Fuentes fidedignas. Por Isaias Alvarez
La ofensiva contra Humberto Prieto tiene menos de denuncia y más de reflejo condicionado. El PAN de Tamaulipas agitó la versión de una “nómina oculta” y la supuesta contratación ilegal de la esposa del presidente del Congreso con la misma técnica de siempre: convertir notas fabricadas por sus propios medios en “pruebas” de un delito inexistente. La acusación, expuesta sin rigor, se derrumba al primer contacto con los hechos: la contratación señalada ocurrió en la legislatura anterior y fue transparente, registrada y legal. Pero el cabecismo nunca ha tenido escrúpulos en producir escándalos a la carta cuando necesita desplazar el foco de lo verdaderamente importante.
Y lo esencial, esta vez, es la pieza que los descoloca: la revelación pública de los vínculos del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca con el huachicol fiscal. Las declaraciones de Prieto en la capital —ampliadas después con la aprobación del Congreso para solicitar la intervención de la FGR— tocaron un nervio expuesto. A eso se suma la denuncia penal que el diputado presentará en estos días contra el mismo exmandatario. El cabecismo reaccionó como suelen reaccionar los aparatos que se sienten amenazados. No desmintiendo, sino agrediendo; no aclarando, sino ensuciando.
Como si fuera poco, la bomba informativa de El Universal terminó de exponer el fondo del asunto. Cabeza de Vaca, prófugo político para unos y referente moral para otros, es custodiado por 36 policías estatales pagados con recursos públicos. La cifra es obscena: casi dos millones de pesos al mes, más de 63 millones en total desde septiembre de 2022, destinados a proteger a quien abandonó el estado y despacha desde la distancia. El contraste es grotesco. Un exgobernador que reclama persecución mientras el erario lo sostiene con una escolta que ni el actual gobernador carga. Un opositor que exige austeridad ajena mientras disfruta del privilegio que nunca predicó.
La estrategia de lodo contra Prieto se vuelve comprensible cuando se coloca sobre este contexto. No es una disputa ética, es una maniobra de contención. Una carrera contra el tiempo para sostener un relato que ya se desmorona. La acumulación de señalamientos contra Cabeza de Vaca —huachicol fiscal, extorsión, abusos de autoridad, redes de operación paralela— no es un inventario político, sino judicial. Y cada nueva pieza aumenta su aislamiento.
Mientras tanto, la 66 Legislatura trabaja con la discreción que a veces incomoda más que la estridencia. Certificaciones del PNUD, ISO 9001, INEGI y plataformas independientes la colocan entre las más productivas del país y a Humberto Prieto entre los legisladores mejor evaluados. Paradójicamente, es su desempeño el que lo convierte en blanco. Quien se mueve con solvencia amenaza al que sólo sobrevive por inercia.
La narrativa del cabecismo se sostiene, cada vez más, en la necesidad de fabricar culpables para distraer de un hecho incontestable: el pasado todavía pesa. Y pesa tanto, que para cargarlo necesitan 36 escoltas armados, 63 millones de pesos y una maquinaria de propaganda que produce escándalos a domicilio. Frente a eso, la crítica que hoy cae sobre Prieto no revela su debilidad, sino la desesperación de quienes detectan que el cerco judicial se estrecha. En política, la ferocidad ajena nunca es espontánea, es siempre la sombra del miedo. Y hoy, el miedo no está del lado del Congreso, está del lado de quien lleva tres años huyendo, rodeado de policías, y aun así presume que lo persiguen.
