Sin Filtros; por Brenda Ramos
El 1 de junio los mexicanos salieron a votar, pero el 2 arrancó el proceso final que definirá las elecciones: el que se libra en tribunales. El PRI anunció que impugnará la elección judicial; Morena, los resultados en Durango. En México, el sufragio es solo la mitad del proceso. La otra se resuelve con abogados, alegatos… y sentencias.
En Tamaulipas, los resultados de la elección no tardarán en sentirse. Quienes fueron seleccionados para integrar el nuevo Poder Judicial deberán resolver amparos, denuncias de corrupción y juicios políticos, justo en un estado con expedientes abiertos, auditorías inconclusas y procesos pendientes. Sus decisiones impactarán directamente en el panorama político: hay funcionarios en activo y exservidores públicos con cuentas por aclarar, y su situación legal pesará rumbo a las elecciones de 2027… y hasta en la disputa por la gubernatura.
Dichos jueces ya comienzan a perfilarse. Hugo Aguilar Ortiz, abogado mixteco, suena como presidente del máximo tribunal. Junto a él, figuras como Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz —todas cercanas al oficialismo— completan una alineación que no solo impartirá justicia, sino que marcará el rumbo político y jurídico del país en los próximos años.
¿Y qué dice la oposición? Alejandro Moreno y Marko Cortés ya anticipan una batalla legal: han advertido que impugnarán los resultados de la elección judicial y buscarán su anulación.
Pero ¿Qué necesitarían para lograrlo?
Primero, presentar una acción de inconstitucionalidad. Legalmente, tendrían que reunir al menos el 33% de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso, es decir, contar con el apoyo de al menos 11 senadores o 165 diputados. Y hoy por hoy, no los tienen. Por eso necesitarían buscar aliados: gobiernos estatales inconformes, colegios de abogados, universidades o ciudadanos que promuevan amparos. Algunos especialistas sostienen que, si se prueban fallas graves en el proceso, la Corte podría invalidarlo todo. El dilema es evidente: sería esa misma Corte —electa por ese mecanismo— la que tendría que juzgarse a sí misma.
Ahora bien, no solo la elección judicial podría definirse en juzgados, Luisa Alcalde ya declaró que MORENA impugnará en Durango, pues el mismo 1 de junio también hubo elecciones municipales en Durango y Veracruz, en la que, se eligieron más de 300 ayuntamientos, entre ellos capitales estratégicas.
En Veracruz, Morena obtuvo 112 alcaldías, pero perdió plazas clave como Poza Rica, Orizaba y Boca del Río. Movimiento Ciudadano irrumpió con 41 municipios, mientras PAN y PRI se mantuvieron, sin gran avance.
En Durango, la alianza PAN-PRI ganó la capital y otros 19 municipios. Morena retuvo Gómez Palacio, pero cedió Lerdo. Movimiento Ciudadano volvió a posicionarse fuerte, alcanzando el segundo lugar en la capital. Ambas elecciones estuvieron marcadas por violencia: seis municipios bajo fuego, dos candidatos asesinados y es bajo ese argumento que impugnarán.
Y hablando de violencia, en Reynosa, los ecos del caso “Fugitivo” siguen retumbando. Este lunes se dio a conocer por el Gabinete de Seguridad Nacional que tres hombres fueron detenidos por el asesinato de cinco músicos. Uno de ellos, señalado como autor intelectual, mientras que los familiares siguen rechazando la versión oficial de la Fiscalía de Tamaulipas.
La desconfianza de las familias no sorprende, si el sistema de justicia apenas está cambiando de rostro… ¿Podrán los nuevos miembros del Poder Judicial dar la talla en el caso Fugitivo, o en tantos otros que siguen pendientes en Reynosa?
Tienen todo un reto, pues, la ciudad es tan complicada que como ya mencionamos, el propio Gabinete de Seguridad Nacional tuvo que intervenir, resultando en que Omar García Harfuch ya no le quitará los ojos de encima a la ciudad, pues en esta frontera se acumulan auditorías sin cerrar, contratos bajo sospecha… y un conflicto mayor: la situación legal del actual alcalde y su padre.
Ambos han logrado evadir a la justicia mediante una veintena de amparos. No olvidemos que también estará en manos de los nuevos jueces desentramar ese cúmulo de recursos y denuncias que rodea al alcalde de Reynosa y a su padre. Y no es todo: deberán encargarse, además, de otros expedientes igual de complejos que llevan tiempo esperando resolución. Todo esto, mientras cargan con la presión de defender la legalidad de la elección que los puso en el cargo.
Aún así, el pueblo les demandará no tener margen de error, pues decidieron postularse, conocían los retos, sabían el trabajo que venía y aún impugnados, el país los estará observando y presionando, pero Tamaulipas —y especialmente Reynosa— será su primera gran prueba.
