Por Redacción Sentido Común
Ciudad de México.– La propuesta de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LMTR), impulsada por el Gobierno Federal, ha generado una fuerte inquietud en diversos sectores legislativos por su posible impacto en el cumplimiento del T-MEC, el funcionamiento de plataformas digitales y la autonomía de los órganos reguladores del sector.
De acuerdo con los primeros análisis realizados por las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, la iniciativa plantea riesgos estructurales que podrían vulnerar compromisos internacionales y principios constitucionales establecidos en la reforma de 2013.
La bancada panista advirtió sobre una posible transgresión al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), particularmente al artículo 18.17, que estipula la existencia de una autoridad independiente encargada de imponer regulación asimétrica a proveedores preponderantes en telecomunicaciones. Este organismo, subraya el tratado, debe operar sin injerencia directa o indirecta del gobierno ni tener intereses financieros u operativos en las empresas reguladas.
Por su parte, el PRI expresó su preocupación por el artículo 109 del capítulo dedicado a las plataformas digitales, que otorga a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones la facultad de bloquear temporalmente estas plataformas sin necesidad de una orden judicial. «Esto deja la puerta abierta a bloqueos arbitrarios, incluyendo servicios como Uber o Netflix», alertó el coordinador tricolor, Manuel Añorve.
Movimiento Ciudadano centró su crítica en la eliminación de la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), sustituyéndolo por una dependencia del Ejecutivo Federal. «Esto contradice la Constitución y compromete la imparcialidad regulatoria», advirtieron. Además, señalaron que la nueva ley permite al Ejecutivo asignar concesiones sin licitación bajo criterios de seguridad o interés público, debilitando los procedimientos técnicos y transparentes que hoy rigen.
La LMTR también propone un nuevo modelo para las concesiones sociales, incluyendo las comunitarias, indígenas y afromexicanas, con enfoque de igualdad de género, pero sin el respaldo técnico del IFT, lo que genera dudas sobre su implementación justa y equitativa.
Finalmente, la iniciativa se enmarca dentro de un contexto más amplio de reforma institucional. En febrero, el vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, propuso la creación de la Agencia Nacional para la Competencia y Bienestar Económico, un nuevo ente que asumiría las funciones tanto de la Cofece como del IFT, centralizando el control regulador en una sola entidad dependiente del Ejecutivo.
Legisladores de oposición advierten que esta concentración de funciones y eliminación de órganos autónomos representa un retroceso en materia de independencia regulatoria y un riesgo para los compromisos internacionales asumidos por México.
