Govea Orozco, tiene perfil limpio, nada tuvo que ver en la suplantación y fuga del Zeta apodado “El Kelín”

EN PARTIDA DOBLE

Alejandro Mares Berrones

*Fue una cuestión política del gobierno panista de Fox, a través Rafael Macedo de la Concha, Procurador General de la República, quienes aprovecharon la corrupción interna de la PGR, para “salpicar” a Tomas Yarrington y pretender capturar a Osiel Cárdenas.

Rogelio González Pizaña, “El Z2” o “El Kelín”, fue detenido el 12 de septiembre de 2001, por elementos del Sector Naval en la Playa Bagdad de Matamoros, Tamaulipas, junto con dos mujeres, una camioneta RAM Durango, con placas de Texas, equipo de comunicación, armas, 48 mil 840 dólares, una báscula digital para el pesaje de cocaína, un sobre de la misma droga y una credencial de la Secretaría de Gobernación, que lo acreditaba como elemento de la PFP, misma que resultó ser falsa.

Los marinos consignaron a los detenidos ante el Ministerio Público Federal, ubicado en las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) delegación Matamoros, ubicada en calle Sexta e Iturbide, donde “El Kelín” estuvo detenido por algunas horas, hasta que fue intercambiado por un primo que se le parecía, es decir, suplantaron al narcotraficante por otra persona, para que este siguiera “zumbando” en las operaciones delictivas.

El coordinador de los Ministerios Públicos Federales de esa fecha, Juan Uriza Lara, en un principio se negó a tal acción virulenta y corrupta, pero fue citado en el restaurante “El Pueblito”, donde le dieron unas cachetas para que obedeciera y aceptara suplantar a “El Kelín” por otra persona. Se trataba de la ley del CDG, “plata o plomo”.

Así fue. Juan Uriza Lara, Gabino García Muciño, comandante de la Policía Judicial Federal y el Ministerio Público Federal, Almilkar García, no les quedó de otra, “se aventaron el tiro” e intercambiaron al peligroso zeta por un primo de este, muy parecido; pero el día 6 de febrero de 2002, les llegó la voladora a sus propias instalaciones y oficinas:

Un comando de élite de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO) y dos camiones del Ejército Mexicano con matrículas 7322271 y 7306271, arribaron con 50 soldados bien armados a la calle Sexta e Iturbide, acordonaron toda la manzana; a las 11:05 de la mañana llegan dos camionetas Pick Up con placas 7111102 y 7412131, de las que descienden agentes de Inteligencia Militar e ingresan a la PGR.

Desde que llegaron los militares, la primera acción que realizaron fue desarmar a los agentes policiacos, posteriormente cuando llegan los de Inteligencia, empiezan a pasar lista y a trepar a los camiones a los funcionarios de la PGR, agentes del ministerio público, secretarios y el comandante de la PJF y sus elementos; cargaron hasta con el que hacía el aseo; “los vamos a llevar a que rindan una declaración informativa”.

Para las 13:00 horas ya habían cargado con todos. Otro de los coordinadores de las Fiscalías Federales, José Francisco Carmona Reyes, solo balbuceaba: “Se los llevaron a la guarnición, a una audiencia”. Efectivamente, se los llevaron a las barracas de la zona militar, de allí a Monterrey y los aventaron a todos en un avión de la Fuerza Aérea, fueron a parar a la ciudad de México (D.F.).

Las investigaciones en torno a la suplantación de “El Kelín” continuaron, también detuvieron al médico legista de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, Florentino Pérez Charles, quien prestaba sus servicios a la PGR, porque existía un convenio de colaboración entre las dos procuradurías.

Pérez Charles, había dictaminado a “El Kelín” y a las mujeres que lo acompañaban cuando fue detenido, por lo que al médico también se lo llevaron, ya en el Juzgado, le pidieron que ratificara su dictamen que realizó el 12 de septiembre de 2001 y le dijeron: “queremos que vea unas fotografías y nos diga si son las personas que usted dictaminó”.

“Las muchachas sin son, pero el hombre tiene un lunar y una verruga en el pómulo izquierdo, les hice notar que si yo hubiera revisado a esa persona que tenía lunar o verruga, lo hubiera referido en el dictamen, era alguien que nunca había visto. Tenía inclusive la misma camisa que el otro señor. Yo nada más examine a estas personas y señale las fotografías que me mostraron”, declaró Pérez Charles, gracias a eso, no fue a parar a prisión y quedó en libertad.

Los operativos y cateos continuaron en Matamoros, la orden venía desde arriba, del mismo Rafael Macedo de la Concha, entonces Procurador General de la República, durante el gobierno panista de Vicente Fox Quezada, según ellos querían depurar la PGR y de paso capturar a Osiel Cárdenas Guillén, jefe del Cártel del Golfo.

Así que sin ninguna salvedad empezaron a “reventar casas” sin órdenes de cateo, querían relacionar a Osiel con el gobierno de Tomas Yarrington e incluso nunca se supo, donde quedaron cuatro maletas de dinero que contenían 4 millones 100 mil dólares, de una residencia que catearon en la calle Valle Colorado, donde presuntamente aseguraron una camioneta blindada, armas de grueso calibre y granadas de fragmentación, propiedad de una persona apodada “El Cacahuate”.

Fueron tantas las casas y residencias que reventaron en Matamoros con ese operativo, que todavía existen huellas de ello en colonias como la Doctores e Infonavit Buenavista, de todas estas ilegalidades que se anduvieron haciendo en Matamoros por parte de la UEDO y el Ejército, supuestamente en una de esas casas se encontró una lista con nombres de algunos agentes del Ministerio Público del Fuero Común.

El día 7 de febrero por la tarde, esos mismos agentes de la UEDO, sin notificarles alguna orden de aprehensión o de presentación, y de forma arbitraria, abusiva, detuvieron al agente primero, segundo y tercero del Ministerio Público Investigador del Fuero Común, Mario Erazo Berrones, Jesús Eduardo Govea Orozco y Pedro Cavazos Ramírez, todos, pertenecientes a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas (PGJE).

Jesús Eduardo Govea Orozco, titular de la agencia segunda, fue interceptado en las afueras del edificio de la Procuraduría, ubicada en la calle Gobernación y Avenida Lauro Villar, de allí se lo llevaron.

Días después, en un comunicado, la PGR informó que el miércoles 13 de febrero de 2002, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el estado de México, dentro de la causa penal 09/2002, decretó formal prisión contra:

Vladimir Alonso Hinojosa Chapa y/o Bladimir Alonso Hinojosa Chapa, Rubén Hernández Hernández, Pedro Cavazos Ramírez, Jesús Eduardo Govea Orozco, Mario Francisco Erazo Berrones, Juan Uriza Lara, Gabino García Muciño, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y contra la Salud en modalidad de colaboración al fomento de la comisión o ejecución de delitos contra la salud. 

La instrucción del gobierno de Fox, era que se “embarrara” a como diera lugar al gobierno de Tomas Yarrington con la delincuencia organizada, así que aprovecharon la corrupción hacia el interior de la propia PGR, para salpicar a los Ministerios Públicos del Fuero Común, pero en esa fecha se les vieron los “calzones” a la propia Procuraduría General de la República, pues mientras mandaban a prisión a los fiscales, secretarios, coordinadores y agentes de la PJF, a Armando Moreno García, entonces delegado estatal de la PGR en Tamaulipas lo cubrieron con el manto de la impunidad, quien presuntamente había presentado su renuncia un día antes del operativo realizado en Matamoros.

Todos los detenidos fueron enviados al penal de Almoloya. En el caso de los funcionarios de la PGR, estos habían suplantado e intercambiado a “El Kelín” por su primo; pero contra los fiscales del fuero común, no existían elementos para mantenerlos encerrados y se las vieron negras, el entonces Procurador de Justicia del Estado de Tamaulipas, Francisco Cayuela Villarreal se desmarcó de los detenidos y ante los medios de comunicación declaró:

“Tendrán que pagar ellos a sus abogados”, los dejó solos, aunque agregó que tanto Mario Erazo Berrones, Jesús Govea Orozco y Pedro Cavazos Ramírez, tenían sus expedientes limpios, “no tienen antecedentes con nosotros y nos extraña que haya sucedido eso”. Colegas abogados de los detenidos, empezaron aportar 200 pesos por quincena para apoyar a las familias de los fiscales estatales, a quienes ya se les había dictado Auto de Formal Prisión en el penal de Almoloya, solo porque supuestamente en una de las casas cateadas –sin orden de cateo- se encontró una lista con sus nombres.

Con coperacha y a como pudo la familia y amigos de los fiscales del fuero común que habían sido arbitrariamente encarcelados, contrataron los servicios del litigante Genaro Aguirre Cavazos, quien en ese entonces declaró a los medios de comunicación lo siguiente:

“Involucrar a los fiscales del fuero común con el crimen organizado y ser detenidos por el Ejército y la UEDO significa que esta acción evidentemente tiene tintes políticos que perjudican al gobierno del estado”.

EN CONTRAPARTIDA, lo anterior es el contexto, en torno a la figura política de Jesús Eduardo Govea Orozco, nuevo Fiscal General de Justicia del Estado de Tamaulipas, quien vivió en carne propia una procuración de justicia corrupta que lo mandó arbitrariamente a prisión, hasta que salió absuelto al igual que sus compañeros.

Sin embargo, a Govea Orozco, hoy le reviven ese episodio oscuro de su carrera judicial y tergiversan lo que en realidad ocurrió en ese entonces: un acto de corrupción netamente en la propia PGR, porque suplantaron a un peligroso narcotraficante por otra persona.

Govea Orozco tiene derecho al olvido, como muchas otras personas que han sido víctimas de poderes avasalladores y autoritarios, que injustamente han pisado la cárcel, sin embargo, sus enemigos políticos del pasado, no lo van a dejar y le van a estar sacando este abuso de autoridad en su agravio, precisamente de un gobierno panista que lo mandó a prisión.

Recientemente el nuevo Fiscal de Tamaulipas, fijo su posicionamiento, y entre lo más sobre saliente, dejó claro que sobre estos hechos ocurridos hace más de dos décadas, las acusaciones en su contra son calumnias y versiones falsas, tergiversadas:

“Nunca participé en la liberación de Rogelio González Pizaña, alias “El Kelín”. Fui detenido de manera ilegal y arbitraria; jamás existió evidencia en mi contra. El Poder Judicial Federal ordenó de manera firme mi libertad absoluta. Tras mi exoneración judicial, fui reinstalado plenamente en mis funciones. Fui absuelto de toda responsabilidad administrativa. Toda mi carrera ha sido resultado de méritos y evaluaciones permanentes. Siempre he cumplido de manera rigurosa con todos los controles de confianza y certificaciones. Las calumnias difundidas contradicen deliberadamente las resoluciones judiciales firmes. Mi compromiso profesional y personal es construir un mejor sistema de justicia. Nada ni nadie me desviará del deber que he asumido con Tamaulipas…

Quienes buscan manchar mi nombre lo hacen porque conocen la importancia de la responsabilidad que hoy desempeño. A todos ellos les reitero que no me van a intimidar ni a distraer. Mi vida profesional ha sido y seguirá siendo ejemplo de honestidad y servicio público. Mi labor estará guiada únicamente por la ley, la ética y el bienestar de las familias tamaulipecas”.

Sea como fuere, le recomendamos al licenciado Govea Orozco, que no se le vaya ocurrir pasar a Texas a comprar sus trajes, porque la Averiguación que dio origen al operativo del 6 y 7 de febrero de 2002, que en realidad buscaban detener a Osiel Cárdenas y por la que fueron detenidos las personas que ya he mencionado, se había iniciado varios años atrás de esta fecha, con la ayuda de testigos protegidos en San Antonio, Texas y en el propio expediente se mencionan varios nombres, pero ninguno de los tres fiscales del fuero común e incluso ni los federales que fueron encarcelados en esas fechas.

Además, la reciente embestida mediática contra el Fiscal General de Tamaulipas, vienen desde el sur de Texas, desde el exclusivo fraccionamiento Cimarrón de Mission; ya es un secreto abierto, que detrás de los ataques contra el gobierno de Américo Villarreal, están los cuernos de Cabeza de Vaca, quien está actuando como informante para vengarse políticamente  de su sucesor y ahora contra Govea Orozco, quien pretende llevarlo ante la justicia para que responda por todo el saqueo a las arcas públicas de Tamaulipas.

Dato adicional: días después del operativo que llevó a inocentes y culpables al penal de Almoloya, el funcionario que encabezó estos operativos en Matamoros, fue asesinado en el Distrito Federal, su vehículo recibió más de 80 impactos de bala.

Mario Roldán Quirinos, se desempeñaba como director general adjunto para asuntos especiales y/o relevantes de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Salud de la PGR. Tenía a cargo asuntos relacionados con los principales cárteles del narcotráfico y de sus numerosas células que operan en el país. Su último trabajo fue el que encabezó en Matamoros.