Especial: Por Brenda Ramos
Una investigación de campo, archivos y registros hídricos revela cómo la familia Villafranca Jasso, respaldada por operadores del Partido Verde como la diputada Casandra de los Santos Flores y por el senador morenista José Ramón Gómez Leal —cuñado del exgobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, aliado político de la familia—, mantiene desde hace 16 años el control de un acuífero estratégico mientras miles de productores de sorgo protestan sin agua, sin precio y sin respaldo.
Bloqueos bajo sospecha: ¿protesta legítima o estrategia electoral?
Durante la primera semana de julio de 2025, mientras los agricultores de sorgo de Tamaulipas mantenían bloqueos en carreteras y puentes internacionales —incluido el cruce Reynosa-Pharr—, algunos sectores calificaron la movilización como una estrategia política más que una demanda genuina. Cientos de transportistas reportaron pérdidas millonarias, y diversos actores señalaron al Frente Estatal de Productores Agropecuarios de Tamaulipas (FEPAT), encabezado por Guillermo Aguilar Flores y su esposa Juana Elizabeth Espitia, como responsables directos de una acción de presión cuyo trasfondo excede las necesidades reales del campo.
Según testimonios recabados en redes sociales y medios locales, la diputada federal Casandra de los Santos Flores fue señalada como una de las principales impulsoras de estas acciones. Algunos transportistas entrevistados, que prefirieron mantener el anonimato por temor a represalias, así como líderes empresariales del sector logístico también señalaron, bajo reserva de identidad, que Casandra estaría “usando el conflicto para su propia proyección política”, sin asumir las consecuencias económicas que ello genera.
Silencio selectivo: el otro rostro del desabasto — y del discurso manipulador
En un boletín emitido desde San Lázaro, Casandra de los Santos Flores, diputada federal, alzó la voz por los productores del campo de Tamaulipas, urgiendo a la autoridad federal a atender la crisis agrícola, “siempre del lado del pueblo”. Declaró que el 80% de la producción de granos en el estado proviene de los agricultores que representa y destacó el liderazgo de Tamaulipas en la producción de sorgo rojo. “La gente del campo no está sola, el grupo parlamentario del Verde está con ellos y sus familias”, aseguró.
Pidió además a la SADER establecer precios de garantía de seis mil pesos por tonelada y exigió acciones inmediatas: “No hay tiempo que estudiar, hay que actuar”. Paradójicamente, en ese mismo boletín, mencionó que la producción de sorgo estaba en riesgo “ante la sequía y los altos costos de insumos para la siembra”. Pero aquí es donde el doble discurso queda al descubierto: mientras manipula la narrativa para posicionarse como defensora del campo, guarda silencio absoluto sobre un dato alarmante que este medio ha corroborado. Desde el 23 de diciembre de 2008, una sola familia —los Villafranca Jasso— cuenta con una concesión oficial (expediente 09TAM109284/25APDA14) que les permite extraer más de 100 mil metros cúbicos anuales del acuífero Aldama–Soto la Marina, uno de los más importantes de la región para el riego agrícola.
100 mil metros cúbicos y una familia intocable
Esta investigación documenta cómo una concesión de agua subterránea de más de 100 mil m³ anuales, otorgada en 2008, ha sido clave para sostener un emporio ganadero y político con ramificaciones en la SICT de Nuevo León, el Senado y la Cámara de Diputados, a través del Partido Verde.
De acuerdo con los documentos oficiales en poder de este medio, la concesión número 09TAM109284/25APDA14 —vigente desde el 23 de diciembre de 2008 hasta el 23 de diciembre de 2028— autoriza la extracción de aguas nacionales del acuífero Aldama–Soto la Marina con fines agrícolas. Esta concesión fue otorgada a nueve miembros de la familia Villafranca Jasso: Jorge Villafranca Jasso, Martha Idalia Villafranca Jasso, María del Carmen Villafranca Jasso, Dora Alicia Villafranca Jasso, Irene Villafranca Jasso, Ma. Hilda Villafranca Jasso, Rosa Elba Villafranca, Alfonso Villafranca Jasso y Romulo Villafranca Jasso.
El volumen concesionado, superior a los 100 mil metros cúbicos anuales, representa una cantidad significativa de agua subterránea en una región donde los productores agrícolas enfrentan recortes, sequías y restricciones hídricas. El acuífero Aldama–Soto la Marina abarca más de 9 mil km² en el oriente de Tamaulipas y es considerado una fuente vital para el riego agrícola, especialmente en los municipios de Aldama, Soto la Marina, San Fernando, Méndez, Burgos, Cruillas, San Nicolás, Abasolo, Jiménez y Padilla, que conforman el distrito 3 electoral federal, representado actualmente por la diputada Casandra de los Santos Flores.
La omisión no solo pone en duda la transparencia de su posicionamiento, sino que delata una narrativa construida para manipular al electorado mientras encubre, con su silencio, a quienes concentran el recurso que los productores verdaderamente necesitan: el agua.
Para algunos analistas consultados, esta omisión no es casual: los Villafranca están políticamente cercanos al círculo del senador JR Gómez Leal, así como al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Este contraste evidencia una brecha de poder que muchos en el norte del estado consideran no solo injusta, sino estructuralmente favorecida desde la política. Por lo que su silencio ante el acaparamiento del agua por 20 años a una sola familia y que esta sea cercana a sus aliados políticos, dibuja un perfil que dista del discurso que proyecta en tribuna.
Redes, pactos y padrinazgos: el entramado entre los Villafranca, Cabeza de Vaca y JR
La historia de la concesión de agua otorgada a los Villafranca Jasso no puede entenderse sin observar su evolución política. Jorge Villafranca Jasso presidió la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas (UGRT) por dos periodos consecutivos 2018 a 2020 y 2020 a 2022, periodo en el que Francisco García Cabeza de Vaca, era gobernador . Hoy, Villafranca Jasso continúa en el Consejo Directivo de la UGRT como cuarto vocal para el periodo 2025-2028.
Durante su etapa al frente de la UGRT, la organización gestionó millones en subsidios y programas federales y estatales, muchos de ellos relacionados con el uso del agua para ganado y riego, fortaleciendo su posición para acceder a beneficios como la concesión contenida en el expediente 09TAM109284/25APDA14.
La familia continúa escalando en el servicio público, como lo demuestra el ascenso de Jorge Villafranca Martínez —hijo del empresario— a la Dirección del Centro SICT en Nuevo León, nombramiento atribuido por voces de la opinión pública en Tamaulipas a gestiones del exgobernador y del entonces superdelegado y hoy senador José Ramón Gómez Leal.
A esta red de intereses se suma la coincidencia geográfica que inquieta: en Soto la Marina, justo donde la familia Villafranca posee su concesión de agua, se ubica también un rancho de más de 260 hectáreas valuado en más de 63 millones de pesos, vinculado a la familia de Francisco García Cabeza de Vaca, de acuerdo con información difundida por la UIF y retomada por Infobae. El rancho está registrado a nombre de una empresa familiar, lo que refuerza la sospecha de que las concesiones de agua y los intereses ganaderos no solo están territorialmente entrelazados, sino también políticamente protegidos.
Implicaciones legales en medio de una sequía histórica
Mientras las protestas colapsaban en el puente internacional Reynosa-Pharr y diversas carreteras del norte del estado, afectando a miles de transportistas y generando pérdidas económicas incalculables, autoridades estatales reconocieron que se preparan denuncias penales por los bloqueos, en tanto que se investiga el origen de las movilizaciones.
Por otra parte, el Código Penal Federal establece en su artículo 533 que toda persona que dañe, destruya u obstaculice vías generales de comunicación puede enfrentar penas de hasta 30 años de prisión, dependiendo de las consecuencias derivadas del acto. De confirmarse la participación activa o instigadora de figuras políticas en estos bloqueos, el caso podría escalar a nivel federal.
Por otro lado, la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento prevén que las concesiones de uso agrícola como la que poseen los Villafranca Jasso pueden durar hasta 30 años, con posibilidad de prórroga, siempre que no existan motivos de interés público para su cancelación. Entre estos motivos figura de manera destacada la declaratoria de emergencia hídrica regional, como la que hoy afecta a por lo menos 15 municipios tamaulipecos —entre ellos Camargo, Mier, Reynosa, Nuevo Laredo, San Fernando, Soto la Marina, Aldama, Méndez, Burgos y Cruillas—, donde la disponibilidad de agua es crítica y las lluvias han sido insuficientes para recuperar niveles de reserva.
Artículo 6. Compete al Ejecutivo Federal:
IV. Expedir por causas de utilidad pública o interés público, declaratorias de rescate, en materia de concesiones para la explotación, uso o aprovechamiento de Aguas Nacionales, de sus bienes públicos inherentes, en los términos establecidos en la Ley General de Bienes Nacionales;
Artículo 24
El término de la concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales no debe ser menor de cinco ni mayor de treinta años, de acuerdo con la prelación del uso específico del cual se trate, las prioridades de desarrollo, el beneficio social y el capital invertido o por invertir en forma comprobable en el aprovechamiento respectivo. En la duración de las concesiones y asignaciones, «la Autoridad del Agua» debe tomar en consideración las condiciones que guarde la fuente de suministro en cuanto a cantidad y calidad, la prelación de usos vigentes en la región que corresponda y las expectativas de crecimiento de dichos usos.
Artículo 29 BIS 4 (fracción XIX)
«Por hechos o actos supervenientes de interés público, general o social, o que causen algún tipo de desequilibrio económico, social, ambiental o de cualquier otra índole.»
A pesar de estos hechos, la diputada federal Casandra de los Santos no ha emitido ninguna exigencia pública para revisar las concesiones activas en su propio distrito, ni ha solicitado a la Conagua una evaluación de uso eficiente del recurso. Su silencio ante este marco legal refuerza la percepción de una protección institucional hacia los beneficiarios o su total ineficiencia para conocer la problemática de su distrito 3.
¿Y ahora qué? Las preguntas que secan el campo
El historial político de Casandra de los Santos Flores alimenta la sospecha de que es capaz de orquestar maniobras de presión social con fines políticos, ocultando intereses privados detrás de demandas públicas legítimas. Durante su periodo como diputada local, la exlegisladora panista Nancy Ruiz Martínez la acusó públicamente de recibir “60 mil pesos al mes del PAN”, un señalamiento que quedó grabado en video y que jamás fue aclarado de manera formal. Esta escena —replicada ampliamente en medios y redes sociales— reforzó una imagen de opacidad que persiste hasta hoy. Sumado a esto, Casandra ha sido denunciada por agresiones a periodistas. Estos antecedentes perfilan a una figura política con historial de confrontación y posibles conflictos de interés no resueltos.
Con este contexto —que incluye bloqueos que han generado pérdidas millonarias y afectaciones directas a miles de transportistas y ciudadanos—, ¿la diputada Casandra de los Santos enfrentará una investigación formal por su presunta participación como instigadora de estos actos, considerados por diversos sectores empresariales y ciudadanos como presión política que raya en la extorsión?
¿Qué consecuencias traerá esto para el Partido Verde Ecologista en Tamaulipas, sabiendo que su marca está representada y encabezada por figuras como Manuel Muñoz Cano —actual dirigente estatal—, y por legisladoras como Maki Ortiz y la propia Casandra de los Santos, siendo que, todos son aliados políticos y actores clave del mismo grupo?
¿Puede considerarse legalmente revocable la concesión de agua de los Villafranca Jasso dada la emergencia hídrica en la región? ¿Están usando ese recurso con eficiencia? ¿Lo están utilizando solo para fines agrícolas o hay desvíos hacia intereses ganaderos o electorales?
¿Se está usando el agua como herramienta de control político en programas como Sembrando Vida, donde el senador José Ramón Gómez Leal aparece activamente en municipios bajo sequía promocionándolo? ¿Podría estar condicionando apoyos hídricos a cambio de votos o de lealtades políticas rumbo al 2028?
¿Los agricultores que protestan saben que, mientras claman por apoyo, sus líderes guardan silencio ante el control concentrado del agua? ¿Y la Conagua? ¿Alguien está dispuesto a ponerle nombre y apellido al abuso?
Estas preguntas no son solo el cierre de una investigación. Son el inicio de la segunda parte.
