A lo largo de la historia de la humanidad las penas con que se sancionan las conductas indebidas de los seres humanos han tenido propósitos muy diversos…
Y han respondido a distintas creencias y distintos credos políticos, y hasta religiosos. En ciertas épocas -todavía hay algunas voces en ese sentido- se pretendió corresponder al delincuente con una pena similar a la conducta realizada o equivalente al daño producido. Así surgió la pena venganza, donde se amputaba al ladrón, se enmudecía al difamador y se castraba al violador, aunque eso, dicho sea de paso, no eran las equivalencias exactas. A este tipo de penalidades se le denominó la Ley de Talión, en que se requerían ojos y dientes a pago o por lo menos a cuenta de la flaqueza de la conducta o del alma.
En otros tiempos surgió la pena que pretendió impedir que los delincuentes mantuvieran contacto con la comunidad para que no pudieran repetir contra ella su dañina conducta. Fueron las épocas en donde la sanción era el exilio, el confinamiento y el patíbulo. Fueron tiempos en donde no existió la penitenciaría y las prisiones eran de paso, en tanto se sustanciaba y se consumaba con rapidísimo trámite la mutilación de la célula maligna del cuerpo social.
Más adelante la pena cobró propósitos propios a partir de la falsa premisa de que el delito sólo vive en el alma de los pobres, de los ignorantes y de los marginados. De allí se derivó la idea de crear una prisión tipo pupitre para que en la reclusión o a través de ella se desterrara la marginación, la ignorancia y hasta la pobreza. Eran tiempos muy alejados de la delincuencia financiera, fiscal, bursátil, comercial, burocrática y especulativa, casos, donde hoy su comisión requiere grandes dosis de astucia, de técnica, de dinero y de poder.
La fortaleza o debilidad de un sistema penal -aseguran los expertos- no se mide por el tamaño de sus penas, sino por la eficacia de su aplicación. Un sistema que castigue con penas razonables el 90 por ciento de los delincuentes, es un sistema durísimo. Por el contrario, un sistema que castigue con penas tan extremas a tan solo el 2 por ciento de los delincuentes es un sistema flojo y blandengue.
Por esto es necesario que el aparato penalizador corrija vicios y deficiencias que se traducen en conductas que hoy en día no se castigan. En otras por lo contrario se castigan sin correspondencia con una reglamentación ética: En sanciones que no son congruentes por su extrema dureza o extrema blandura. Y en una sobrepenalización de la vida jurídica muchas veces indebida. Es arduo el camino que los mexicanos tenemos en los próximos tiempos para corregir nuestros espacios de castigo a los que infringen la ley en relación con la norma y la moral. En la búsqueda de orden y de justicia o en una mejor relación de justicia y el orden, se debe pensar siempre que la razón deberá ser la primera autoridad.
Quiero citar una reflexión de Hans Kelsen, que decía que la ley no es obligación sino tan sólo promesa de obligación, la única ley real concreta, sólida e ineludible es la sentencia. La ley promesa convertida en sentencia jurídica.
Por esta razón los políticos siempre consideran que trabajando en las penas están trabajando en la seguridad, por eso proponen o votan su incremento. Por eso están permanentemente amenazando a una delincuencia que ni los oye ni se espantan. O, ¿piensa usted, estimado lector, que a los delincuentes les interesa saber el tipo de legislación penal que en este momento se puede estar cocinando en el Congreso de la Unión? No, nunca les ha interesado qué pena corresponde al delito en los que ellos se han especializado. Por esta razón resulta, desde mi punto de vista, una pérdida de tiempo y una falsa expectativa para todos aquellos sectores que están plenamente convencidos de que la pena de muerte terminaría con los crímenes como son los secuestros.
La pena de muerte es rechazada por los sectores académicos que se especializan en el estudio de las penas, también es rechazada terminantemente por la Iglesia y por los sectores que se oponen a todo tipo de maltrato de lo que representa la vida. Los políticos -casi todos los políticos- no tienen la menor idea de si sea bueno o sea malo matar a los criminales en nombre del Estado. De lo que sí puedo estar seguro es que mientras exista esta concentración de la riqueza nacional habrá criminales, por encima de cualquier ley, así sea ésta la pena máxima.
Las anteriores consideraciones establecidas en esta colaboración son producto de la irritante situación que vive la sociedad mexicana en casi todo el país. El crimen organizado ha llegado a tener una conducta que excede los límites del derecho y actúa dentro de un mundo en el que la impunidad es el valor de mayor importancia y está bajo el control del crimen organizado.
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