CRISTINA GÓMEZ
La falta de contrapesos aumenta el riesgo de impunidad. El Congreso de Tamaulipas sigue sin presentar un verdadero combate a la corrupción desde el frente de la fiscalización de cuentas públicas.
La Legislatura histórica, dominada por primera vez por un partido distinto al PRI, que tanto fue tachado de corrupto cuando el PAN era oposición, no muestra tres años después alguna acción contundente para castigar a quien hubiera hecho mal uso del erario.
No nos digan que el manejo de todos ha sido pulcro, como pretendía hacer creer el tricolor cuando solo enviaba a la cárcel a los adversarios políticos o priistas en desgracia.
El día en que se aplique la ley a quien se haya enriquecido con dinero público y no se trate precisamente de un enemigo político, se empezará a recuperar la confianza ciudadana. No antes. La sociedad está harta de la corrupción que, hay que reconocerlo, no es exclusiva de los gobernantes y políticos; se da en todos niveles y en todas partes.
Pero volviendo al caso que nos ocupa, cuando la Auditoría Superior del Estado ponga en línea sus informes de resultados de auditorías, tal como lo hace la Auditoría Superior de la Federación, se habrá avanzado. Transparencia sigue haciendo falta.
Mientras la ASE se guarda los resultados de sus revisiones, el órgano federal da santo y seña de todo lo que a su paso encuentra y ahí se ha visto falta de aplicación del principio de anualidad que propicia importantes subejercicios y desviaciones.
La problemática del gasto federalizado ha sido influenciada por la debilidad de las finanzas de estados y municipios, que derivaba en un pretexto para que se utilizaran recursos de programas federales, en fines diferentes de los autorizados. Ahora como el dinero federal fluye a cuentagotas, eso complica mucho las cosas.
Pero el mayor riesgo que persiste es la falta de independencia y autonomía del ente fiscalizador local. En resumen, la rendición de cuentas en Tamaulipas no se percibe eficaz para combatir la corrupción. Todo esto sale a colación porque ayer se aprobaron 191 cuentas públicas de 2017 y 2018 de poderes, ayuntamientos y organismos.
Fuente: Milenio
