La defensa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, afirmó que confía plenamente en que este miércoles la Justicia mexicana le otorgará la libertad anticipada, al asegurar que el exfuncionario cumple “todos los requisitos” que establece la ley para acceder a este beneficio. Duarte, quien gobernó Veracruz entre 2010 y 2016, fue condenado a nueve años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, tras declararse culpable en 2018.
Antes de ingresar al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde se llevará a cabo la audiencia, el abogado del exgobernador, Pablo Campuzano, sostuvo que no existe “ninguna posibilidad” de que el tribunal rechace la petición. “Se cumplen todos los requisitos y están incorporados como prueba todos los documentos que así lo respaldan”, declaró ante los medios de comunicación. La defensa solicita que Duarte salga de prisión cinco meses antes de que concluya la pena, argumentando buena conducta y el cumplimiento de más del 70% de la condena impuesta.
La audiencia, que podría prolongarse por varias horas debido al número de testigos convocados, será encabezada por la magistrada Ángela Zamorano, del Centro de Justicia Penal Federal (CJPF). Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) se opone al otorgamiento de la libertad anticipada, alegando que la salida de Duarte podría entorpecer procesos judiciales aún pendientes. Pese a ello, Campuzano insistió en que no existe “riesgo” de que la jueza niegue el beneficio: “Ya cumplió con la condena que le fue impuesta y cumple con los beneficios que marca la ley”.
El abogado añadió que, por “ciertas cuestiones políticas”, no fue posible solicitar la libertad anticipada antes de este momento. En caso de que la jueza apruebe la petición, la salida de Duarte podría concretarse “en cuestión de horas”, una vez finalizados los trámites administrativos correspondientes.
Javier Duarte, quien militó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) hasta su expulsión, fue uno de los casos de corrupción más sonados de la última década. Se le acusó de desviar recursos públicos mediante empresas fantasma y prestanombres durante su gestión como gobernador. Las acusaciones llevaron al PRI a expulsarlo y emitir una disculpa pública, aunque para entonces el exmandatario ya había huido del país junto con su esposa.
En abril de 2017, Duarte fue detenido en Guatemala por la Interpol y la policía civil de ese país, y posteriormente extraditado a México en julio del mismo año. En septiembre de 2018, un juez federal lo sentenció a nueve años de prisión y al pago de una multa superior a 58.000 pesos, tras aceptar su responsabilidad en los delitos que se le imputaban. Ahora, a siete años de su captura, su defensa espera que la justicia federal determine si podrá abandonar el Reclusorio Norte antes de completar su condena.
