Este servicio se brindará en los Juzgados Menores, a donde llegan principalmente los asuntos de quienes no pueden cubrir cuentas por compras a crédito.
El dictamen aprobado por la 61 legislatura, en su sesión ordinaria de ese jueves, señala:
-Por los intereses moratorios, gastos y costas, esas personas de escasos recursos, incluso grupos vulnerables, no cuentan con dinero para pagar la deuda ni para contratar un abogado y menos para promover juicio de amparo.
Todos los servicios serán gratuitos, obligatorios e ininterrumpidos, proporcionados por elementos capacitados profesionalmente.
A través del Instituto de Defensoría Pública, los abogados del estado ampliarán su influencia en los asuntos civiles y familiares.
Incluso los niños, en situaciones de divorcio de sus padres, tendrán un asesor jurídico permanente del Gobierno del Estado.
Otro de los grandes beneficios que otorga la Ley a las capas más desprotegidas, es que los documentos y certificaciones, hasta llegar a los edictos, se ofrecerán completamente gratis.
La nueva Ley viene a sustituir a la promulgada el 5 de mayo del 2009 y tiene que ver con el nuevo Sistema de Justicia Acusatorio y Oral que entrará en vigor próximamente en Tamaulipas.
Además, para dar vigencia a tratados y compromisos internacionales que ha firmado México y aprobado el Congreso del Estado como constituyente permanente.
EL 1º JULIO, NUEVO SISTEMA ORAL
La legislatura aprobó un paquete de cinco dictámenes relacionados todos con el nuevo sistema acusatorio. Uno de ellos es para confirmar a través del Código de Procedimientos Penales, que los juicios orales comenzarán en Tamaulipas el próximo uno de julio.
Sin embargo no será en todos los delitos sino los culposos en los casos de daño en propiedad, lesiones y homicidio, y arrancará en el distrito judicial de Victoria.
En los restantes 15 distritos el modelo se irá implementando gradualmente pero sin pasar más allá del tercer trimestre del 2014.
Cabe señalar que, de acuerdo con las reformas constitucionales del 18 de junio del 2008, los estados tienen hasta el año 2016 para aplicar el modelo acusatorio y oral.
La reforma al Código también da cabida a los Centros de Justicia Alternativa que están previstos en lo que se llama Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia Penal que se han echado a cuestas las entidades federativas.
Otro dictamen aprobado por la legislatura se refiere a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, tendiente a adecuar la organización y funcionamiento de dicho órgano a las necesidades del sistema que entrará en operación.
Asimismo reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia y la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y Restrictivas de la Libertad.
