La Auditoría Superior de la Federación documentó una serie de fallas y presuntos desvíos en el manejo del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) en Tamaulipas durante el sexenio de Francisco García Cabeza de Vaca, donde se repitieron pagos sin respaldo, recursos sin ejercer y opacidad en la información financiera.
En la revisión correspondiente a 2017, la ASF exigió la devolución de 380.8 millones de pesos. La razón: se pagaron sueldos a trabajadores del sector salud que no se encontraban en su área laboral, además de remuneraciones ilegales y gasto carente de comprobación, lo que fue considerado un posible quebranto a la hacienda pública federal.
Un año después, el órgano fiscalizador volvió a emitir observaciones porque el gobierno estatal dejó sin utilizar 71 millones de pesos del fondo y reportó cifras distintas a las asentadas en los registros presupuestales. El reporte también advirtió violaciones a la normativa federal y a leyes de disciplina y coordinación fiscal.
En 2019 la situación no cambió. La ASF detectó irregularidades en el manejo de las cuentas bancarias donde se recibieron los recursos, inconsistencias en los saldos, pagos a personal sin estudios profesionales requeridos y uso de dinero público para compensaciones en unidades no autorizadas. Por estas anomalías se calculó un probable daño por 4.6 millones de pesos.
Para 2020, se volvieron a registrar pagos indebidos: 33 servidores públicos cobraron 12.6 millones de pesos sin que existiera documentación que garantizara su preparación académica. Además, para marzo de 2021 permanecían sin asignar 38.6 millones del fondo, y las fallas administrativas elevaron el daño estimado a 50.6 millones.
El ejercicio fiscal 2021 también cerró con observaciones, sumando 195.5 millones de pesos en gasto no justificado y pagos improcedentes relacionados con servicios personales.
Ya en 2022, la ASF encontró salarios otorgados a integrantes del personal médico con licencia y asignaciones en centros de trabajo sin relación con los fines del Fassa, sin que existieran motivos o documentos que lo respaldaran, afectando 2.3 millones de pesos.
De acuerdo con los reportes del órgano fiscalizador, las anomalías se mantuvieron durante los seis años: recursos sin destino claro, falta de transparencia, pagos ilegales y documentación inexistente, todo ello con repercusiones millonarias para el erario federal.
