Por Redacción Sentido Común.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) revisar una denuncia presentada contra ocho aspirantes a cargos judiciales, acusados de tener presuntos vínculos con el crimen organizado. La Sala Superior determinó que el INE debe pronunciarse sobre la elegibilidad de los candidatos, tras detectar errores en el procesamiento de la queja.
A propuesta de la magistrada Mónica Soto, se resolvió que la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE envió indebidamente la denuncia a la Dirección Jurídica y esta, a su vez, a la Sala Superior como medio de impugnación, lo cual fue calificado como un procedimiento incorrecto.
La denuncia, presentada el pasado 30 de abril por ciudadanos y organizaciones civiles, sostiene que los candidatos no cumplen con el requisito constitucional de buena reputación, al estar presuntamente ligados con organizaciones delictivas. Los denunciantes solicitaron la cancelación del registro de las candidaturas, basándose en el artículo 38 de la Constitución.
Los nombres mencionados en la resolución del TEPJF incluyen a Francisco Herrera Franco, aspirante a juez penal federal en Michoacán, señalado por supuestos vínculos con bandas criminales que habrían atacado a periodistas, así como a otros siete aspirantes: Madián Sinaí Menchaca Sierra, Karina Sánchez, Eluzai Rafael, Job Daniel Wong Ibarra, Cesiah Keren León Rocha, Betzabeth Almazán Morales y Cinthia Guadalupe Teniente Mendoza. A estos se les relaciona con Naasón Joaquín García, exlíder de la Iglesia de la Luz del Mundo.
Aunque originalmente se denunciaron a 11 candidatos, tres de ellos —Jesús Humberto Padilla Briones, Fernando Escamilla Villarreal y Andrés Montoya García— no fueron incluidos en la sentencia actual.
La Sala Superior acordó por unanimidad remitir los escritos al Consejo General del INE, sin fijar un plazo específico, para que determine si procede o no la cancelación de los registros, en el marco de sus facultades legales.
Este miércoles, el tribunal analizará otro proyecto relacionado con uno de los candidatos, Francisco Herrera Franco. En dicho proyecto, el magistrado Felipe de la Mata propone desechar una nueva queja contra él, argumentando falta de fundamentos legales para iniciar un procedimiento especial sancionador.
El caso refleja el creciente escrutinio sobre la elección judicial y la importancia de garantizar que los aspirantes cumplan con los estándares éticos y legales establecidos en la normativa electoral.
