Revelan pensiones de hasta 1.1 millones de pesos mensuales en empresas energéticas del Estado
Un listado difundido por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reveló que jubilados de empresas energéticas del Estado reciben pensiones mensuales que superan el millón de pesos, pagadas con recursos públicos.
La dependencia revisó registros de pensionados de instituciones como Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro —en liquidación—, así como de la banca de desarrollo, entre ellas Nacional Financiera, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banco Nacional de Comercio Exterior y el extinto Banco Nacional de Crédito Rural.
El reporte, con corte al 31 de diciembre de 2025, detectó pensiones consideradas “exorbitantes”, algunas incluso superiores al salario de la presidenta Claudia Sheinbaum. La publicación se realiza en cumplimiento del artículo 65 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Entre los montos más altos figura Carlos Arturo Sánchez Magaña, ex funcionario de Pemex, con una pensión de un millón 107 mil pesos mensuales. También destacan Jorge Evodio Chapa de la Torre con un millón 77 mil pesos, y Edgar Velázquez Butrón y Kenneth Sydney Smith Jacobo, ambos con un millón 37 mil pesos al mes.
En Pemex también aparecen Salvador Quero García con 987 mil pesos mensuales, además de Jorge Ernesto Moreno Tovar y Jorge Luis Talamantes Montoya con pensiones superiores a 970 mil pesos.
En la CFE, los montos más altos son menores: el ex dirigente sindical José Luis Lupercio Pérez percibe alrededor de 451 mil pesos mensuales. En contraste, en la banca de desarrollo las pensiones más elevadas se ubican entre 130 mil y 200 mil pesos.
La Secretaría señaló que detectó diferencias en la forma en que las instituciones reportan estos datos, por lo que busca homologar su publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia para fortalecer la rendición de cuentas y evidenciar los costos de antiguos esquemas laborales.
Además, destacó la reciente votación en el Senado para eliminar las llamadas “pensiones doradas”. No obstante, especialistas legales han advertido riesgos tras la reforma al artículo 127 constitucional, al considerar que podría vulnerar el principio de no retro
