Alcaldesa de Uruapan denuncia a ex gobernador y legisladores por presunta autoría intelectual en homicidio de su esposo
La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado en contra del ex gobernador Leonel Godoy, el senador Raúl Morón Orozco y el ex alcalde Ignacio Campos, por su presunta relación con el homicidio de su esposo, el activista Carlos Manzo.
Acompañada por centenares de simpatizantes que se concentraron frente a la sede ministerial, la presidenta municipal exigió que la investigación no se limite a los autores materiales, sino que incorpore la responsabilidad política y una eventual autoría intelectual. “Que no quede de lado la línea política”, afirmó.
Quiroz sostuvo que el caso debe escalar a instancias federales para garantizar imparcialidad y evitar encubrimientos. En ese sentido, solicitó formalmente que la indagatoria sea atraída por autoridades federales encabezadas por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
La edil señaló que entregó a la Fiscalía videos grabados por la propia víctima antes de morir. En ese material, aseguró, Manzo advertía que, en caso de sufrir un atentado, responsabilizaba directamente a los tres políticos señalados. “Presenté las pruebas que el propio Manzo dejó en vida. No vengo a acusar por rumores, vengo a pedir que se investigue lo que él mismo dejó grabado”, declaró.
Durante la movilización, manifestantes exigieron justicia y acusaron protección política a los presuntos responsables. La alcaldesa rechazó que la denuncia tenga motivaciones electorales rumbo a 2027 y subrayó que se trata de una exigencia de justicia. “La Fiscalía ya tiene los elementos para llamar a declarar a quienes fueron señalados directamente”, expresó.
Quiroz añadió que los videos constituyen evidencia anticipada y no interpretaciones. “Carlos Manzo habló antes de morir y hoy el Estado debe escucharlo. No estamos construyendo una narrativa política; estamos entregando evidencia”, dijo, al insistir en que la investigación no puede cerrarse en los ejecutores materiales. “No sólo se mata con un arma, también se mata desde el poder. Si hubo omisiones o protección, también debe investigarse”.
El homicidio del activista ha provocado tensiones entre grupos políticos en Michoacán y abrió confrontaciones internas en Morena, mientras familiares y seguidores exigen indagar posibles autores intelectuales. La denuncia coloca por primera vez en la carpeta de investigación a figuras de alto perfil político, lo que podría escalar el caso a nivel federal si se acreditan elementos de responsabilidad.
“Por la dimensión del caso pedimos intervención federal. Queremos garantías de imparcialidad en la investigación; el país debe saber qué pasó realmente”, concluyó la alcaldesa.
