Montajes y silencio: la otra tragedia del Grupo Fugitivo

Fuentes fidedignas. Por: Isaías Álvarez

Era una noche en Reynosa cuando la tragedia se encarnó en cinco jóvenes que habían elegido la música como refugio, no la violencia. Los integrantes del Grupo Fugitivo desaparecieron el 25 de mayo tras tocar en un bar local. El escenario del segundo evento, en la colonia Riberas del Río, resultó ser una trampa mortal. Desde entonces, la incertidumbre, la rabia y el miedo han dominado cada rincón de sus hogares.

Pero si la desaparición fue un golpe brutal, la respuesta de la Fiscalía de Tamaulipas fue una bofetada doble. En vez de esclarecer, oscurecieron; en vez de proteger, violentaron. Denunciaron un puñado de familias de los detenidos, que, en un intento por aplacar el escándalo mediático y presentar resultados rápidos, la Fiscalía -aún bajo la sombra del cabecismo- irrumpió en hogares, sacó a hombres con violencia y los presentó como presuntos responsables del crimen. Hombres que se dedicaban a la elaboración de ladrillos, otros taxistas y hasta mecánicos se llevaron para la foto.

Familiares de los detenidos afirman que todo fue un montaje: sus parientes fueron privados de la libertad sin orden judicial, sin evidencia contundente y sin el debido proceso. En redes sociales y medios alternativos, circulan testimonios que describen cateos sin mandamientos, golpes, amenazas, e incluso desapariciones momentáneas. La Fiscalía, en vez de investigar con pulcritud, recurrió a la vieja receta del chivo expiatorio.

El caso, lejos de cerrarse, sigue abierto en la opinión pública. Los cuerpos hallados calcinados no han sido identificados oficialmente con pruebas de ADN concluyentes. Las familias de los músicos mantienen la esperanza -o la negación desesperada- de que sus hijos no estén entre los restos. “Hasta que no nos den pruebas, seguiremos buscándolos vivos”, claman entre sollozos.

A la Fiscalía tamaulipeca no le bastó con la ineficiencia; también mostró arrogancia. Su vocería ha evitado responder preguntas clave y su narrativa oficial se tambalea ante cada nueva revelación. La administración actual, heredera del cabecismo que manipuló la seguridad pública como botín político, carece de credibilidad y de oficio.

El caso tuvo que ser retomado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno Federal, encabezada por Omar García Harfuch. La intervención federal no fue un gesto de solidaridad: fue un acto de urgencia ante una Fiscalía local colapsada, inoperante, y posiblemente corrompida.

La narrativa oficial tropieza con sus propias inconsistencias. Un sobreviviente, Carlos González, miembro del grupo que llegó tarde a la cita, fue quien encendió la alarma. Él asegura que el lugar del evento estaba completamente desierto, como si todo hubiera sido premeditado. Sin embargo, el vacío informativo y la opacidad de la Fiscalía siguen alimentando teorías que van desde un simple ajuste de cuentas hasta una emboscada planeada desde estructuras de poder cómplices.

Hoy, en Tamaulipas, la justicia no canta, guarda silencio. Y ese silencio es una forma de violencia. El caso del Grupo Fugitivo representa la suma de todas las fallas: la inseguridad, la complicidad de autoridades, y la tragedia humana de un país donde hacer música también puede costar la vida.

No basta con detener a tres presuntos ni con conferencias que no sirven para nada. El pueblo tamaulipeco, y sobre todo las familias de los jóvenes, merecen la verdad. Merecen justicia sin montajes ni simulaciones. Y merecen una Fiscalía que no actúe como brazo del miedo, sino como garante de la ley ¿Cuántas carpetas de investigación tendrá la Fiscalía detenidas? Cientos.

Desafortunadamente para las familias de los músicos, el tema mediático se desvió por las elecciones del pasado domingo ¿Tendrá este caso una resolución que le haga justicia a los familiares o quedará como una cifra mas entre los miles de desaparecidos en el país?