Fuentes fidedignas. Por: Isaías Álvarez
La reforma judicial que propone la elección de jueces y magistrados ha provocado un sismo en el debate público. En redes sociales, la discusión está encendida, hay quienes aplauden la idea como un acto democratizador y otros que temen por la politización de la justicia. Lo cierto es que, por primera vez en mucho tiempo, la ciudadanía se siente incluida en un tema que antes parecía reservado a las élites.
Y es que lo que está en juego no es cualquier cosa. En Tamaulipas, por ejemplo, se ha documentado una red de jueces y magistrados que actuaron como una cofradía al servicio del exgobernador prófugo Francisco García Cabeza de Vaca. La denuncia no vino de un activista ni de un opositor político, sino del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. Una denuncia formal, con nombres, apellidos y expedientes.
Durante años, Cabeza de Vaca operó protegido por el sistema judicial. Incluso fuera del cargo, conservó una escolta de casi 40 elementos, pagada con dinero público. ¿Quién lo permitió? Jueces como Faustino Gutiérrez Pérez y Juan Fernando Alvarado López, quienes intervinieron con amparos que no protegían derechos humanos, sino el privilegio de un político señalado por corrupción y nexos criminales.
Pero no son los únicos. El presidente del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas, Mauricio Fernández de la Mora, también ha sido mencionado. Y en un escenario que raya en lo grotesco, la jueza Carmen Ávila —esposa del juez Gutiérrez Pérez— fue designada como su sustituta tras su suspensión. Es decir, una red judicial, familiar y política, diseñada no para impartir justicia, sino para proveer de impunidad.
Con este contexto, ¿cómo no entender el clamor por un cambio? Las redes sociales no solo replican indignación, también exigen soluciones. Muchos ciudadanos ven en la elección directa de jueces una forma de romper con ese entramado de complicidades. Otros, con razón, advierten los riesgos: desinformación, campañas manipuladas, o la llegada de jueces populistas sin preparación.
Pero más riesgoso que probar una alternativa imperfecta, es quedarnos con un modelo donde los jueces actúan como abogados de los poderosos y la justicia se negocia a puerta cerrada. Gran parte de la ciudadanía ha despertado, ya no quiere jueces que se heredan el poder como si fuera un feudo, ni magistrados que blindan criminales con papel membretado.
La reforma judicial no es un tema técnico. Es una cuestión de fondo. ¿Queremos que la justicia sea un derecho o un negocio? ¿Seguiremos permitiendo que quienes deberían castigar el abuso, sean cómplices de los abusadores? La elección de jueces puede no ser la solución perfecta, pero es, hoy, la última llamada para rescatar la justicia de quienes la han secuestrado.
