LIÉBANO SÁENZ
La realidad llama a un cambio de fondo de la justicia penal. Son muchos los intentos que se han hecho para adecuar leyes e instituciones para hacer frente a la ominosa evidencia de que la abrumadora mayoría de los delitos que se cometen en el país no llega a esclarecerse y sus responsables casi siempre quedan impunes. No es una situación nueva, ha sido la constante a lo largo de la historia nacional. Lo que sí es reciente, al menos en las pasadas tres décadas, es el incremento de delitos violentos por la evolución de una nueva criminalidad cuyo origen es la producción o el trasiego de drogas ilegales, situación que se ha vuelto por demás insostenible y por el daño que entraña para comunidades, personas y sus familias. También las instituciones públicas sufren un fuerte deterioro y desprestigio ante tal situación. La criminalidad junto con la corrupción son las grandes heridas del cuerpo. A pesar de las insuficiencias y de los magros resultados, el país ha consolidado buenas instituciones, además hoy hay funcionarios capaces en ese segmento de responsabilidades públicas fundamentales, como es el fiscal general de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero, y el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene una integración confiable y a la altura de la exigencia de estos tiempos. En el Poder Legislativo y especialmente en el Senado de la República hay talento sobrado para contribuir a una reforma para mejorar la capacidad del Estado mexicano a fin de hacer frente al crimen y la violencia en el contexto de la civilidad propia de la justicia moderna. La inclusión debe incorporar a la sociedad y particularmente al gremio y a la academia de derecho. No es una reforma fácil, pero si hay claridad de objetivos a partir de un certero diagnóstico puede asegurarse que la diversidad de opiniones y perspectivas converjan en un diseño institucional y jurídico consecuente con lo que se pretende. Aspecto por considerar es el definir etapas del cambio desde el proceso legislativo. Incluso inaugurar un esquema de aplicación de la norma en el que haya una evaluación al cabo de cierto tiempo y de los resultados se hagan las adecuaciones necesarias. No hay reforma infalible y por lo delicado del tema sería recomendable un innovador esquema en el que se prevean ajustes a partir de lo alcanzado. Así es, porque habrá que innovar en términos tales que solo los resultados son los que pueden avalar el cambio. Desde luego que se deben salvaguardar los principios propios del debido proceso y contenidos en nuestro texto constitucional. La gravedad de la situación no llama a decisiones desesperadas o precipitadas, esto puede ser contraproducente y provocar problemas más serios que las soluciones que se pretende. Por esta consideración es aconsejable que la reforma sea objeto de consulta y que sea un esquema de parlamento abierto la manera idónea para la participación de muchos en el diseño de la reforma. El Senador Ricardo Monreal se ha comprometido en reformar al Poder Judicial, tarea que debe emprenderse con un sentido de pluralidad y de inclusión. A la Fiscalía General de la República se le deben dotar herramientas suficientes para que pueda cumplir su cometido. Es fundamental que las malas prácticas del pasado queden superadas y que se potencie lo bueno que existe. Las expresiones recientes de su titular han sido claras y convincentes. Por su experiencia, visión y profesionalismo deben ser un elemento central para que el Estado mexicano fortalezca su capacidad para defender a la sociedad de sus peores y más perniciosos enemigos. Las garantías y derechos del inculpado deben asegurarse para que la investigación y el juicio penal cumpla con la condición del debido proceso. También debe darse mayor espacio a los derechos de las víctimas. Asimismo, para evitar que responsables de delitos evadan la justicia es necesario resolver el problema derivado de detenciones irregulares o carpetas de investigación deliberadamente mal integradas. Siempre he creído que los jueces deben ser protegidos de la amenaza o de la intimidación. Es necesario valorar lo que con éxito se ha hecho en otros países para cuidar a quien debe dictar sentencia. Tribunales especializados en crimen organizado y jueces protegidos en su identidad son algunos de los ejemplos. No debe trivializarse la amenaza que representa el crimen y desde ahora emprender cambios que salvaguarden a quienes conducen a las instituciones del Estado en la procuración o administración de justica. Finalmente estimo necesario incorporar un elemento de la reforma penal: el sistema carcelario mexicano. No es aceptable que los centros de reclusión sean escuelas para el crimen. Mucho menos sean una forma de santuarios para actividades criminales como es la extorsión telefónica. La sanción no solo debe ser ejemplar y consistente con la gravedad del delito, también debe ser espacio para dar lugar a una de las grandes utopías de la civilización: la reinserción social del delincuente. @liebano https://www.milenio.com/opinion/liebano-saenz/paralaje/reforma-de-justicia-penal
