Contra el compromiso de Javier Corral para nombrar a un médico como titular de Salud, se le cumplió el sueño a Eduardo Fernández Herrera de ser secretario de esa área siendo economista de profesión

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LA COLUMNA
de El Diariojueves, 30 julio 2020 | 06:00

-O es masoquismo o hay más transa en Salud

-Disciplinan a los priistas acelerados

-Jorge Espinoza es burla en los tribunales

-Ni sus luces de la Fiscalía Occidente

Contra el compromiso de Javier Corral (firmado en abril de 2016, como puede verse en la imagen que presentamos en La Columna) para nombrar a un médico como titular de Salud, se le cumplió el sueño a Eduardo Fernández Herrera de ser secretario de esa área siendo economista de profesión.

También fue contra todo pronóstico por una larga cadena de turbios manejos del dinero que se le acreditan a quien sustituye al fallecido doctor Jesús Enrique Grajeda. Incluso llega al cargo con senda denuncia por corrupción en el manejo de los ranchos de César Duarte.

Fernández Herrera era hasta ayer el administrador de la Fiscalía General del Estado, cargo al que cayó después de tener el control del gasto desde una Subsecretaría de Hacienda. Salió disparado de ahí por un pleito irreconciliable con el secretario del área y también amigo del gobernador, Arturo Fuentes Vélez.

Para más señas, es el sobrino del director de Pensiones Civiles del Estado (PCE), Alberto “Tito” Herrera. La parentela cobra importancia en momentos así, dado que exhibe parte de una trama de conflictos de interés. ¿No tendría más de dónde escoger Corral o es masoquista… o hay también ahí corrupción?

Cuando fue alto funcionario de Hacienda fueron muchas las veces que le metió el pie a la Secretaría de Salud para favorecer presupuestalmente a PCE. Desde entonces se hablaba que siempre había querido ser el titular del ramo por el que han pasado dos médicos: Ernesto Ávila, de negros recuerdos, y Grajeda, víctima de la pandemia que tanto luto y dolor ha dejado a su paso.

Hace apenas unos días, Fernández Herrera se volvió otra vez escándalo por la administración opaca de los ranchos incautados al exgobernador César Duarte. Le quitó el negocio a un particular y lo hizo propio… o reportó hacia arriba las ganancias, es lo que se presume dentro de una cadena de transas que se han hecho con esos bienes que supuestamente serían para beneficio del estado, no de funcionarios.

Antes de eso se había evidenciado su mano en compras oscuras de vehículos para la Fiscalía del Estado, a donde llegó dizque a ponerle orden al gasto sin comparación que existe, mientras la violencia, la impunidad y la delincuencia siguen al alza.

La condición de las finanzas públicas tras su paso por Hacienda -donde se le presumía como el artífice de la reestructuración de la deuda- da cuenta de su perfil; los escándalos en la Fiscalía como turbio operador del dinero lo reconfirman.

Hacer secretario de Salud a Fernández en momentos que la crisis sanitaria exige eficiencia y transparencia no parece ser un buen augurio. Apunta más bien a consolidar el año de Hidalgo. En fin, pudo más el amiguismo que el compromiso con la salud pública.

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El pasado 30 de marzo el consejero jurídico estatal, Jorge Espinoza Cortés, promovió quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra de resoluciones favorables al magistrado duartista Jorge Ramírez. Ahora los juzgadores federales se burlan del funcionario porque todos los reclamos se le han ido cayendo.

En concreto Espinoza atacó al juez octavo de Distrito, José Tomás Acosta Canto, y a los integrantes del Primer Tribunal Colegiado en materia Penal y Administrativa. Todos asentados en la capital del estado.

En especial contra Acosta Canto se fue duro el abogado panista domesticado por la nómina corralista. Lo tachó de corrupto por la suspensión provisional otorgada dentro del juicio de amparo promovido por Ramírez, decisión que impidió retener al magistrado en el Cereso el pasado 23 de marzo.

Por otra parte, del tribunal se quejó porque tenía alrededor de 70 procesos de amparo de los 80 relacionados con la Operación Justicia (selectiva), lo que de entrada era razón para sospechar, sin conocer siquiera las cargas de trabajo de la judicatura federal en Chihuahua.

Al menos la principal de las quejas de Espinoza se cayó junto con la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, anulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todos los argumentos del funcionario estatal se basaban en esa norma con la que fue procesado Ramírez, así que no hay alegato que sobreviva.

Por más que quiso el consejero sembrar dudas sobre puros y santos que despachan en los juzgados federales, quedó evidenciado que fue su gobierno el que actuó de forma desaseada y turbia, sólo con el ánimo de venganza y no de justicia.

Así cuida Espinoza el despacho privado al que pronto regresará.

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Los hechos hablan por sí solos. Como por arte de magia cesaron las campañas, fueron bajadas las banderas blanquinegras de arranque y recogidas las entradas de los apostadores. Fueron colocadas las quinielas en cuarentena.

Así ocurrió en el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Hubo hace tres semanas una estampida de candidatos a diputados, alcaldías y hasta a la gubernatura. Ahora no se sabe nada de ellos, con excepción del único que formalmente puede seguir encampañado porque su cargo lo permite, el diputado y presidente del PRI estatal, Omar Bazán Flores, aspirante a gobernador.

Todos los demás, así como salieron impulsados por su “sana ambición” de servicio hacia el 2021, así fueron recogidos por la dirigencia nacional del tricolor y devueltos a sus correspondiente rediles en espera de indicaciones oficiales.

Incluso los exgobernadores corralistas pidieron no hacer más públicos sus encuentros presenciales o vía Zoom con Corral por aquello de perjudicar lo que queda de la marca.

Son firmes en la rienda y categóricos en el ejercicio de su autoridad los dirigentes nacional y estatal priistas, “Alito” Moreno y Omar Bazán. Y los candidatos, o precandidatos, y los exgobernadores, no son nada religiosos pero en la única reencarnación en la que creen, no por fe sobrenatural sino por demostración probada, es en la de su partido. Recibieron el manotazo y acatarán el calendario con mansa disciplina hasta “que el partido indique los tiempos”.

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En unos días se cumplen dos años de que el Congreso del Estado reformó la Ley Orgánica de la Fiscalía General para crear la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste. Fue en agosto de 2018, pero jamás operó y es muy probable que nunca se concrete; por lo menos no mientras dure el informal régimen del nuevo amanecer.

La semana pasada, según reportes internos de la FGE, el propio titular César Augusto Peniche ordenó la suspensión completa del proyecto que requiere de cuando menos 20 millones de pesos para arrancar. Eso por lo bajito, pues en realidad el soporte presupuestal debe ser proyectado a varios años.

La “nueva” Secretaría de Seguridad Pública del Estado, encabezada por Emilio García Ruiz, ha sido beneficiada con todos los recursos adicionales que pida, pese a los magros resultados de ésta y su antecesora, la Comisión Estatal de Seguridad.

En cambio, a la FGE se le ha recortado el gasto en todos los renglones. La Fiscalía Noroeste -que se asentaría en Nuevo Casas Grandes, con jurisdicción en el Distrito Judicial Galeana y los municipios de Madera y Gómez Farías- fue uno de tantos proyectos a los que alcanzó la tijera. El pretexto para variar es la pandemia y el elevado gasto que exige.

El año pasado, a estas alturas, supuestamente ya sólo faltaba nombramiento de fiscal y contemplar la nueva estructura en el gasto 2020. Eran mentiras, ni hubo titular de la Fiscalía que nació muerta hace dos años ni tampoco se proyectó un presupuesto específico, pues entraría en la parte del gasto que se maneja de forma discrecional en la FGE.

Así que ni en sueños habrá Fiscalía Noroeste, pese a tratarse de una de las regiones más conflictivas y sin autoridad del estado. Seguirán tronando allá los chicharrones de los cárteles.