Víctor José Carretero Zardeneta, agente aduanal y pastor evangélico, fue mencionado dentro de una investigación relacionada con el contrabando de más de 144 millones de litros de combustible por la Aduana de Matamoros. Su aparición obliga a revisar una historia anterior: sus vínculos públicos con el grupo político de la exalcaldesa panista Leticia Salazar Vázquez y el entorno empresarial de su mano derecha Luis Alfredo Biasi
Especial. Por Isaias Alvarez
Leticia Salazar y Víctor José Carretero Zardeneta durante un acto público en Matamoros, imagen: redes sociales.
Víctor Carretero, entre los buscados por el megacontrabando
Matamoros, Tamaulipas.- El nombre de Víctor José Carretero Zardeneta apareció en uno de los mayores expedientes de contrabando de combustible documentados en la frontera tamaulipeca. El 14 de julio de 2026, Grupo Reforma informó que se habían girado órdenes de aprehensión contra 13 personas por el ingreso irregular de más de 144 millones de litros de hidrocarburos a través de la Aduana de Matamoros. Siete de los señalados habían sido detenidos y procesados; otros seis, entre ellos Carretero, eran identificados como prófugos.
La publicación colocó públicamente al agente aduanal y dirigente religioso dentro de una investigación por huachicol fiscal. Según los documentos judiciales citados por el periódico, la organización habría introducido 144 millones 508 mil 856 litros de diésel, gasolina y nafta entre el 1 de junio y el 22 de julio de 2025.
Los cargamentos eran declarados en los pedimentos como solución de cloruro de calcio, una sustancia distinta a los hidrocarburos transportados en los ferrotanques. La operación necesitaba empresas importadoras, documentación aduanera, transporte ferroviario, personal encargado del despacho y funcionarios responsables de revisar las mercancías.
Durante un operativo realizado el 21 de julio de 2025 en la Aduana de Matamoros, la FGR aseguró 17 ferrotanques con un millón 607 mil 433 litros de diésel y 14 mil 260 litros de nafta ligera, de acuerdo con la investigación publicada por Grupo Reforma.
Entre las personas detenidas aparece Alexis Aarón Camacho Flores, identificado como dependiente autorizado de Carretero. La Agencia Nacional de Aduanas de México establece que los agentes aduanales deben registrar a los empleados o dependientes que los auxilian en los trámites del despacho de mercancías.
La relación obliga a determinar cuáles operaciones realizó Camacho Flores bajo la estructura de Carretero, qué pedimentos estuvieron relacionados con los cargamentos y qué empresas contrataron sus servicios. La identificación de un dependiente no demuestra por sí sola que el titular de la patente conociera el contenido real de los ferrotanques.
Carretero no fue el único señalado como prófugo. La publicación también mencionó a Armando Barrera Trujillo y Blas Pedro Sarabia García, exadministradores militares de la Aduana de Matamoros; Jorge García García, exsubdirector de Operación Aduanera; Ana Luisa Montes Trejo, administradora de Ferroservicios, y Raúl Dorantes Ocampo, accionista de esa empresa.
El caso contiene además un episodio sin explicación oficial. En enero de 2026, La Razón, MexNoticias y EnlaceMX reportaron que Carretero habría sido intervenido durante un operativo federal en el Puente Internacional Viejo de Matamoros.
El despliegue provocó el cierre temporal del cruce, pero ninguna autoridad informó públicamente el motivo, el destino del agente aduanal o si se trató de una detención formal.
La falta de información deja preguntas abiertas: ¿aquel operativo estaba relacionado con el expediente de los 144 millones de litros?, ¿Carretero fue presentado ante alguna autoridad?, ¿la orden de aprehensión todavía no había sido librada?, ¿por qué los documentos citados en julio lo ubicaron después como prófugo?
Una orden de aprehensión no equivale a una sentencia. La responsabilidad penal de Carretero deberá resolverse en tribunales. Sin embargo, su inclusión en el expediente establece el punto de partida de esta investigación: un agente aduanal con décadas de actividad en Matamoros terminó señalado dentro de una operación que necesitó conocimiento del despacho aduanero, documentación, transporte y coordinación institucional.
Para entender cómo llegó hasta ese expediente es necesario revisar quién era Carretero fuera de la aduana y qué relaciones construyó alrededor del poder local.
El agente aduanal que también dirigía una iglesia
Víctor José Carretero Zardeneta operaba en la Aduana de Matamoros desde mucho antes del gobierno de Leticia Salazar. El 6 de julio de 1988, la Secretaría de Hacienda autorizó la expedición de la patente aduanal número 635 a su favor, con adscripción en Matamoros.
Cuando Salazar llegó a la presidencia municipal en 2013, Carretero acumulaba 25 años dentro de la actividad aduanera. Paralelamente, se había convertido en pastor de Impacto de Vida Internacional, congregación cristiana que lo identifica como uno de sus dirigentes.
Medios locales también lo han descrito como empresario vinculado con el sector de la comunicación, aunque su participación societaria exacta requeriría revisar registros mercantiles.
Su cercanía pública con Leticia Salazar comenzó a documentarse durante la campaña municipal. Una publicación de enero de 2014 recordó que la entonces candidata panista había asistido a un acto promovido por la Alianza de Pastores de Matamoros bajo los auspicios de Carretero.
La participación en un encuentro religioso no prueba una sociedad económica ni una conducta ilegal, pero si permite acreditar que Carretero tenía contacto con Salazar desde la etapa electoral y una posición relevante entre sectores evangélicos de la ciudad.
En julio de 2014, el agente aduanal volvió a coincidir con familiares de la alcaldesa durante una marcha por la paz en Matamoros, en la que participaron empresarios, dirigentes sociales y políticos de diferentes grupos.
Estos encuentros no demuestran complicidad criminal. Lo que documentan es que Carretero no era ajeno al entorno social que acompañó la llegada de Salazar al Ayuntamiento. Combinaba una patente aduanal con liderazgo religioso, relaciones empresariales y presencia en espacios frecuentados por integrantes del poder municipal.
Hasta ahora no existe evidencia pública que demuestre que Leticia Salazar conociera las operaciones de combustible atribuidas a la red investigada. La cercanía con Carretero, por sí misma, tampoco permite responsabilizarla.
La pregunta periodística es qué relaciones institucionales, comerciales o políticas mantuvo el agente aduanal con aquella administración y si alguna empresa, colaborador o integrante de su entorno obtuvo contratos, cargos o facilidades municipales. Las respuestas requieren revisar cuentas públicas, nóminas, contratos y padrones de proveedores.
Ahora bien, dentro del gobierno de Salazar hubo otro personaje cuya relación con la infraestructura fronteriza fue mucho más directa: Luis Alfredo Biasi.
Quiénes rodearon a Leticia Salazar en el poder
Leticia Salazar Vázquez ganó la presidencia municipal en 2013 y se convirtió en la primera mujer en gobernar Matamoros. De acuerdo con el Programa de Resultados Preliminares citado por Hora Cero, obtuvo 85 mil 586 votos y devolvió al PAN el Ayuntamiento después de 18 años.
Carretero pertenecía al entorno social y religioso que acompañó su ascenso, pero Luis Alfredo Biasi ingresó directamente al gobierno. Fue secretario de Desarrollo y Bienestar Social y El Universal lo describió como uno de los funcionarios más importantes del municipio y brazo derecho de la alcaldesa.
Biasi también era relacionado con Grupo Alpha. En diciembre de 2014, elementos de la Policía Federal Ministerial catearon unas oficinas en Matamoros donde, según Excélsior, trabajaba personal de ese corporativo.
El operativo ocurrió después de que Biasi fuera detenido por una acusación de defraudación fiscal correspondiente a ingresos de 2012, antes de su incorporación al Ayuntamiento. Las cantidades publicadas sobre la supuesta defraudación variaron entre siete y nueve millones de pesos, por lo que no debe presentarse una cifra definitiva sin consultar el expediente judicial.
El grupo político de Salazar también tenía una dimensión familiar. En 2015, su padre, Ramiro Salazar Rodríguez, fue postulado como candidato del PAN a diputado federal. Excélsior informó que su suplente era Luis Alfredo Biasi Serrano, tío del exsecretario municipal.
La precisión es necesaria porque aparecen dos personas con nombres semejantes: Luis Alfredo Biasi, empresario y exfuncionario municipal, y Luis Alfredo Biasi Serrano, integrante de una generación anterior de la familia.
En mayo de 2015, Excélsior publicó una investigación según la cual el Ayuntamiento había entregado contratos por al menos 200 millones de pesos de fondos federales a 30 empresas. Al visitar los domicilios registrados, el periódico encontró casas particulares, terrenos y direcciones sin infraestructura empresarial visible.
La investigación se apoyó en relaciones de obra pública, contratos, oficios de pago y el padrón municipal de contratistas. El gobierno de Salazar rechazó los señalamientos y sostuvo que se trataba de un golpe político contra la alcaldesa.
La publicación provocó solicitudes para que la Auditoría Superior de la Federación y la PGR revisaran los contratos. Posteriormente, el candidato independiente Jorge Rentería Campos presentó una denuncia contra Salazar y varios colaboradores por posibles delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y peculado.
En el contexto de las elecciones federales de 2015, el PRI presentó otra denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. En ella mencionó a Leticia Salazar, Ramiro Salazar, Luis Biasi y funcionarios municipales por el supuesto uso de recursos públicos y fondos de procedencia ilícita con fines electorales.
Al tratarse de una acusación presentada por un partido adversario durante una campaña, debe entenderse como una denuncia política y jurídica, no como una responsabilidad demostrada.
Ninguno de estos antecedentes acredita que Leticia Salazar participara en el huachicol investigado años después. Tampoco las denuncias por contratos prueban por sí mismas la existencia de una red criminal.
Lo documentado es que su administración estuvo rodeada por familiares, funcionarios y empresarios con presencia en actividades estratégicas de la frontera. Carretero aportaba conocimiento y relaciones aduaneras desde fuera del gobierno; Biasi ocupaba una posición directa dentro del Ayuntamiento y estaba vinculado públicamente con empresas del entorno logístico.
La trayectoria posterior de Biasi merece un capítulo separado. Después de su salida del gobierno, su nombre volvería a aparecer en investigaciones fiscales, acusaciones relacionadas con agentes aduanales, cateos y señalamientos sobre operaciones fronterizas.
Luis Biasi: el brazo derecho de Lety Salazar
Los cuestionamientos alrededor de Luis Alfredo Biasi no terminaron con su salida del gobierno de Leticia Salazar. En los años siguientes, su nombre volvió a aparecer en episodios relacionados con bodegas, operaciones fronterizas, agentes aduanales y movimientos financieros investigados por las autoridades.
Uno de los antecedentes surgió en enero de 2014, cuando el SAT informó sobre un operativo realizado en coordinación con autoridades estadounidenses y la Secretaría de Marina. En una bodega de Matamoros fueron aseguradas 2 mil 800 cajas de cerveza, whisky y otras bebidas alcohólicas, además de 800 paquetes de cigarros cuya importación legal no había sido acreditada. También fueron localizadas nueve camionetas presuntamente utilizadas para transportar la mercancía.
El comunicado reproducido por Milenio no identificó públicamente al propietario de la bodega. Sin embargo, publicaciones locales atribuyeron el inmueble a Biasi, entonces secretario municipal, y señalaron que se encontraba fuera de Matamoros cuando se efectuó la inspección.
Otro episodio ocurrió en mayo de 2018. Medios fronterizos reportaron que empleados relacionados con Grupo Alpha intentaron ingresar por la aduana un cargamento declarado como equipo médico, dentro del cual fueron encontrados mil 136 chalecos antibalas, mil 200 teléfonos celulares y otras mercancías. Las publicaciones atribuyeron el pedimento y la operación al entorno empresarial de Biasi.
No fue localizado un comunicado público de la PGR o del SAT que permita confirmar el resultado jurídico de aquel aseguramiento, si se ejerció acción penal o quién era legalmente responsable del cargamento. Por ello, el episodio debe presentarse como un señalamiento difundido por medios, no como una sentencia por contrabando.
El proceso judicial más claramente documentado comenzó el 1 de junio de 2018, cuando la Procuraduría de Tamaulipas cumplimentó una orden de aprehensión contra Biasi por los probables delitos de extorsión y asociación delictuosa. Cuatro días después, un juez de control lo vinculó a proceso y ordenó que permaneciera en prisión preventiva.
De acuerdo con la información de la Procuraduría reproducida por Grupo Reforma, las víctimas señalaron que Biasi habría ejercido violencia física y moral para obligar a diversos agentes aduanales a pagar una cuota por cada trámite que realizaban. La acusación colocó al exfuncionario no sólo en el entorno empresarial de la frontera, sino dentro de un presunto mecanismo de presión y cobro sobre quienes procesaban operaciones de comercio exterior.
Mientras Biasi permanecía recluido, en marzo de 2019 un juez lo vinculó a un segundo proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita. La audiencia correspondió a la carpeta procesal 0041/2019 y se originó en una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de Tamaulipas.
La información pública disponible confirma la vinculación, pero no explica con precisión qué recursos fueron analizados, de qué actividad ilícita habrían procedido, qué empresas estuvieron involucradas o cuál fue el desenlace definitivo del proceso.
Biasi salió del penal de Ciudad Victoria en septiembre de 2021, después de permanecer alrededor de tres años privado de la libertad. Las notas sobre su liberación señalaron que no fueron informadas públicamente las condiciones jurídicas que la hicieron posible ni el estado final de los procesos que enfrentaba.
Estos antecedentes no demuestran que Biasi participara en el contrabando de combustible investigado actualmente en Matamoros, pero si documentan que su trayectoria empresarial y judicial estuvo vinculada durante años con los espacios necesarios para mover mercancías por la frontera: transporte, bodegas, pedimentos, agencias aduanales y relaciones con operadores del comercio exterior.
Por eso, cuando en abril de 2026 fuerzas federales ingresaron a un inmueble atribuido por medios locales al antiguo círculo de Leticia Salazar y Luis Biasi dentro de una investigación por hidrocarburos, el operativo no apareció en un vacío histórico.
El rastro del combustible y las preguntas pendientes
La madrugada del 17 de abril de 2026, elementos del Ejército, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República catearon un inmueble situado en la esquina de las calles 18 y Bustamante, en el centro de Matamoros. El lugar era utilizado, según las primeras publicaciones, para resguardar tractocamiones.
Info en Línea informó que el cateo formaba parte de una investigación federal por robo de hidrocarburos y presentó el inmueble como presuntamente ligado con Leticia Salazar. La misma publicación señaló, con base en informes preliminares, que la propiedad podría pertenecer a Luis Biasi, a quien identificó como figura central de aquella administración municipal.
Otra publicación fue más categórica y atribuyó el edificio directamente a Salazar y Biasi. Sin embargo, ninguna de las notas presentó escrituras, datos del Registro Público de la Propiedad o documentos corporativos que acreditaran legalmente la titularidad.
Las autoridades tampoco difundieron un comunicado que explicara el resultado del operativo. No se informó públicamente si fueron encontrados combustibles, documentos, vehículos modificados o sistemas de almacenamiento; tampoco si hubo detenidos, órdenes de aprehensión o personas formalmente investigadas.
Por eso, el cateo no permite afirmar que Leticia Salazar o Luis Biasi operaran una red de huachicol. Lo que sí acredita es que un inmueble atribuido periodísticamente a su entorno fue intervenido por autoridades federales dentro de una indagatoria relacionada con hidrocarburos.
Ocho días después se efectuó otro operativo, esta vez plenamente confirmado por el Gobierno federal. En un predio ubicado sobre la carretera Valle Hermoso–Puente Internacional, autoridades aseguraron 60 mil litros de hidrocarburo, 13 tanques, ocho equipos de bombeo, cinco contenedores, dos autotanques, una caja seca y un vehículo.
El predio se encontraba en las inmediaciones del ejido Progreso Agrario, sobre la ruta hacia el Puente Internacional Los Indios. N+ reportó que funcionaba como centro de concentración, almacenamiento y manejo de combustible ilícito, presuntamente relacionado con una facción de grupos del C.O.
Los dos cateos no deben mezclarse. Ocurrieron en domicilios distintos y no existe información pública que confirme que pertenecieran a la misma carpeta, compartieran propietarios o estuvieran conectados operativamente. El primero fue realizado en las calles 18 y Bustamante y quedó rodeado de versiones no aclaradas; el segundo ocurrió sobre la carretera a Valle Hermoso y produjo un aseguramiento de hidrocarburo reconocido oficialmente.
La cercanía temporal entre ambos operativos muestra, sin embargo, que las autoridades estaban siguiendo más de una línea sobre almacenamiento y movimiento ilegal de combustibles en Matamoros.
Tres meses después, la investigación nacional sobre huachicol fiscal colocó a la Aduana de Matamoros en el centro de un sistema mucho más amplio. El País documentó que las importaciones sospechosas de derivados petroleros aumentaron después de la militarización de la aduana y que el esquema requirió la participación de empresas privadas, transportistas, agentes aduanales y funcionarios responsables de revisar los cargamentos.
En ese contexto apareció Víctor José Carretero Zardeneta. Su inclusión en el expediente de los ferrotanques no prueba una conexión con los cateos de abril ni con las investigaciones previas de Biasi. Tampoco existe evidencia pública de que Carretero, Salazar y Biasi hayan formado parte de una misma organización.
Lo que existe es una acumulación de hechos que exige respuestas.
Un agente aduanal cercano públicamente al entorno de Leticia Salazar fue señalado dentro de una investigación por contrabando de combustible. El operador empresarial más influyente de aquella administración enfrentó procesos relacionados con extorsión a agentes aduanales y recursos de procedencia ilícita. Años después, un inmueble atribuido por medios a ese antiguo círculo fue cateado dentro de una investigación sobre hidrocarburos.
Cada hecho pertenece a un expediente distinto. Hasta ahora, ningún documento público permite cerrar el triángulo. Pero el huachicol fiscal no funciona con una sola persona ni comienza dentro de un ferrotanque. Necesita empresas que importen, agentes que tramiten, funcionarios que autoricen, transportistas que desplacen, inmuebles donde almacenar y redes capaces de colocar el combustible en el mercado.
La pregunta central no es si tres personajes se conocían. Eso está parcialmente documentado. La pregunta es si las relaciones políticas, empresariales y aduaneras construidas durante años en Matamoros fueron utilizadas por las redes que después convirtieron la frontera en una de las principales puertas de entrada del combustible ilegal.
Responderla requiere acceder a los expedientes completos, identificar a los propietarios de los inmuebles, revisar los pedimentos, conocer los clientes de las agencias aduanales y reconstruir los movimientos financieros de las empresas involucradas.
Hasta entonces, las conexiones deben presentarse como lo que son: hechos paralelos, vínculos públicos y preguntas abiertas, no como una culpabilidad colectiva. Pero después de la aparición de Carretero en el expediente, la pregunta dejó de ser si esos mundos alguna vez se tocaron y pasó a ser quién los conectó, qué operaciones compartieron y por qué, durante tantos años, nadie siguió el rastro completo.
