Sin Filtros; por Brenda Ramos
• Congreso de Tamaulipas rechaza replicar leyes que penalizan la crítica en redes sociales.
• En otros estados, ciudadanos y periodistas enfrentan sanciones por ejercer su derecho a opinar.
• El contraste evidencia una pregunta clave: ¿la libertad de expresión es igual para todos en México?
En la reciente sesión del Congreso del Estado de Tamaulipas, celebrada en el marco de lo que ya se conoce como la «mañanera legislativa», los diputados abordaron una serie de reformas relevantes en materia de derechos humanos, educación y seguridad. Pero entre los temas destacados, hubo una declaración particularmente significativa: la posición firme del Congreso local en defensa de la libertad de expresión.
El diputado Humberto Prieto, al ser cuestionado por la prensa sobre la ley recientemente aprobada en Puebla que sanciona expresiones en redes sociales, dejó en claro que en Tamaulipas no se ha recibido ninguna iniciativa similar. Y fue categórico al subrayar: «hemos sido a favor de la libertad de expresión desde que está nuestro gobierno humanista». No obstante, matizó su postura con una advertencia: «El problema es cuando la libertad se convierte en libertinaje».
Esa distinción entre libertad y libertinaje no es menor. En un contexto nacional donde el uso de herramientas legales para castigar opiniones críticas se ha vuelto cada vez más común, resulta fundamental reconocer la importancia de congresos locales que se pronuncian a favor de proteger los derechos fundamentales.
Lamentablemente, no todos los estados del país siguen esa línea. En Puebla, se aprobó recientemente una reforma al Código Penal que establece penas de hasta tres años de prisión por insultos reiterados en redes sociales. La llamada «Ley Mordaza» ha sido duramente criticada por organizaciones defensoras de la libertad de expresión como Artículo 19 y la CNDH, que advierten su potencial para criminalizar la crítica legítima.
A esto se suma el caso de Campeche, donde la gobernadora Layda Sansores ha promovido acciones legales contra periodistas y exdirectores de medios por presunta incitación al odio, con consecuencias que incluyen multas e inhabilitaciones. Y en Sonora, una ciudadana común, Karla Estrella, fue sancionada con disculpas públicas, multa y registro en el INE por un comentario en redes sobre una diputada.
Tampoco escapan al escrutinio figuras públicas de alto perfil. Recientemente, Beatriz Gutiérrez Müller escribió un mensaje en redes sociales para felicitar a Claudia Sheinbaum por su cumpleaños. En ese mensaje incluyó una frase que llamó la atención: «que la inteligencia, que no le sobra, siga siendo su guía». El comentario generó múltiples reacciones y fue interpretado por algunos como un agravio velado. Esto abre una serie de preguntas necesarias: ¿qué pasaría si una ciudadana común hubiese escrito algo similar sobre una figura pública?, ¿habría sido sancionada por violencia simbólica o política de género?, ¿por qué quienes han exigido castigos contra periodistas y ciudadanos críticos no han pedido al Tribunal Electoral actuar también en este caso? ¿O acaso esas normas sólo se aplican para quienes no están en el poder?
En contraste, el Congreso de Tamaulipas se posiciona como un referente de mesura y respeto a las libertades. Al mismo tiempo que legisla en favor de la inclusión digital, la igualdad de género y la protección infantil, también deja claro que la crítica no debe ser perseguida. Defender la libertad de expresión, con sus matices y límites, es también una forma de fortalecer la democracia. Y eso, en los tiempos que corren, es digno de reconocerse.
