Por agencias
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CIUDAD DE MEXICO.- Habían transcurrido seis horas y media de la audiencia virtual cuando Emilio Lozoya Austin, a través de sus abogados, confirmó lo que por meses se especuló. De frente a una cámara colocada en su cuarto de hospital le dijo al juez que sí… que pudo haber come-tido hechos que fueron delitos, pero que lo hizo sin intención y bajo las órdenes de un “aparato organizado de poder”.El exdirector de Pemex no dio nombres ni cargos de los inte-grantes de ese aparato- aunque prometió que lo hará – pero la tesis detrás de su argumento de defensa creada por uno de los penalistas más influyentes del mundo, y la temporalidad de los hechos que los fiscales describie-ron no dejan margen de duda: se trata del gobierno que encabezóel expresidente Enrique Peña Nieto y sus secretarios de Estado.
“Fui sistemáticamente intimi-dado, presionado, instrumenta-lizado…” dijo Lozoya, y comple-taron sus abogados: “en el marco de los hechos señalados por las y los agentes del Ministerio Público de la Federación, el señor Emi-lio L. fue utilizado en su calidad de instrumento no doloso, en el marco de un aparato organizado de poder que se alejó del derecho de cara a la comisión de hechos como los referidos por la repre-sentación social el día de hoy”.¿Qué hechos son estos? La presunta adquisición, a cambio de sobornos, de una planta chatarra por la cual Pemex habría perdi-do casi 8 mil millones de pesos en el gobierno de Peña, a los que se sumarán presuntos sobornos realizados por Odebrecht (con financiamiento electoral inclui-do) que hoy serán presentados en una nueva audiencia.
El que Lozoya Austin intente responsabilizar a sus superiores es algo que ya se preveía desde el momento en que se anunció que el exfuncionario peñista buscaba colaborar con FGR, para denunciar delitos más graves de corrupción que los que a el se le imputan, a cambio de obtener beneficios legales.Pero lo que la audiencia de casi doce horas de duración realizada ayer puso al descubierto fue la estrategia: un plan que ha sido utilizado con éxito para denun-ciar entramados criminales que permitió llevar a la cárcel al ex-presidente de Perú, Alberto Fujimori, mientras que en Colombia permitió construir casos contra el crimen organizado.
