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Puebla y Campeche: doble arremetida en contra de la libertad de expresión

Por: Vicente Hernández

“El gusano barrenador a ustedes de Morena, les barreno la ética”
«Lily Téllez»

Dos nuevos casos de atentados en contra de la libertad de expresión se dieron en estos días, uno en el estado de Campeche, y uno mas en el estado de Puebla, los dos curiosamente por gobernadores emanados de Morena, cuyo líder fundador no se canso de repetir durante todo su sexenio: “No somos iguales” en clara referencia a los anteriores gobiernos priistas y panistas que gobernaron México, y quizás tenga razón porque efectivamente no son iguales ¡Son mucho peores!

Como dijo el descuartizador: “vamos por partes” hace unos días el Congreso de Puebla acaba de aprobar una reforma al Código Penal que criminaliza y censura ciertas libertades, en caso especifico la libertad de expresión, ya que la aprobación de esta reforma al Código Penal, para agregar el Artículo 480, tipifica como delito el “ciberasedio” y castiga con hasta 3 años de cárcel las ofensas en redes sociales, este decreto ya fue publicado el pasado 13 de junio en el Periódico Oficial del Gobierno de Puebla y establece: “Comete el delito de ciberasedio, quien a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional”.

De acuerdo con este artículo 480 del Código Penal de Puebla, se establece que quienes cometan ciberasedio serán sancionados con una pena de 11 meses a 3 años de prisión, así como una multa económica de cincuenta a trescientos días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el momento de la comisión del delito, o sea lo que equivale hasta este 2025, a 33 mil 942 pesos mexicanos, pero además de tipificar como delito el “ciberasedio” castiga con hasta 3 años de cárcel las ofensas en redes sociales.

Por su parte el gobernador Alejandro Armenta pidió al Congreso local revisar la llamada Ley de Ciberseguridad en materia de ciberacoso, esto a pesar que está Ley ya fue publicada en el Periódico Oficial y se trata de limpiar la cara declarando: “No me siento monarca, no me siento virrey, no soy un señor feudal, soy un ciudadano, mandatado por la población, que tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley, tengan la plena certeza de que, así como vigilamos y protegemos a los niños, a las mujeres, a las madres buscadoras… con ese mismo rigor defendería de cualquier acto que violentara el derecho a las libertades que ustedes tienen” – En referencia a los medios informativos

Ante la inminente aprobación de esta llamada “Ley Mordaza” se pronunciaron en su contra organizaciones como Articulo 19, Sociedad Civil México y los partidos políticos PRI, PAN y MC, quienes acusaron y criticaron que la citada ley es muy ambigua, y podría ser perjudicial para victimas que deseen denunciar en redes sociales cualquier abuso de funcionarios de gobierno, e incluso ser utilizada para censurar activistas de los derechos humanos y críticos del gobierno.

El otro caso de acoso periodístico, se dio en el estado de Campeche, donde un día sí y otro también, la gobernadora Layda Sansores agrede a los medios de comunicación que no son afines a su gobierno, donde Jorge Luis González Valdez, exdirector del Diario Tribuna y periodista jubilado, fue detenido violentamente el pasado 9 de abril, luego de que la gobernadora Layda Sansores, lo acusara de “incitar al odio y violencia”, además de ser esposado, golpeado y llevado ante la Fiscalía, le pidieron 2 millones de pesos de indemnización, le prohibieron ejercer su profesión durante dos años, y le “cerraron” su plataforma digital, la cual negó que estuviera activa, además están por embargarle su casa como garantía de los dos millones de pesos que le impusieron por haber causado “daño moral” a la gobernadora Layda.

Ni en los peores momentos del priiato, se le prohibió a un periodista ejercer su profesión, menos aun multarlo con dos millones de pesos por “daño moral” aun cuando la susodicha gobernadora no tiene ni pizca de moral, y quien ha demostrado una total intolerancia ante cualquier crítica, o información negativa sobre su administración de parte de algún medio de informativo, so pena de ser encarcelado, golpeado y aparte ser multado con millonaria suma, y en riesgo de también perder su patrimonio familiar, ahora sí que con Layda Sansores y Alejandro Armenta se confirma el dicho popular de: “Dios los hace, y Morena los junta”.

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