Fuentes fidedignas. Por Isaías Álvarez
En el sur de Texas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó sobre un caso que ya resuena en Tamaulipas: cinco residentes del Valle del Río Grande fueron acusados formalmente de fraude electrónico por presuntamente aprovecharse de los programas de ayuda creados durante la pandemia de COVID-19.
Entre los acusados se encuentra Bernardo Gómez Jr., regidor panista del Cabildo de Río Bravo; un funcionario activo en México que ahora enfrenta cargos en un tribunal federal norteamericano. En la misma acusación aparecen su esposa, Lesley Chávez, así como Sandra Pope Solis, Rolando Santiago Benítez y Edgar De La Garza, todos residentes del sur de Texas.
La acusación señala que, entre junio de 2020 y noviembre de 2021, los cinco habrían presentado solicitudes fraudulentas a los programas PPP y EIDL, diseñados para apoyar a pequeñas empresas. El documento judicial sostiene que habrían alterado o fabricado documentos fiscales y comerciales para inflar los montos aprobables. Una vez autorizados los préstamos, el dinero presuntamente se destinó a gastos personales y enriquecimiento propio, en lugar de cubrir nóminas o apoyar negocios en dificultades. El monto total señalado es de 685 mil 800 dólares (más de 11 millones de pesos). Si son declarados culpables, los cinco enfrentarán hasta 20 años de prisión y una posible multa máxima de 250.000 dólares.
El proceso judicial sigue en marcha, algunos ya comparecieron, otros tienen audiencias pendientes. Nadie ha sido declarado culpable, y en Estados Unidos la presunción de inocencia es un principio garantizado hasta que un tribunal emita sentencia. Sin embargo, el hecho de que un regidor tamaulipeco enfrente cargos en un tribunal federal coloca a Río Bravo en una situación política delicada. ¿Cómo impacta a la administración municipal que uno de sus integrantes y allegados al alcalde deba responder ante la justicia de otro país?
Medios como Telemundo retomaron la noticia, que corrió como reguero de pólvora hasta Río Bravo, donde el señalado funge como regidor. La versión judicial pronto se convirtió en tema político y social en el municipio, con ciudadanos atentos al desenlace del proceso.
Este caso se da, además, en medio de una ruptura entre el alcalde de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, y la familia Guajardo. El 2 de julio el cabildo difundió un video en el que anunciaron una investigación formal de un daño al municipio por casi 37 millones de pesos, monto derivado de impuestos federales que —según denunciaron— no se habrían pagado en dos administraciones: la de Juan Diego Guajardo Anzaldúa y la de Carlos Rafael Ulivarri López. En esa sesión, Bernardo Gómez, sobrino de Juan Diego, estuvo ausente. Los aludidos, Guajardo y Ulivarri reaccionaron de inmediato en redes sociales, sorprendidos porque habían apoyado a Almaraz en su ascenso; se defendieron con la cara de quien se siente traicionado, después de haber sido lanzados a la opinión pública con acusaciones de mala administración.
En ese clima político enrarecido, Almaraz también ha sido señalado por presuntamente buscar ventajas en la renovación de la dirigencia del PAN, entre rumores de que condicionaría su apoyo al “Truko” César Verástegui. El refrán aplica: cuando la perra es brava, hasta a los de casa muerde.
Otro ángulo es que en Estados Unidos la justicia no perdona, y si ‘Nayo’ llegara a sentirse traicionado podría comenzar a revelar secretos incómodos que conoce de la vida política local. En Río Bravo se comenta que un regidor con la espalda contra la pared puede hablar más de la cuenta, y eso preocupa tanto a aliados como a adversarios.
Además, este es un claro ejemplo de que el Gobierno norteamericano no pasa por alto situaciones ilegales, sin importar el cargo ni las conexiones políticas. El caso de Bernardo debería servir de advertencia a quienes en Río Bravo se sienten intocables y que siguen teniendo tufo a guachicol . El regidor, que llegó a codearse con el mayor de McAllen, Javier Villalobos, hoy se convierte en un problema político para su propio alcalde, quien paradójicamente parece el más satisfecho con el tropiezo de su subordinado, la caída de “Nayo” le despeja el camino para su reelección.
El proceso apenas comienza. Puede terminar en un acuerdo judicial o en sentencias largas. Pero la duda ya está sembrada en Río Bravo: ¿quién vigila a los vigilantes?, ¿qué tan sólido es un cabildo cuando uno de sus miembros enfrenta acusaciones de fraude millonario en otro país? La mira de Estados Unidos de América, ahora está en la ciudad de Río Bravo.
