De los juzgados a la factura electoral

Fuentes fidedignas. Por Isaías Álvarez

Yahleel Abdala ya no está discutiendo un expediente, está peleando su viabilidad política, y eso es peor. Porque aún si su defensa logra estirar el proceso, patear audiencias o judicializar cada tecnicismo, el daño electoral ya está hecho. En política, la percepción no espera sentencias. Y con miras al 2027, su nombre hoy aparece más asociado a juzgados que a las urnas.

Pensar en una candidatura a la alcaldía el año entrante, en este contexto, es francamente optimista. No solo por el estatus legal —que podría cerrarle formalmente el paso— sino porque su imagen quedó más erosionada de lo que ya estaba. Yahleel ya cargaba con un desgaste previo, y su situación actual no hizo más que profundizarlo. Nadie serio en el electorado compra la narrativa de la “diarrea estratégica” para evadir audiencias. Eso no genera empatía; genera burla. Y la burla, en campaña, es letal.

El problema de fondo es que el caso Abdala no es una anomalía ni un exceso de celo judicial, es un espejo. El delito que se le imputa no es exótico ni sofisticado: adjudicaciones directas, usado en su mayoría, como forma de pago político. Una práctica tan extendida que durante años se volvió costumbre en muchos gobiernos municipales. El compadre, el amigo, el proveedor “de confianza”, el financiador de campaña que después pasa a cobrar. Todos conocen el mecanismo, todos saben cómo funciona, y todos, en algún punto, han pasado por la caja del presupuesto público.

Por eso conviene ir con cuidado antes de gritar persecución política. Porque cuando el patrón se repite, la coartada se desgasta. Basta rascar un poco para que empiecen a aparecer nombres que hoy se sienten cómodos, intocables, convencidos de que nadie los está mirando. Pero la experiencia reciente demuestra que ese exceso de confianza suele ser el preludio del golpe. Primero llega la revisión administrativa, luego el expediente y finalmente el discurso victimista.

Mientras escribía estas líneas, me resultó inevitable pensar en otros actores que han normalizado esas prácticas y que tarde o temprano podrían verse en una situación similar. Miguel Ángel Almaraz es uno de esos nombres que aparece en la conversación. No como acusación directa, sino como advertencia. Porque cuando la voladora cae, casi nunca avisa. Y cuando cae, el discurso suele cambiar rápido: de “gestión eficiente” a “me quieren callar”.

Aún recuerdo que, en su primer día de gobierno, ya estaba anunciando -con maquinaria operando- la pavimentación de una calle, sin siquiera existir la primera sesión de cabildo de su periodo. Entiendo que para los ignorantes eso fue wow, que llegó jalando por el pueblo. Sin embargo, en la administración de los recursos municipales, todo lleva un proceso, pero el exconvicto cree que llegó a un nuevo negocio a hacer y deshacer a su antojo.

La época en la que las adjudicaciones directas se escondían bajo el tapete se está agotando. Y quien no lo entienda corre el riesgo de terminar como Yahleel: con expediente abierto, futuro político cerrado y credibilidad por los suelos. No se trata de una persona en específico, se trata de prácticas que ya no resisten el escrutinio público.

Al final, la lección es clara. La justicia puede tardar, enredarse y postergarse, pero la factura electoral no concede prórrogas. Llega antes, cobra completo y no acepta excusas. Y cuando eso ocurre, ya no hay tecnicismo legal que alcance para salvar una carrera política.