Fuentes fidedignas. Por Isaías Alvarez
Como si se tratara de una tragicomedia escrita por la corrupción y actuada por la impunidad, el dirigente del Partido Verde en Tamaulipas, Manuel Muñoz Cano, decidió que su castigo por violencia política de género no debía ser un final, sino el principio de otro espectáculo.
Después de ser sancionado por el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) con una multa de $5,657 pesos y con su nombre inscrito en el Catálogo Nacional y Local de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres, Muñoz Cano hizo lo que mejor sabe hacer, intentar torcer la ley a su conveniencia.
Y para eso contrató a un personaje de su misma estirpe moral.
Su nuevo defensor se llama Jorge Adalberto Escudero Villa, un abogado potosino de mala fama, egresado de una universidad “abierta” y cesado en mayo de 2023 del gobierno de San Luis Potosí por el propio gobernador, Ricardo Gallardo, luego de que la Contraloría detectara un presunto desvío de recursos por 900 millones de pesos y el incremento de la deuda de pensiones de 1,196 a 3,600 millones.
Sí, el “jurista” que hundió las pensiones de miles de trabajadores ahora es el elegido por Muñoz Cano para “limpiar” su nombre.
Ironías del poder verde, se rodean de corruptos para defender corruptelas, y de misóginos para justificar misoginia.
En su impugnación ante el Tribunal Electoral de Tamaulipas (TRIELTAM), Muñoz Cano asegura que su expresión hacia la diputada Katalyna Méndez Cepeda —a quien llamó “la niña del Congreso”— no fue violencia política en razón de género, sino “libertad de expresión”.
Un argumento tan endeble como su liderazgo dentro del partido.
Como si la misoginia pudiera blanquearse con semántica. Como si el Tribunal fuera un club de indulgencias dispuesto a creer que menospreciar a una diputada por su condición de mujer es solo un malentendido gramatical.
Y, para coronar su cinismo, pide que sea la Comisión de Honor y Justicia del propio Partido Verde quien lo juzgue. O sea, su propio jurado, su propia sentencia y, claro, su propio perdón. El acusado convirtiéndose en juez, una vieja fórmula cabecista que el Verde ha reciclado.
Detrás de este episodio hay algo más profundo que una simple impugnación. El caso de Manuel Muñoz Cano revela lo que ya se sospechaba, que el Partido Verde Ecologista de México en Tamaulipas se ha convertido en un refugio de impunidad, de pactos entre corruptos y de simulaciones políticas con rostro de “alianza”.
Un club de intereses que se reparte poder, candidaturas y concesiones, mientras desde el discurso se venden como los nuevos apóstoles del equilibrio y la inclusión.
Pero lo cierto es que su dirigencia ya no se sostiene. Entre las denuncias, los silencios y los escándalos, el Verde tamaulipeco se está pudriendo desde adentro. Y cada intento por justificar lo injustificable —como esta absurda apelación— no hace más que acelerar su descomposición.
Cuando un partido necesita importar abogados corruptos para defender a misóginos locales, es señal inequívoca de que ya no tiene cuadros, ni ética, ni vergüenza.
