entre ellas la que ya se sabía, pero no se reveló en su momento: la cancelación de la Subsecretaría de Comunicaciones y otras nueve.
Aunque la crisis pandémica es la verdadera razón del decreto, pero no se alude a ella (lo cual es un intento de ocultamiento de la realidad y una obsesión ideológica del presidente López Obrador), entonces se interpreta que el diseño de políticas de telecomunicaciones y radiodifusión es un asunto neoliberal, como lo es la existencia de organismos constitucionales autónomos, porque es público y notorio que no son del agrado del gobierno de la 4T y Morena, por las declaraciones en su contra de AMLO, la reducción presupuestal que han padecido y el intento de desaparecer al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Refiriéndose a las 10 subsecretarías canceladas, el decreto de austeridad dice que “se garantiza el empleo con el mismo rango y los mismos ingresos a quienes dejarán dichos cargos”.
La redacción es confusa. Si cancelas una Subsecretaría no puedes dejar el mismo rango: o lo elevas a otro nivel jerárquico o lo degradas. Volvemos a la interrogante: ¿qué relevancia tendrán para la 4T las políticas públicas de inclusión digital universal?
La respuesta es obvia: el decreto es de austeridad, busca recursos para destinarlos a la covid-19 y al sostenimiento clientelar de los programas prioritarios del presidente AMLO, entre los cuales se encuentran, paradójicamente, Internet para Todos.
Cuando el decreto detalla que “se garantiza el empleo” y “los mismos ingresos”, es claro que no está liquidando a los titulares de las subsecretarías canceladas y que no les puede reducir el sueldo arbitariamente, porque entonces ocurriría una andanada de demandas laborales y más problemas políticos.
La solución tendría que venir de esos mismos funcionarios: con la congruente renuncia si el rediseño en la estructura y el recorte presupuestal no se ajustan a los objetivos y atribuciones legales que deben cumplir.
¿Por qué si el decreto es de austeridad conserva el empleo de las y los subsecretarios que “dejarán dichos cargos”? El decreto precisa que “no será despedido ningún trabajador, pero no habrá incremento de personal”.
Entonces, si no corres al personal y no te desprendes de los exsubsecretarios, se deduce que los recortes vendrán en la operación y en los programas de conectividad de la SCT, por lo que ya tenemos en automático una segunda mala noticia.
Además, se conservará el mismo personal para lograr menos metas de cobertura, conectividad y digitalización por la auteridad, por lo que se tendrá una ineficiencia reconocida.
Conviene recordar que la remuneración neta de la Subsecretaria de Comunicaciones es de 109 mil 146.71 pesos, apenas 63 centavos superior al salario del propio secretario del ramo (109,146.08) y 2 mil 843 pesos menos que el ingreso del presidente de la República (111,900 pesos).
El escueto comunicado de la SCT dice que “la subsecretaria de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico, Salma Jalife Villalón, continúa trabajando en los proyectos y programas a favor de los mexicanos, como lo ha hecho desde el inicio del sexenio”.
¿Cómo se llama su oficina? ¿En cuál escritorio despacha los asuntos? ¿Puede firmar acuerdos? ¿Debe acudir a eventos, dar conferencias de prensa, emitir declaraciones, con qué cargo? Pedir a cambio la política pública digital de la 4T sería demasiado, pero ¿dónde está el acuerdo de cancelación y las modificaciones al Reglamento Interior de la SCT?
De forma demagógica, el boletín de la SCT advierte que “las funciones y responsabilidades de la subsecretaría continuarán vigentes en la SCT, ya que las telecomunicaciones y el desarrollo tecnológico son proyectos prioritarios de la actual administración”. Desaparecerá la plaza, pero no sus funciones.
Pues sí. Para ello tendría que modificar la Ley Orgánica de la Administracion Pública Federal, cuyo artículo 36 le confiere a la SCT “elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión del gobierno federal”.
También tendría que eliminar las 23 funciones que le corresponden a la SCT previstas en el artículo 9 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Entre ellas, “planear, fijar, instrumentar y conducir las políticas y programas de cobertura universal y social”; la coordinación con el IFT para el acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación, a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet; las acciones tendientes a garantizar el acceso a Internet en instalaciones de las dependencias de la Administración Pública, los estados y municipios; y establecer programas de acceso a banda ancha en sitios públicos de manera progresiva hasta alcanzar la cobertura universal.
Lo que sí ocurre –tercera mala noticia– es que se eligió deliberadamente a la Subsecretaría de Comunicaciones y sus importantes funciones de cobertura, conectividad y digitalización para el desarrollo nacional, el acceso a la educación a distancia vía plataformas digitales y otros derechos fundamentales, incluso la recuperación económica pospandemia, para “solventar” las políticas de austeridad.
Cuarta mala noticia, en tanto se desconoce la “solución final”: la cancelación se traduce en que las políticas públicas de inclusión digital universal no son realmente prioritarias para la 4T y puede prescindir de la Subsecretaría que las elabora y conduce.
Reconozcámoslo. Por los presupuestos que reciben, la Subsecretaría de Comunicaciones siempre ha sido la hija chiquita de las otras dos subsecretarías de la SCT que no desaparecen. Los recursos de la Subsecretaría de Comunicaciones en 2020 representan 8.6% el presupuesto de la Subsecretaría de Infraestructura y 14% de la Subsecretaría de Transporte.
Con cancelar la plaza de Subsecretaría de Comunicaciones, la SCT y la 4T ahorran un poquito, pero la función de transformar y digitalizar el país pierde motivación, impulso, protagonismo y liderazgo. Con esta degradación real y simbólica, la política pública digital es la hija fea de la SCT, no se le valora y sí se le maltrata, a pesar de su potencial.
El autor de este texto es presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI)
