Especial, por Isaias Alvarez
Grupo Informativo Sentido Común / Tribuna Abierta
Enero 03 de 2026
Ciudad Victoria Tamaulipas.-Según un expediente judicial de la Corte del Distrito Sur de Nueva York citado por El Universal, las acusaciones que hoy sostiene Estados Unidos contra Nicolás Maduro no se sitúan en el presente de su mandato, sino entre 2003 y 2011, arco temporal que coincide con los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón en México, y con los años en que Francisco García Cabeza de Vaca se consolidó dentro de la élite del PAN. Mientras Washington sitúa ahí el auge de una presunta red criminal transnacional, el panismo mexicano maduró a uno de sus cuadros más visibles en la frontera norte, sin que esas operaciones, de existir como hoy se describen, fueran detectadas o interrumpidas.
EU sitúa operaciones de Maduro en México durante los gobiernos de Fox y Calderón
Según un expediente judicial de la Corte del Distrito Sur de Nueva York citado por El Universal, Estados Unidos sostiene que entre 2003 y 2011, Nicolás Maduro y su círculo cercano habrían operado de manera sostenida una red transnacional para el tráfico de cocaína, utilizando puertos, rutas internacionales y cobertura institucional. Ese arco temporal coincide con los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón en México.
El mismo expediente distingue un periodo específico dentro de ese marco general. De acuerdo con la acusación, entre 2006 y 2008, cuando Maduro se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, se habrían utilizado pasaportes diplomáticos venezolanos y cobertura oficial para mover recursos ilícitos desde México hacia Venezuela, facilitando vuelos privados y evitando inspecciones militares o policiales. La acusación no describe episodios aislados, sino mecanismos diferenciados dentro de una operación continua que, según Estados Unidos, atravesó administraciones y fronteras. Que ambos esquemas —el tráfico sostenido y el uso de instrumentos diplomáticos— hayan coexistido en el tiempo refuerza la interrogante central ¿cómo lograron permanecer invisibles e intactos durante tantos años?
Mientras tanto, la carrera de Cabeza de Vaca maduraba al interior del PAN
Entre 2003 y 2011, el mismo arco temporal en el que Estados Unidos ubica la operación sostenida de una presunta red criminal transnacional vinculada a Nicolás Maduro, Francisco García Cabeza de Vaca no era un actor secundario en la política mexicana. Por el contrario, esos años marcaron su consolidación dentro de la élite panista y su alineamiento con los liderazgos nacionales del partido que gobernaban México.
Desde el 2000, Cabeza de Vaca fungió como coordinador de la Organización Amigos de Fox A.C. en la Zona Norte de Tamaulipas y como integrante de su consejo estatal, participando activamente en la estructura política que llevó a Vicente Fox a la Presidencia. Ese mismo año fue electo diputado federal, desde donde ocupó cargos en comisiones estratégicas vinculadas a población, fronteras, asuntos migratorios y hacienda, áreas clave en la agenda del primer gobierno panista.
El respaldo a la dirigencia nacional del PAN se mantuvo durante el siguiente sexenio. En 2006, en plena contienda presidencial, Cabeza de Vaca fue coordinador de enlace entre los presidentes municipales y la campaña de Felipe Calderón, integrándose de lleno a la operación política del candidato panista. Tras la elección, su peso interno se reforzó: en 2007 asumió como diputado local plurinominal y coordinador de la bancada del PAN en Tamaulipas, y para 2009 ya era aspirante visible a la gubernatura, uno de los perfiles más fuertes del partido en el estado.
Ese ascenso se vio abruptamente contenido en 2010, cuando —como documentó la revista Proceso— el Comité Ejecutivo Nacional del PAN canceló su proceso interno para la gubernatura de Tamaulipas y optó por una designación directa, bajo el argumento de riesgos de infiltración del crimen organizado. El señalamiento nunca se personalizó ni derivó en acusaciones formales; sin embargo, el dato político es relevante: el principal contendiente desplazado era Cabeza de Vaca, estrechamente ligado a las estructuras que habían respaldado a Fox y Calderón.
En conjunto, los años en que Washington sitúa el auge de las presuntas operaciones criminales coinciden con el periodo en que el panismo formó, proyectó y respaldó a uno de sus cuadros más visibles en la frontera norte, quien apoyó activamente a ambos gobiernos panistas y más tarde sería senador y gobernador. La coincidencia temporal no establece responsabilidades, pero sí contextualiza el alineamiento político de quien hoy adopta el discurso más duro contra el chavismo, mientras aquellas operaciones —de existir como hoy se describen— avanzaban sin ruptura.
Tras la captura de Maduro, Cabeza de Vaca se suma a la narrativa de Washington
Este 3 de enero, el día en que Estados Unidos anunció la captura de Nicolás Maduro, Francisco García Cabeza de Vaca intensificó su actividad en redes sociales para respaldar la acción y compartir un boletín del PAN que condena la colusión entre Estado y crimen organizado. El posicionamiento lo alinea explícitamente con la narrativa de Washington. Sin embargo, como se señaló al inicio, las investigaciones estadounidenses sitúan los hechos más delicados no en el presente, sino en un periodo que coincide con los años de mayor ascenso político del exgobernador en la frontera norte.
Aunque el artículo de El Universal no profundiza en la mecánica territorial de los hechos, la acusación estadounidense es clara al situar entre 2006 y 2008 el uso de pasaportes diplomáticos y cobertura oficial para permitir el traslado de recursos ilícitos desde México en aviones privados sin inspección. En ese contexto, resulta razonable prever que las investigaciones se amplíen hacia los aeropuertos que reunían ciertas características operativas en esos años: perfil medio, aviación ejecutiva, baja visibilidad mediática y ubicación fronteriza.
El Aeropuerto Internacional General Lucio Blanco encaja en ese perfil operativo. Reportes corporativos del Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) documentan que en 2007 diez de sus trece aeropuertos registraron crecimientos superiores al 20%, destacando Reynosa como uno de los aeropuertos con mayor incremento en pasajeros nacionales, junto con Culiacán y Chihuahua. Ese mismo año, el grupo abrió 20 nuevas rutas nacionales, lo que confirma un entorno de mayor conectividad y movimiento aéreo. En paralelo, gacetas legislativas federales consignaron puntos de acuerdo y gestiones para fortalecer la infraestructura del aeropuerto reynosense, incluida la incorporación de sistemas de aterrizaje por instrumentos, evidenciando que se trataba de una terminal activa y bajo atención institucional, todo mientras Cabeza de Vaca fungía como alcalde de Reynosa.
Luego del crecimiento registrado en el Aeropuerto Internacional General Lucio Blanco, el antecedente político adquiere mayor relevancia. En 2010, como documentó la revista Proceso, reiteramos que el PAN canceló su elección interna para la gubernatura de Tamaulipas y optó por una designación directa, tras advertir riesgos de infiltración del crimen organizado en el proceso. El señalamiento fue público y explícito en cuanto al peligro, aunque sin personalizar responsabilidades. El dato político central es que el principal aspirante en ese momento era Francisco García Cabeza de Vaca, quien encabezaba la contienda interna y cuya aspiración fue frenada por esa decisión.
A partir de estos elementos del entorno fronterizo, los documentos públicos sitúan un periodo que coincidió con dos gobiernos panistas en México, durante el cual las presuntas redes criminales habrían operado casi una década sin rupturas visibles en territorios estratégicos como la frontera noreste.
En ese contexto, la intensa actividad en redes sociales y los posicionamientos públicos de actores políticos como Francisco García Cabeza de Vaca pueden interpretarse como intentos de fijar distancia y marcar postura frente a los hechos. Sin embargo, ese blindaje discursivo no altera los registros públicos ni reescribe las cronologías, y tampoco sustituye la posibilidad por parte de Estados Unidos de abrir una línea de investigación que comprenda el análisis de archivos, trayectorias e infraestructura correspondientes a los años en que se habrían desarrollado las operaciones hoy señaladas en torno a la detención de Nicolás Maduro.
