Huachicol en Tamaulipas: más de 7.3 millones de litros decomisados en 2026
En los primeros siete meses de 2026, autoridades aseguraron en Tamaulipas más de 7.31 millones de litros de hidrocarburos. Los cateos revelaron terminales clandestinas con pipas, tanques industriales, sistemas de bombeo y vigilancia. Paralelamente, investigaciones periodísticas y expedientes en Estados Unidos volvieron a mencionar a Luis Ariel Rivera Rodríguez y a José Ramón Gómez Leal.
Especial. Por Isaias Álvarez
2026: más de 7.31 millones de litros asegurados
Ciudad Victoria Tamaulipas. -El primer gran hallazgo del año fue anunciado el 29 de marzo. La Fiscalía General de la República informó del aseguramiento de alrededor de dos millones 189 mil litros de hidrocarburoen un inmueble de Reynosa localizado después de una denuncia anónima y un informe elaborado por elementos de la Guardia Nacional. En el predio también fueron encontrados 49 tanques móviles tipo frac tank, 18 autotanques, seis tractocamiones, una caja seca, un autotanque artesanal, una motobomba, 14 tanques metálicos y un montacargas.
La dimensión del operativo cambió la escala con la que se observaba el huachicol en la frontera. Los 49 contenedores industriales, los vehículos pesados y el equipo de carga mostraban un espacio preparado para recibir, almacenar y redistribuir grandes cantidades de combustible, no un punto ocasional para ocultar una pipa.
Dos meses después, durante cateos realizados cerca de la carretera Reynosa-Monterrey, la FGR aseguró más de un millón 350 mil litros en dos inmuebles. En el primero había un millón 200 mil litros, 24 pipas, 18 frac tanks, ocho tractocamiones, seis motobombas, cámaras de vigilancia, cargadores y cartuchos. Dos personas fueron detenidas y posteriormente vinculadas a proceso. En el segundo inmueble se encontraron aproximadamente 155 mil litros de hidrocarburo, además de 190 mil litros de alcohol y equipo para su almacenamiento y traslado.
El 12 de junio, en el ejido Las Norias de San Fernando, dos personas fueron detenidas dentro de un inmueble que ya se encontraba asegurado. La revisión permitió localizar mil 800 litros de hidrocarburo, nueve cubitanques, 93 bidones, una motobomba, mangueras y un vehículo. Ambos fueron vinculados a proceso por almacenamiento ilícito, quebrantamiento de sellos y perturbación del lugar de los hechos.
El mayor decomiso terrestre del año fue dado a conocer el 22 de julio. En un predio de la Brecha El Becerro, en Reynosa, la FGR aseguró tres millones 769 mil 500 litros de hidrocarburo, además de seis tractocamiones, siete pipas, 11 frac tanks, siete tanques de almacenamiento, ocho motobombas, generadores y una estructura de tuberías presuntamente utilizada para el procesamiento de fluidos. La Fiscalía informó que la investigación continuaba para esclarecer la procedencia del producto y deslindar responsabilidades.
Las cantidades informadas en esos cuatro casos suman alrededor de siete millones 315 mil 300 litros. La cifra aumenta al incorporar aseguramientos carreteros de menor volumen, como 12 mil litros localizados en marzo en la carretera Victoria-Monterrey, 54 mil 300 litros de gasóleo asegurados en junio y 31 mil 500 litros transportados desde Matamoros con destino a Querétaro.
Reynosa, el epicentro de las terminales clandestinas
Tres de los cuatro mayores aseguramientos de hidrocarburos documentados en Tamaulipas durante 2026 se concentraron en Reynosa. La ubicación no es menor, la ciudad conecta con Texas mediante 3 puentes internacionales, tiene salida directa hacia Monterrey, al centro de Tamaulipas y se encuentra próxima a corredores ferroviarios, instalaciones energéticas y rutas utilizadas por el transporte de carga.
Los predios fueron localizados en caminos de terracería, brechas y zonas cercanas a la carretera Reynosa-Monterrey, de acuerdo con los comunicados de los cateos realizados en marzo, junio y julio. Esa combinación ofrece aislamiento suficiente para reducir la exposición, pero accesos capaces de soportar el ingreso constante de tractocamiones y autotanques.
Los hallazgos tampoco parecen corresponder a instalaciones montadas de un día para otro. Una operación con cámaras de vigilancia, generadores eléctricos, montacargas, tanques verticales, decenas de pipas y redes de tuberías requiere inversión, personal, mantenimiento, proveedores y compradores. También necesita caminos transitables y movimientos frecuentes de vehículos pesados.
La concentración de los decomisos coincide con un periodo de continuidad política excepcional. Desde 2016, Reynosa ha sido gobernada durante cuatro administraciones consecutivas por dos integrantes de una misma familia. Maki Ortiz Domínguez gobernó de 2016 a 2018 y fue reelegida para el periodo 2018-2021. Posteriormente, su hijo Carlos Peña Ortiz obtuvo la alcaldía para el periodo 2021-2024 y fue reelegido para gobernar de 2024 a 2027.
Aunque ambos llegaron al poder mediante siglas y coaliciones diferentes —Maki Ortiz originalmente con el PAN y Carlos Peña con Morena y sus aliados—, la secuencia representa la continuidad de un mismo núcleo familiar y político. Antes de convertirse en alcalde, Carlos Peña Ortiz asumió la presidencia del Patronato del DIF Reynosa durante la administración de su madre, luego de haber participado en el voluntariado juvenil del organismo.
Esta continuidad no implica por sí misma responsabilidad alguna en los hechos investigados. No existe información pública que vincule directamente a Maki Ortiz o a Carlos Peña Ortiz con los cargamentos o predios asegurados. Sin embargo, sí constituye un elemento relevante para entender quién ha administrado la ciudad durante el periodo en el que pudieron instalarse, crecer o funcionar estructuras con capacidad para almacenar millones de litros de combustible.
Las dimensiones de los complejos obligan a preguntar qué información existía en las áreas municipales de Desarrollo Urbano, Catastro, Protección Civil, Obras Públicas y uso de suelo. También resulta necesario conocer si los predios contaban con permisos, si fueron inspeccionados, si existían reportes vecinales o si las autoridades locales detectaron el tránsito constante de pipas, maquinaria y vehículos pesados.
La pregunta deja entonces de ser únicamente de dónde salió el combustible. También importa quién proporcionó los terrenos, quién compró o rentó los tanques, a qué compañías pertenecían las pipas, quién esperaba recibir el producto y qué registros generaron esas instalaciones durante el tiempo en que estuvieron activas.
Hasta ahora, los comunicados de la FGR permiten conocer con precisión las cantidades de combustible y buena parte de los vehículos y equipos asegurados, pero no revelan siempre la identidad de los propietarios de los inmuebles, las empresas transportistas, los arrendatarios o los clientes finales. Tampoco establecen desde cuándo operaban los predios ni qué trámites pudieron realizar ante el municipio.
En una ciudad gobernada desde hace casi una década por un mismo núcleo político y familiar, esa falta de información no constituye una acusación, pero sí una línea de investigación necesaria. Los decomisos muestran lo que había dentro de los predios; los archivos municipales podrían explicar desde cuándo estaban ahí y quiénes aparecían detrás de ellos.
No eran bodegas: la anatomía del huachicol industrial
La imagen tradicional del huachicol está asociada con una toma clandestina, una manguera y recipientes de plástico. Los cateos de 2026 muestran una estructura diferente. Los frac tanks son grandes depósitos móviles utilizados en actividades industriales; las motobombas permiten transferir líquidos entre tanques y autotanques; los montacargas facilitan el movimiento de equipo y contenedores; y las cámaras de vigilancia permiten controlar los accesos.
En la Brecha El Becerro, la FGR localizó una estructura de tuberías, tres tanques con capacidad de 20 mil barriles, cuatro con capacidad de 10 mil, generadores y motobombas. El País describió los inmuebles como una refinería y una minirrefinería clandestinas y estimó en cerca de 120 millones de pesos el valor de lo asegurado. Hasta ese momento no se habían anunciado detenciones relacionadas directamente con esos predios.
En el operativo de junio, además del combustible, la FGR localizó aproximadamente 190 mil litros de alcohol. El comunicado no estableció públicamente para qué sería utilizado. Su presencia puede abrir líneas de investigación sobre mezclas, adulteración o simulación comercial, pero atribuirle una función concreta sin un dictamen pericial supondría adelantar conclusiones.
El tamaño de las instalaciones obliga a mirar más allá de las personas encontradas dentro de los predios. Una terminal clandestina necesita cartas porte, facturas, placas, permisos de circulación, talleres, operadores, proveedores de tanques y redes de comercialización. En el cateo de junio, la Fiscalía informó que también había asegurado documentación diversa, pero no detalló públicamente su contenido ni las empresas que aparecían en ella.
Los cateos han permitido conocer la anatomía física del negocio. La estructura corporativa continúa siendo mucho menos visible.
Luis Ariel Rivera Rodríguez: un nombre que cruza dos décadas
El nombre de Luis Ariel Rivera Rodríguez no apareció por primera vez con los decomisos de 2026. Investigaciones periodísticas y expedientes estadounidenses lo ubican desde años atrás en operaciones relacionadas con el traslado de hidrocarburos entre Tamaulipas y Texas.
En julio de 2026, El País lo describió como un empresario huachicolero con una larga historia criminal y lo identificó como el testigo principal de la Fiscalía estadounidense en el proceso contra James y Maxwell Jensen. Según el reportaje, Rivera encabezaba Luxemborg Trading LLC y desde 2024 colaboraba con autoridades de Estados Unidos, a las que entregó información y grabaciones sobre operaciones de crudo presuntamente sustraído de Pemex y trasladado a Texas bajo denominaciones comerciales falsas.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que la acusación contra los Jensen comprende aproximadamente dos mil 881 importaciones presuntamente fraudulentas de crudo y que, en caso de condena, las autoridades buscarían una recuperación económica de 300 millones de dólares. La acusación formal no constituye una sentencia y los procesados conservan la presunción de inocencia.
El País sostuvo que Rivera había estado relacionado desde al menos 2006 con el comercio ilícito de combustibles y que una de sus empresas vendía en Texas diésel y condensado a precios inferiores a los del mercado. Por su parte, una investigación de N+ lo relacionó con empresas de transporte, logística, almacenamiento y comercialización y con rutas ferroviarias que atravesaban las aduanas de Nuevo Laredo, Matamoros y Piedras Negras.
La cobertura periodística utiliza calificativos directos contra Rivera y refiere antecedentes judiciales específicos. Sin embargo, hasta ahora no existe información pública que permita atribuirle la propiedad o la operación de los predios cateados en Reynosa durante 2026.
Su importancia en esta historia no radica en presentarlo como responsable automático de cada cargamento, sino en mostrar que las rutas utilizadas para mover hidrocarburos entre Tamaulipas y Texas tienen operadores, empresas y antecedentes que preceden a los decomisos actuales. Otro reportaje de El País colocó nuevamente su nombre dentro de las redes transfronterizas del llamado huachicol a la inversa.
José Ramón Gómez Leal y su cercanía con Luis Rivera
José Ramón Gómez Leal no aparece hasta ahora en una imputación o sentencia que lo relacione directamente con los predios cateados en Reynosa durante 2026. Sin embargo, su nombre forma parte de una ruta periodística previa que reúne tres elementos relevantes: la relación que distintos medios atribuyen entre él y Luis Rivera, su trayectoria dentro de una empresa familiar dedicada al transporte y las publicaciones que lo han señalado alrededor del huachicol fiscal en las aduanas de Tamaulipas.
En octubre de 2021, la revista Proceso publicó que la Unidad de Inteligencia Financiera había denunciado ante el Ministerio Público federal a Luis Rivera, a quien describió como uno de los operadores de Gómez Leal. La publicación sostuvo que la UIF pretendía que se le imputaran delitos de contrabando documentado, defraudación fiscal equiparada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionados con el ingreso de gasolina declarada falsamente como lubricante para evitar el pago de impuestos.
El reportaje agregó que Rivera habría participado en la recaudación de sobornos en la aduana de Reynosa y presentó su caso como el primer avance de una investigación que alcanzaba a personal aduanal, actores políticos y funcionarios relacionados con programas federales en Tamaulipas. Medios estatales retomaron la publicación bajo encabezados como “Investiga UIF a operador de JR” y “Exhiben vínculos de JR Gómez Leal con huachicoleo fiscal”. Estas notas derivan de la información publicada originalmente por Proceso, por lo que no constituyen confirmaciones independientes.
La relación fue reiterada en 2026. En “Las extrañas prisas de Andy”, De Mauleón afirmó que Luis Rivera era el contacto mexicano de una red transfronteriza y lo describió como operador de José Ramón Gómez Leal, a quien atribuyó la función de enlace con actores políticos. En otra columna, “Sigue Tamaulipas”, sostuvo que investigaciones estadounidenses relacionaban al senador con el tráfico y almacenamiento de huachicol.
Otros portales han formulado acusaciones más directas. Punto por Punto publicó “José Ramón Gómez Leal, senador ‘Huachicolero’” y Periodistas Sin Censura retomó el mismo encabezado. Una publicación de Diario Basta! aseguró que existía registro de una reunión celebrada en marzo de 2023 en instalaciones de la Agencia Nacional de Aduanas de México entre José Ramón Gómez Leal, Luis Rivera Rodríguez y el funcionario Alex Tonatiuh Márquez Hernández.
A esa ruta de publicaciones se suma la trayectoria empresarial reconocida oficialmente por Gómez Leal. Su semblanza en el portal de Morena en el Senado señala que en 2001 se integró a la empresa familiar Grupo GOR, donde comenzó en los talleres de mantenimiento y en 2003 asumió la Gerencia de Logística. El Sistema de Información Legislativa también registra su experiencia como gerente de Logística de Grupo GOR. La propia compañía presenta a Autofletes Gómez Leal como parte de Grupo GOR.
El dato empresarial adquiere relevancia porque el libro Macro-criminalidad: complejidad y resiliencia de las redes criminales menciona a Transportes GOR dentro de la reconstrucción de una declaración rendida por Luis Ariel Rivera Rodríguez ante agentes de la DEA y del ICE. Según el relato reproducido, compañías que tenían contratos legítimos con Pemex recogían condensado en campos petroleros, pero presuntamente lo desviaban hacia depósitos distintos antes de simular su entrega. Entre las empresas mencionadas aparecen Inter Transport y Transportes GOR.
Ninguno de estos elementos demuestra que José Ramón Gómez Leal sea propietario de los predios cateados o responsable de los millones de litros asegurados en Reynosa durante 2026. Pero sí forman una línea de investigación: publicaciones nacionales lo relacionan desde 2021 con Luis Rivera; su trayectoria empresarial se desarrolló en una compañía logística familiar; el nombre GOR aparece en una reconstrucción histórica sobre desvío de condensado; y los principales cateos actuales ocurrieron en Reynosa, ciudad donde Gómez Leal nació y desarrolló buena parte de su actividad política y empresarial.
La documentación asegurada en los predios —cartas porte, facturas, contratos, placas, teléfonos, arrendamientos y movimientos financieros— permitiría confirmar o descartar cualquier conexión con Rivera, Grupo GOR o personas relacionadas con el entorno del senador. Hasta que esos documentos sean públicos, la posible relación debe presentarse como lo que es: una línea de investigación fundada en antecedentes periodísticos y empresariales, no una culpabilidad acreditada.
