
Durante la conferencia “Las mañaneras del pueblo”, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó desde Sinaloa que, tras el incremento de la violencia registrado en septiembre de 2024 por disputas entre grupos criminales, la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó un reforzamiento inmediato y sostenido de la presencia federal en la entidad.
El funcionario explicó que, desde el inicio de la administración, se amplió el despliegue coordinado de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, en coordinación con autoridades estatales.
Detalló que la estrategia se basa en tres ejes: reducir la incidencia delictiva, detener a los generadores de violencia y fortalecer las capacidades de investigación, inteligencia y prevención, incluyendo el fortalecimiento de la policía estatal, a la que se dotó de 100 patrullas y capacitación especializada por parte del Ejército.
Del 1 de octubre de 2024 al 15 de febrero de 2026, se logró la detención de 2,225 personas por delitos de alto impacto, el aseguramiento de 33 toneladas de droga, el desmantelamiento de 1,942 laboratorios de metanfetaminas y el decomiso de 4,850 armas de fuego —equivalentes al 20 por ciento del total nacional—, así como más de un millón de cartuchos y armamento de alto poder.
García Harfuch se refirió a casos relevantes como la privación de la libertad de trabajadores mineros en Concordia, el ataque contra diputados locales en Culiacán y el secuestro de seis personas en Mazatlán, en los que ya se registran detenciones y líneas de investigación abiertas para evitar la impunidad.
Entre las acciones recientes destacó detenciones en Badiraguato, Navolato, Cosalá y Mocorito, así como capturas de objetivos prioritarios con fines de extradición a Estados Unidos, algunos vinculados al Cártel de Sinaloa y buscados por agencias como el FBI.
Finalmente, subrayó que el Gabinete de Seguridad mantiene presencia permanente en el estado para supervisar directamente las operaciones, evaluar resultados y sostener diálogo con la población, con el compromiso de devolver la seguridad a las y los sinaloenses.



