Por Margil Zapata.
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El diputado y presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, afirmó que las resoluciones recientes del Poder Judicial confirman un cambio de fondo en la impartición de justicia en Tamaulipas y refuerzan el camino legal en los procesos que involucran al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
Durante la «Mañanera Legislativa» realizada la mañana de este martes en el Congreso local, Prieto Herrera fue cuestionado sobre la negativa de un juicio de amparo al exmandatario estatal y sobre la versión de una posible solicitud de extradición en su contra. Al respecto, sostuvo que en el pasado el Poder Judicial se encontraba corrompido y operaba mediante acuerdos con actores políticos poderosos, lo que frenaba procesos relevantes y generaba impunidad.
«Antes los procesos no avanzaban; hoy tenemos un nuevo Poder Judicial. Ya hay hechos, se está avanzando y hay resultados. Lo que queremos es que se haga justicia en Tamaulipas», expresó el legislador.
Prieto Herrera consideró que este nuevo contexto se ve reforzado con la reciente resolución del Tribunal de Disciplina Judicial Federal, que determinó la responsabilidad administrativa del entonces titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Reynosa, Juan Fernando Alvarado López. La sanción impuesta consistió en una inhabilitación temporal por un año para ejercer cargos públicos, tras acreditarse conductas graves como notorio descuido y falta de profesionalismo judicial.
De acuerdo con lo expuesto por el diputado, dicha resolución confirmó irregularidades en el manejo de incidentes de suspensión dentro de diversos juicios de amparo, en los que se emitieron acuerdos fuera del procedimiento legal y se vulneraron los principios de legalidad e imparcialidad. Señaló que estas actuaciones tuvieron impacto directo en asuntos de alto interés público, particularmente en recursos legales promovidos por el exgobernador para frenar acciones penales en su contra.
El presidente de la Junta de Gobierno subrayó que los señalamientos realizados desde el Congreso en su momento no obedecieron a una confrontación política con el Poder Judicial, sino a la defensa del Estado de Derecho y de la confianza ciudadana en las instituciones.
«La justicia no puede ser instrumento de poder ni de privilegios; debe ser una garantía de igualdad», sostuvo.
Finalmente, Prieto Herrera reiteró que el Congreso de Tamaulipas mantendrá una postura firme en la defensa de la legalidad y dará seguimiento a los procesos en curso, al considerar que la transformación institucional implica que la ley se aplique sin excepciones ni protecciones indebidas, y que la justicia alcance a todos por igual.
