Por Redacción Sentido Común.
El próximo 1 de junio, México llevará a cabo un proceso inédito para elegir a casi 900 jueces federales y cientos más en 19 estados mediante voto popular, una reforma que, según expertos y medios internacionales, pone en riesgo la independencia judicial y abre la puerta al crimen organizado.
El diario británico Financial Times advirtió que esta medida, impulsada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y apoyada por la actual presidenta Claudia Sheinbaum, rompe con tres décadas de experiencia judicial y podría afectar la confianza de inversionistas, quienes temen que el gobierno gane cualquier caso legal, afectando la seguridad jurídica en el país.
Antes, los aspirantes a jueces debían contar con años de experiencia dentro del sistema y aprobar rigurosos exámenes, pero ahora solo se exige título en derecho y cinco años de experiencia. Además, la mayoría de los candidatos fueron seleccionados por el partido gobernante, Morena, sin financiamiento público ni privado, y algunos están abiertamente ligados a este partido.
Expertos como Luis Carlos Ugalde, ex director del Instituto Federal Electoral, advierten que la reforma podría «domesticar y controlar» el Poder Judicial, mientras que académicos señalan que este sistema es «disfuncional» y representa un terreno fértil para la infiltración del crimen organizado.
La participación electoral se estima entre 8% y 15%, muy por debajo del 60% registrado en las elecciones presidenciales recientes, y muchos votantes desconocen el propósito de esta elección.
En el contexto de tensiones internacionales y amenazas del gobierno estadounidense, la reforma judicial mexicana genera preocupación sobre su impacto en la inversión extranjera y la estabilidad institucional. Autoridades y legisladores de EE.UU. han expresado su inquietud sobre la erosión de la independencia judicial en México, advirtiendo sobre las posibles repercusiones económicas y de seguridad.
