Por Redacción Sentido Común.
Ciudad de México.– El Gobierno federal defendió este viernes la nueva reforma laboral dirigida a trabajadores de plataformas digitales como repartidores y conductores, al considerar que se trata de una medida “histórica” que beneficiará a más de 700 mil personas con acceso a seguridad social y derechos laborales.
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que esta reforma fue producto de un amplio proceso de diálogo con las principales empresas del sector, y anunció que a partir del 1 de julio iniciará un periodo de prueba piloto de seis meses para aplicar los cambios de forma gradual.
“Es un acuerdo de consenso con las empresas. Aunque al inicio hubo resistencia, poco a poco se convencieron de la importancia de otorgar derechos laborales. El periodo piloto servirá para ajustar y evaluar el modelo antes de su aplicación plena en enero de 2026”, explicó Sheinbaum.
El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños, aseguró que esta reforma coloca a México como pionero en el reconocimiento de derechos laborales para trabajadores de plataformas digitales.
“Por primera vez, estos trabajadores tendrán acceso a seguridad social, sin importar su nivel de ingreso. Quienes ganen al menos un salario mínimo mensual tendrán acceso completo al IMSS”, informó Bolaños. Agregó que la reforma incluye beneficios como seguro por riesgos de trabajo, enfermedades, maternidad, cesantía, invalidez, guarderías, prestaciones sociales y créditos Infonavit.
La regulación también establece nuevas reglas para el funcionamiento de las plataformas digitales: no podrán cobrar por el uso de la aplicación, deberán hacer comprensibles los algoritmos, evitar la desconexión injustificada, y contar con protocolos de atención humana frente a quejas, acoso o hostigamiento.
Los lineamientos oficiales serán publicados la próxima semana en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y el aseguramiento obligatorio ante el IMSS iniciará el 1 de julio, junto con el periodo piloto que concluirá el 31 de diciembre de este año.
Según el Gobierno, esta reforma busca garantizar derechos laborales sin afectar la flexibilidad de los trabajadores, quienes seguirán teniendo libertad para decidir cómo, cuándo y cuánto trabajar.
