CARLOS PUIG
Frente a la amenaza de Donald Trump y sus policías migratorios de iniciar operativos para capturar y deportar masivamente a indocumentados en territorio estadunidense, de los cuales la mayoría son mexicanos, el secretario de Relaciones Exteriores anunció una estrategia de defensa legal a través de los consulados.
En la misma intervención de ayer en la mañanera, Ebrard también defendió las acciones del gobierno que él coordina contra los migrantes centroamericanos citando la ley mexicana. Dijo que todo lo que se estaba haciendo no era más que aplicar la ley, que exige a quien entre al país tender documentos que acrediten su estancia legal aquí.
Y, pues sí. Eso es lo que hoy quiere Donald Trump y su tropa respecto a los mexicanos (y otros) allá.
Las iniciativas de defensa de indocumentados en procesos como los que ahora quiere comenzar el gobierno de Estados Unidos han estado fondeadas y organizadas históricamente en ese país, ya sea por organizaciones no gubernamentales o por alcaldías y estados que reconocen la importancia de nuestros connacionales allá. La ciudad de los Ángeles, por ejemplo, tiene 10 millones de dólares en un fondo creado el año pasado y cuyas reglas de operación aún están en discusión.
El laberinto que son las leyes migratorias estadunidenses requiere de una cosa para tener alguna oportunidad de evitar la deportación: un abogado.
Los consulados mexicanos más grandes tienen acuerdos con despachos de abogados privados que les permiten dar asesoría a los mexicanos allá, no representación, y son más que insuficientes. El consulado en Nueva York, por ejemplo, trabaja con cuatro abogados que dan sesiones de asesoría un par de horas cada día.
Decía Marcelo Ebrard ayer que él irá las veces que sea a EU para colaborar si es que empiezan los operativos. Creo que más bien tendría que ir a Washington.
La solución es política. No habrá abogados ni dinero que alcancen si las redadas son masivas.
Ahí sí, el único camino es lo que los más sensatos funcionarios y legisladores de ambos lados de la frontera han propuesto e intentado desde hace lustros: un camino para hacer documentados a los millones que no los son.
Eso, sin embargo, no está hoy en el lenguaje de ninguno de los gobiernos.
@puigcarlos
