Sólo resoluciones emitidas por autoridades del Ayuntamiento contra las que el ciudadano se inconforme
CD. VICTORIA, TAM.- El Tribunal de Justicia Administrativa Municipal no tiene competencia para conocer ni resolver actos de corrupción o despido de agentes de tránsito, los que deberán de ser atendidos en otra esfera de gobierno estatal según fue informado por el juez titular Humberto Rubén Dragustivos Perales.
“Hasta ahorita nosotros no tenemos competencia para conocer actos sobre despido de personal como los agentes de tránsito o de corrupción, eso le compete a otra instancia”, enfatizó el titular del Tribunal de Justicia Administrativa Municipal.
Señaló que el organismo a su cargo tiene competencia para atender asuntos en materia fiscal y administrativa, es decir, resoluciones emitidas por autoridades municipales, contra las que el ciudadano se inconforme.
“Nosotros de igual forma conocemos de la materia fiscal y administrativa, es decir, todos los actos y resoluciones que sean emitidas por autoridades municipales que tengan que ver con esta materia; todo lo relacionado con el DIF, con la Tesorería, Obras Públicas, Comapa y todos los organismos municipales”.
Resaltó que Ciudad Victoria es el único municipio del estado que cuenta con un Tribunal de Justicia Administrativa Municipal, el que tiene su origen en el artículo 115 de la Constitución que prevé la creación de tribunales cuando el municipio tenga capacidad económica y técnica para crearlos y operarlos.
Existen tres clases de tribunales: el municipal, el estatal y el federal, pero cada uno de ellos tiene su esfera de competencia.
Reiteró que en el caso de Ciudad Victoria los ciudadanos tienen posibilidad de acudir a presentar su inconformidad al tribunal municipal, mientras que la gente de otros municipios forzosamente tendría que acudir al tribunal estatal.
En cualquier caso, aclaró, los tribunales tienen la tarea de administrar la justicia cuando el ciudadano no esté conforme con cobros o sanciones derivados de un acto de alguna autoridad, y tendrán como obligación sancionar las conductas graves cometidas por funcionarios públicos.
Fuente: La Capital
