El domingo le cortaron las alas en el Zócalo y lo metieron a la jaula, que en Tamaulipas cerraràn con candado electoral
Especial | Por Brenda Ramos e Isaias Alvarez
El pasado domingo, en pleno Zócalo, mientras la presidenta encabezaba su primer gran informe rodeada de leales y símbolos de continuidad, Manuel Velasco Coello, senador del PVEM y principal operador del “tucán”, fue relegado al corral junto a otras figuras venidas a menos como Adán Augusto, Gerardo Fernández Noroña y el mismísimo Andy Lòpez Beltran. A ninguno se le permitió acercarse al templete. Una postal brutal: la presidenta ya no está cómoda —y mucho menos contenta— con el Verde, ese partido que en Tamaulipas ha sido fuente de tensiones, caprichos, deslealtades y simulaciones, todo bajo el mando de Manuel Muñoz Cano y con el control absoluto de Maki Ortiz, quien lo secuestró para usarlo como vehículo personal de ambición hereditaria.
El mensaje desde Palacio fue claro: las jaulas ya están asignadas… y el Verde no tiene permiso para volar.
Se viene candado electoral para el Verde
Y al ver que la presidenta ya no quiere al tucán ni como mascota, en Tamaulipas se vislumbra que pronto le pondrán candados electorales a esa jaula de encierro que inició en el Zócalo. Porque lo que el Verde presentó hace unas semanas no fue una rueda de prensa cualquiera: fue un acto anticipado de campaña con todas sus letras y no será pasado por alto.
Desde los eslóganes, las propuestas personalizadas y los llamados indirectos al voto, hasta la presencia coordinada de operadores políticos y medios institucionales, el evento encabezado por Manuel Muñoz Cano, Maki Ortiz, Carlos Peña y Casandra de los Santos encaja con precisión quirúrgica en la definición establecida por el Artículo 3, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE): actos de expresión realizados fuera del periodo de campañas que soliciten apoyo para contender por una candidatura o para un partido político.
Y por si alguno quiere escudarse en que “solo hablaron de aspiraciones”, el Artículo 369 de la LGIPE es contundente: ni siquiera los aspirantes pueden promoverse de forma anticipada si incurren en actos que puedan considerarse de campaña. No hay ambigüedad legal.
Pero si se acredita que para dicho evento se usaron recursos públicos, como personal del municipio, vehículos oficiales, instalaciones gubernamentales o plataformas institucionales, entonces el escenario escala a terreno penal: el Artículo 11 Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece sanciones de 500 a 1,000 días de multa y de 4 a 9 años de prisión para todo servidor público que use fondos, programas o bienes del Estado con fines de posicionamiento político.
Candidaturas de Chocolate
Además de las sanciones que puede recibir el Partido Verde por actos anticipados de campaña, sus tres principales cartas en Tamaulipas —Maki Ortiz, Carlos Peña Ortiz y Casandra de los Santos— corren el riesgo de quedar anuladas para contender en las próximas elecciones.
El caso más grave es el de Maki Ortiz, quien no solo encabezó el evento adelantado, sino que acumula cinco sanciones firmes por violaciones a la ley electoral. La más reciente fue confirmada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que la inscribió de nuevo en el Catálogo de Sujetos Sancionados tras acreditarse que utilizó una estructura sindical para obtener ventaja política, violando directamente el principio de equidad. Esta reincidencia la perfila como inelegible, conforme al Artículo 458 de la LGIPE, que permite cancelar candidaturas cuando hay infracciones graves y reiteradas.
Pero la amenaza no termina con ella.
Carlos Peña Ortiz y Casandra de los Santos, quienes participaron activamente en la conferencia del Verde donde se les posicionó como candidatos de facto rumbo al 2027 y 2028, podrían ser también inhabilitados si se acredita que cometieron actos anticipados con dolo, al violar los tiempos establecidos por la ley. Incluso si no han sido sancionados previamente, el antecedente de una acción concertada, reiterada y con intención de influir en el electorado basta para activar procedimientos que concluyan en la pérdida de sus derechos político-electorales.
Ya hay precedentes federales. En 2021, cuando las llamadas “corcholatas” comenzaron a posicionarse, el Instituto Nacional Electoral abrió procedimientos por actos anticipados, incluso sin que existiera convocatoria formal. Y aunque algunas sanciones terminaron en simples amonestaciones, en otros casos —como el de Félix Salgado Macedonio y otros màs que fueron bajados de las boletas, sin importar si eran punteros o favoritos. No hace falta nombrarlos todos, porque ya vimos cómo se desplomaron candidaturas con solo una resolución firme del Tribunal.
Así que si el Verde creía que con movimientos mediáticos bastaba para retar los tiempos legales, hoy debe enfrentar la posibilidad real de que ninguno de sus tres perfiles estrella llegue a la boleta. Ni por Morena, ni por el Verde, ni por ningún partido.
Sin alas… ni registro, ni dinero
Con apenas el 5.7% de los votos en la elección presidencial en Tamaulipas, el Partido Verde Ecologista de México confirmó lo que ya era evidente: sin Morena como sombra, su fuerza es apenas simbólica. En Reynosa, la joya de la corona de Maki Ortiz, el Verde no superó el 12% con su candidata al Senado. En el distrito federal donde postularon a Casandra de los Santos, apenas superaron el 11%. Una derrota silenciosa, pero demoledora.
Además, perdieron su representación en el Congreso local, un golpe institucional que los deja sin voz en la tribuna estatal y sin posibilidad de negociación directa en el Legislativo. Y por si fuera poco, una de sus diputadas más visibles denunció públicamente a Manuel Muñoz Cano por violencia de género, exhibiendo el caos interno, la falta de liderazgo ético y el clima de hostigamiento que impera dentro del partido.
En política, los números no mienten: esos resultados colocan al partido en la cuerda floja para conservar el registro local y acceder al presupuesto público estatal. Según la legislación electoral de Tamaulipas, un partido político debe obtener al menos el 3% de la votación válida emitida en elecciones locales para conservar su registro; y aunque a nivel federal lo lograron con lo justo, su presencia en el estado está claramente erosionada.
Y si encima llegan sanciones por actos anticipados de campaña, o si alguno de sus perfiles estrella queda inhabilitado para contender, el daño podría ser irreversible. No solo perderían candidaturas, podrían quedar fuera del financiamiento público, sin prerrogativas, sin representación y sin voz. En pocas palabras, sin partido.
La solución parece obvia, aunque políticamente dolorosa: para que el Verde tenga alguna posibilidad de resucitar en Tamaulipas, tienen que quitar a Manuel Muñoz Cano de la dirigencia estatal. Mientras el partido siga capturado por el grupo de Maki Ortiz y su proyecto personal de sucesión, será visto como un vehículo faccioso, no como una fuerza real. Si quieren volver a volar, deberán abrir la jaula desde adentro… antes de que les pongan candado desde afuera.
