El Gobierno federal y los 32 Gobernadores aprobaron este jueves el Acuerdo Nacional contra la Extorsión, con el que se busca unificar la respuesta institucional frente al único delito de alto impacto que mantiene una tendencia al alza. La presentación de esta nueva etapa de la estrategia, vigente desde julio, se realizó durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública en Palacio Nacional.
“Somos conscientes que uno de los delitos que más preocupa a la población es la extorsión”, afirmó el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, al presentar los alcances del acuerdo. Explicó que las medidas incluyen la armonización de leyes estatales, la creación o fortalecimiento de unidades especializadas en fiscalías y la homologación de procedimientos mediante un manual nacional de actuación. Además, se reforzará la operación del 089 para mejorar la atención de denuncias.
Desde el arranque de la estrategia el 6 de julio, se han recibido más de 102 mil llamadas al 089 y se han detenido a más de 600 personas vinculadas con este delito en 22 entidades, detalló García Harfuch. Añadió que la coordinación entre Sedena, Marina, Guardia Nacional, FGR, el Centro Nacional de Inteligencia y autoridades estatales ha permitido más de 38 mil 700 detenciones por delitos de alto impacto en los primeros 14 meses del actual Gobierno, así como el aseguramiento de más de 20 mil armas y 311 toneladas de drogas.
El Consejo también revisó los avances en profesionalización policial, homologación de academias, certificación de áreas de inteligencia e investigación y la actualización de los lineamientos de los números de emergencia 911 y 089.
En materia de información, se presentaron nuevas metodologías del Sistema Nacional, incluida la medición diaria del homicidio doloso, la evaluación de la eficiencia ministerial y la incorporación de la Base Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Asimismo, fueron avalados los criterios de operación de los fondos federales dedicados a seguridad y justicia —FASP, FOPISP y FORTAMUN— con el propósito de fortalecer las capacidades estatales y ordenar la aplicación del gasto.
