Agustín Jiménez.
Pocas horas después de su publicación en la edición en línea del Diario Oficial de la Federación con fecha de 11 de mayo, la noticia corrió “como reguero de pólvora”: “El ejecutivo federal otorgaba facultades extraordinarias al ejército mexicano para realizar labores policiacas durante, por lo menos, los siguientes cinco años”. La sorpresa fue mayúscula ante los ojos de muchos ya que este movimiento no fue previsto, ni anunciado – como es costumbre del mandatario – en las conferencias mañaneras. En otras palabras, se hizo en “lo oscurito”.
La razón de la sorpresa, en el buen sentido de la palabra, obedece a que, si algo criticó severamente Andrés Manuel López Obrador durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, es el haber usado a los soldados y marinos de las fuerzas armadas para suplir las labores de las fuerzas civiles que, según se sabía en ese momento, estaban corrompidas hasta sus entrañas por las células del crimen organizado a lo largo y ancho del territorio nacional.
Fue en febrero de 2012 cuando AMLO aseguró que devolvería el ejército a los cuarteles puesto que profesionalizaría a la policía y públicamente dio un plazo de seis meses, en esa ocasión la derrota fue ante Enrique Peña Nieto. Curiosamente, seis años después, negó lo dicho y, en el 2018, ya siendo presidente electo, retó públicamente a la prensa a que le demostraran lo contrario.
Y, mientras escribo la presente entrega, el ejecutivo federal se ha negado a contestar preguntas relativas a este decreto y señaló que lo haría el día posterior, es decir, hoy miércoles; aunque casi para concluir indicó que la siguiente conferencia estará enfocada en dar a conocer los lineamientos de regreso a vivir una “nueva normalidad” frase que, literalmente, el mandatario “subrayó” y ha terminado por cerrar la charla de manera abrupta y con media hora antes del tiempo acostumbrado cediéndole todo el espacio de la misma a una firma de convenio con una fundación. Debo reconocer que me sorprendió la manera tajante como le dijo a los representantes de la prensa: “Hasta aquí le dejamos”.
El acuerdo de colaboración es entre el gobierno que representa el tabasqueño y una conocida fundación de centros de rehabilitación física para niños en condiciones especiales, misma que, otrora, fuera severamente criticada por quien hoy es ejecutivo de la nación. Contradiciendo, con este acto, a todo lo aseverado durante tantos años en contra del patronato de estos centros y de los empresarios que conforman dicho organismo. Curiosamente, una buena porción de los miembros de la iniciativa privada que están detrás de la fundación, son propietarios de importantes medios de comunicación que han señalado los aciertos y también los errores – sin cortapisas – del titular de la Presidencia de la República.
Vayamos por partes. El decreto presidencial que faculta de manera extraordinaria al ejército mexicano me hace pensar dos cosas que pongo a consideración de usted, mi gentil amigo lector.
La primera de ellas es que, aunque no se ha reconocido públicamente, el proyecto de la guardia nacional que planteó el jefe del Estado mexicano como eje central de la lucha contra la delincuencia, ha sido insuficiente para solucionar la problemática que existe en todo el país y – probablemente a regañadientes – se tiene que recurrir a la solución que tuvieron, en su momento, gobiernos anteriores que el mismo AMLO ha señalado como “opositores” a su régimen, aunque estos ya estén en el pasado.
O bien que, el presidente López, vislumbra en el futuro un conflicto social que ninguno de nosotros alcanza a observar y, previendo tal situación, se ha adelantado a este al darle una mayor libertad a las fuerzas armadas.
La segunda es que, como parte de la estrategia de austeridad republicana o, de plano, “pobreza franciscana” – como él mismo lo indicó en días pasados – la presencia de las fuerzas armadas continuará permeándose en todas y cada una de las acciones del gobierno y no solo en la construcción de terminales aéreas y hospitales, coordinación y administración de algunos esquemas de salud y la implementación de los programas de salvaguarda a la población civil a los que ya estamos acostumbrados.
Lo cierto es que, si somos constructivamente críticos, considero que el apoyo de las fuerzas castrenses para controlar la delincuencia siempre ha sido de suma utilidad, independientemente del partido o figuras políticas que se encuentren en el poder.
En el caso del acuerdo de colaboración, lo considero como un acto de madurez de ambas partes en el que, el discurso de conciliación está cifrado en la salud del pueblo de México y la actitud de sumar esfuerzos para hacer preservar la integridad de la población, así como la recuperación de la mayor cantidad de pacientes de Covid-19, enfermedad ocasionada por el virus SARS-COV–2.
A partir de hoy, sin duda, se realizará una nueva serie de preguntas en torno a esos dos sucesos que contradicen en el mandato del presidente López a todo lo que AMLO indicó en campaña y nos hace preguntar: “¿Pues en qué quedamos?”
Y hasta aquí, pues como decía cierto periodista: “El tiempo apremia y el espacio se agota”.
